Divorcio de colombianos en el exterior

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia en Colombia para homologar los fallos de divorcio decretados por otro Estado. El demandante debe cumplir rigurosos requisitos legales para obtener dicho reconocimiento.

Cuando la relación de pareja se ve profundamente afectada por diversos conflictos, muchas veces esa unión culmina con la separación definitiva. Entonces, el paso a seguir, si la pareja contrajo matrimonio, es el divorcio. Pero, ¿qué ocurre cuando los cónyuges han fijado su residencia en un país diferente a Colombia y deben divorciarse en el exterior? ¿Cómo hacer para que ese divorcio tenga efectos legales en Colombia?

En este caso, independientemente de que hayan contraído nupcias en Colombia o en el extranjero, los cónyuges pueden divorciarse en el país donde viven, y para que esa decisión tenga validez ante las autoridades de nuestro país, el cónyuge interesado debe otorgar poder a un abogado especializado en derecho de familia, para que a través suyo efectúe un trámite denominado exequátur, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

La jurista Jimena Cardona advierte que es pertinente que el matrimonio celebrado en el exterior esté registrado ante el cónsul general de Colombia en el respectivo país y, posteriormente, se haga la anotación respectiva en el registro civil de nacimiento del cónyuge nacido o nacionalizado en Colombia.

La legislación colombiana exige que, previo al trámite de exequátur, la sentencia de divorcio esté debidamente ejecutoriada, es decir, que no pueda ser objeto de recurso alguno para buscar su nulidad, y que esté generando plenos efectos jurídicos.

Aclara la especialista que la sentencia de divorcio emanada de un juez extranjero puede ser fruto de una demanda por parte de uno de los cónyuges, o de un acuerdo común entre la pareja, pero avalado por un juez extranjero.

Efectuado el divorcio en el exterior, por lo general es el cónyuge colombiano el interesado en que el cambio de su estado civil sea reconocido por la ley colombiana. Así, por intermedio de un apoderado, debe presentar la solicitud de exequátur ante la Corte Suprema de Justicia.

Serán los magistrados de la Sala Civil del máximo organismo de la justicia ordinaria quienes determinen si la petición cumple con los requisitos antes anotados (registro del matrimonio y sentencia de divorcio debidamente ejecutoriada, entre otras exigencias legales). En este caso, admite la demanda, si es del caso le corre traslado al Ministerio Público para que se pronuncie frente a la petición, y convoca al proceso al otro cónyuge, a través de un edicto publicado en un medio masivo de comunicación escrito.

Además, durante el proceso el cónyuge interesado deberá probar si entre el Estado colombiano y el Estado donde se efectuó el divorcio existe la denominada reciprocidad diplomática o, a falta de aquella, reciprocidad legislativa.

La abogada Cardona, citando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, explica que “en Colombia se reconoce vigencia y ejecutabilidad a las decisiones, sentencias y laudos proferidos en otros países, a condición de que en el Estado originario de la providencia se otorgue igual fuerza a aquellas proferidas por los jueces colombianos, bien sea en virtud de instrumentos internacionales, tratados y convenciones, sistema conocido como de reciprocidad diplomática, o ya, en defecto de aquél, mediante la verificación de que la ley del país fuente de la sentencia otorga a los fallos colombianos iguales efectos en claro desarrollo del principio de reciprocidad legislativa”.

En cuanto a la reciprocidad diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores informará a la Corte si existe un tratado con el Estado de cuyo juez provenga la sentencia. Si hay una respuesta positiva y si la petición de exequátur reúne todos los requisitos legales, la Corte procederá a reconocer la sentencia extranjera de divorcio y ordenará la inscripción de la providencia junto con la sentencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio, como en el de nacimiento de los interesados.

Si la respuesta de la Cancillería fuere negativa, le corresponderá al cónyuge demandante demostrar la existencia de la reciprocidad legislativa entre los dos Estados, caso en el cual debe allegar al expediente la documentación idónea, con la traducción oficial de la misma, si fuere el caso.

“Es en este punto donde las demandas pueden fracasar, ya que algunos abogados olvidan el término o el plazo de 10 días para hacer llegar la documentación con traducción oficial de las normas, cuando es el caso, y debidamente autenticada por la autoridad del Estado respectivo”, dice Cardona.

Ya lo ha dicho la Corte Suprema: “En materia de exequátur, quien propugna por obtenerlo debe demostrar que se cumplen todas y cada una de las condiciones requeridas para el efecto y, por consiguiente, una actitud pasiva o una actividad deficiente en ese sentido genera, sin más, la negación de la solicitud, sin perjuicio, claro está, de que se pueda acudir mediante nueva demanda que sea plenamente satisfactoria a provocar el reconocimiento de la sentencia extranjera”.

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