Detectan posible detrimento en obras

Después de 30 meses aún no terminan los trabajos en el edificio de la Contraloria Distrital. La Auditoría General de la República halló millonario sobrecosto.

Que existen “altos indicios” de sobrecostos en los contratos celebrados para el reforzamiento estructural del edificio donde funcionaba la Contraloría Distrital, que el posible detrimento es de $1.075 millones y que, además, se habría registrado una pérdida adicional de recursos por cuenta de otras obras millonarias que el organismo de control contrató paralelamente para el inmueble. Esas son las principales conclusiones del informe definitivo de auditoría especial que acaba de terminar la Auditoría General de la República y que da inicio formal a un proceso de responsabilidad fiscal en contra del ordenador del gasto de esa entidad.

La historia se remonta al 24 de mayo de 2008, día en que en el centro del país se presentó un sismo que dejó una única construcción afectada en la capital: el edificio de la Lotería de Bogotá (en la carrera 32A Nº 26A-10), copropiedad de la Contraloría Distrital, de la Lotería y del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, que tuvo que ser desocupado para adelantar trabajos de reparación que, supuestamente, durarían apenas dos años, pero aún continúan.

Allí laboraban los cerca de 500 empleados con los que cuenta la Contraloría Distrital, entonces en cabeza del destituido, inhabilitado para ejercer cargos públicos y encarcelado Miguel Ángel Moralesrussi, uno de los primeros descabezados por la justicia dentro del escándalo del llamado cartel de la contratación en el Distrito. El exfuncionario decidió que se mudaran todos a otro edificio al norte de la ciudad, mientras se realizaban las obras de adecuación en el inmueble averiado.

Los trabajos arrancaron en octubre de 2008 y para ello la administración del inmueble contrató cuatro firmas  distintas: la Unión Temporal Estructura y Acabados, el Consorcio Concitec-Civilo, Electro Construcciones y Civilo & Compañía Ltda. Según el informe de 25 páginas firmado por el auditor general de la República, Iván Darío Gómez Lee, y conocido por El Espectador, al parecer algunos materiales de obra tuvieron valores mucho mayores a los precios promedio del mercado y a los costos determinados por expertos de la Universidad Nacional, que en 2007 fueron contratados para realizar en consultoría el estudio de la vulnerabilidad sísmica y reforzamiento del edificio de la Contraloría, lo que incrementó el monto del negocio en algunos casos hasta en un 123% (ver infografía).

Del posible detrimento de más de $1.000 millones, $583 millones corresponderían a la Contraloría como copropietaria del 52,47% de la construcción.

Puntualmente, el documento se refiere a los precios “del acero de refuerzo, del desmonte del cielorraso, de la demolición y reposición de placa de contrapiso”, como aquellos en los que se habría presentado un mayor valor respecto de los costos que sugirió la Universidad Nacional.

Pero además, el auditor general detalla cómo entre noviembre y diciembre de 2008 la Contraloría suscribió cuatro contratos adicionales por $522 millones para adecuar y remodelar algunas instalaciones del organismo de control, a pesar de haber autorizado y pagado una cuota extraordinaria para el reforzamiento estructural de todo el edificio. En concepto de la Auditoría General, “se evidenció que las obras de adecuación (…) sufrieron afectación como resultado de los contratos para el reforzamiento estructural”. Es decir, que unas obras terminaron afectando las otras. Sin embargo, advierte el informe, el valor de ese otro presunto detrimento no es posible cuantificarlo hasta tanto no se realice la entrega oficial del inmueble.

En su defensa, en audiencia de contradicción el pasado 30 de marzo en la Auditoría General, los representantes de la Contraloría usaron como argumento un documento suscrito a título personal por el ingeniero Mario Camilo Torres Suárez, líder del equipo que realizó el estudio de vulnerabilidad sísmica del edificio Lotería de Bogotá, presentado por la Universidad Nacional, quien manifiesta que el presupuesto presentado por esa institución en su consultoría “no corresponde a precios del mercado”.

Sin embargo, el auditor general considera que la comunicación del ingeniero Torres no representa la posición de la Universidad Nacional, que fue el contratista al que se le encargó la consultoría, y por tanto no considera válido el argumento de la Contraloría Distrital.

En todo caso, será la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Auditoría General de la República la que, luego de estudiar el informe del auditor, determine si hubo o no detrimento en estas otras polémicas obras (que tendrían que entregarse este mes). Los investigadores tardaron dos meses estudiando los contratos de la Contraloría Distrital, en donde dicen que todo se hizo con apego a las normas. Como sea, se trata de un lunar más en la entidad que debería velar por los intereses de la ciudad en materia fiscal.

Al respecto, el auditor Iván Darío Gómez Lee se limitó a expresar: “Estoy apesadumbrado de que la capital, que requiere tanta gerencia pública, esté ante este escenario tan lamentable”.

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