Educación: un deber del Estado

SEGÚN CIFRAS DEL MINISTERIO DE Educación, en los últimos diez años cerca de tres millones 600 mil estudiantes de bachillerato no lograron ingresar a la universidad pública por falta de cupos.

Esto significa que quienes no podían pagar una educación privada, tuvieron que salir del colegio hacia el mercado laboral. Y ello a pesar de las deficiencias en su capacitación. Cada año que no obtuvieron en educación superior les costó, en promedio, 14% menos en su ingreso. Un duro golpe tanto para los proyectos de vida de estos bachilleres, como para la productividad y la cohesión del país, pues con la pérdida de capital humano no sólo se pierde potencial de crecimiento sino que se agrietan las relaciones sociales y la participación política. La movilidad social, en un país funcional, no puede ser un imposible,  menos aún cuando ni siquiera los mínimos son garantizados. De aquí el consenso sobre la necesidad de hacer que el acceso a la educación superior no sea un gran privilegio.

A este acuerdo sobre la oferta —que, por lo demás, no puede ser compensada sumando programas sin registro calificado del Sena para inflar las estadísticas, como se pretendió durante la administración Uribe— se suma el consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad: cada día la universidad pública es menos capaz de competirle a la privada. En este punto, es importante reconocerlo, la culpa es compartida: si bien es cierto que desde 1992 los ingresos de las 32 universidades estatales del país han estado amarrados al crecimiento del IPC —que es sostenido pero modesto, como no lo son los gastos—, también lo es que el manejo de las universidades públicas ha sido tradicionalmente burocrático e ineficiente, al punto que un estudiante de la Universidad Nacional le cuesta el doble al erario público que un estudiante de la Universidad de los Andes a su institución. Esto se debe, en buena parte, a que los miembros de las instituciones públicas creen que no es su deber dar resultados claros, que su trabajo es meritorio per se.

En buena hora llega entonces la propuesta del Gobierno para mejorar la rendición de cuentas de la universidad pública. E igual ocurre con la idea de trasladarle parte de su financiación a la propia universidad a través del permiso para hacer alianzas que permitan hacer investigación con el sector privado. Algo que no es, como se ha dicho, privatización,  sino una herramienta para aumentar los ingresos. Aumento, a su vez, que no viene de las cuentas del Estado sino que implica un esfuerzo de la propia universidad, que es la encargada de conseguirlo. Este  esfuerzo, para quienes no están acostumbrados, es una mala noticia.  Aun así, la universidad pública tiene que jugar un rol más activo en su propio financiamiento, entre otras cosas porque de esa manera mejora su desempeño. Tener que competir claro que  ayuda.

No obstante, aunque trasladar una parte del compromiso a las universidades dinamiza el sector, no resuelve la deficiencia en la calidad y, menos aún, la inmensa falta de cupos, y al final del día la responsabilidad por estas fallas es del Gobierno. Es su deber ponerse metas ambiciosas y cumplirlas y esto implica proyectos de ampliación más estructurados y de mayor envergadura que lo que se está presentando. La reforma, en  lo que corresponde estrictamente al financiamiento de la universidad pública, es interesante, incluso conveniente, pero de todas formas insuficiente. Hay que hacer más por la educación superior para evitar más fracturas en el país. El Gobierno ha hecho bien al atender el deterioro de la sociedad rural a través de los proyectos de reparación de víctimas y de restitución de tierras. Pero, ¿dónde va a quedar el desarrollo urbano? No es sólo un problema de crecimiento el que tiene  el Gobierno entre manos, y el problema social, acompañado del debilitamiento político, no es sólo del campo.

 

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