Dos caras de la salud

Acerca de la reforma a la salud, que fue sancionada en enero pasado, hay diferencias en si el sistema lo debe manejar el Estado o los privados.

Los problemas financieros del sistema de salud, la corrupción, los recobros de medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), la crisis en la red pública hospitalaria y la inversión de los presupuestos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en centros educativos y hasta en hoteles, fueron temas que volvieron a salir a flote en el debate de control político que hicieron ayer las comisiones séptimas del Senado y la Cámara. Allí quedó sobre el tapete la ineficacia que existe en el aparato estatal en materia de regulación, vigilancia y control del sistema de salud en Colombia, así como la ‘ventajosa’ posición en que se encuentran las EPS con el modelo actual.

Para el representante Simón Gaviria el problema de fondo tiene que ver con la posición dominante de las EPS y la integración vertical que hoy permite la ley. Esto implica la posibilidad de que estas empresas, además de recibir dinero del Gobierno por el número de afiliados con base en la UPC (Unidad de Pago por Capitación), sean dueñas de los hospitales e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Además, agregó que con el tema de SaludCoop quedó en evidencia lo difícil que es hacer seguimiento al dinero de la salud, “cuando tengo una fuente de ingresos que es el número de afiliados, otras que son las utilidades por negocios conexos (IPS, hospitales y centros de salud, entre otros), eso es una caja única que no permite identificar en qué se invierte el dinero y el presupuesto destinado a los pacientes es dirigido a otros gastos, haciendo de la salud un negocio millonario”.

Otros legisladores, que defienden el sistema actual, afirman que en la reforma a la salud de 2011 se establecieron mecanismos para regular el funcionamiento, pero criticaron la tardanza del Gobierno para reglamentarla.

Según el senador Fernando Tamayo, quien fue ponente de la reforma, lo importante es tener información clara, y añadió: “La Ley 1438 establece un control a los excesivos costos de los recobros, mecanismos para vigilar el valor de los medicamentos, instrumentos de control y sanción a las EPS, eficacia en los mecanismos en el régimen subsidiado y fortalecimiento de información”.

Ante esta crítica el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, dijo que ya han hecho reglamentaciones importantes de la ley en temas como el giro directo, control de precios de medicamentos, y van hacia delante con todas las reglamentaciones relacionadas con temas de calidad, de flujos de recursos, de inspección, vigilancia y control. “Tenemos plazo hasta el 1° de diciembre para definir por completo el modelo de salud”, sostuvo.

La senadora Dilian Francisca Toro planteó la necesidad de nombrar una comisión de congresistas que haga seguimiento a la reglamentación. No es la única tarea pendiente. Buena parte de la Ley 1122 y otras de las reformas que se hicieron al sistema de salud en 2007 también están en el limbo, pues muchos de sus artículos no han sido reglamentados.

Pero quizá lo más urgente para muchos es la actualización del POS. Después de casi una década, sigue pareciendo una tarea imposible y es la raíz de gran parte de los males que aquejan al sistema. Aunque la Comisión de Regulación en Salud (CRES) contrató un estudio con la Universidad Nacional por más de $1.500 millones para definir una metodología y ampliar el plan de beneficios, la verdad es que hasta ahora tan sólo cuatro medicamentos han sido añadidos a la lista en la que, por otro lado, siguen vigentes procedimientos y fármacos considerados obsoletos por la medicina actual.

En conclusión, hay dos posiciones sobre el sistema de salud en Colombia. Mientras algunos consideran que con la aplicación de la reforma es suficiente para salir de la crisis, otros plantean que es necesario que el Estado recupere la posición dominante, para que la atención médica no se constituya en un negocio.

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