EE.UU. denuncia corrupción en Venezuela y restricción de libertad de expresión

El análisis del Departamento de Estado detalla las violaciones de los derechos básicos en Venezuela.

Estados Unidos denunció corrupción "en todos los niveles" del Gobierno venezolano, detenciones "arbitrarias" e "impunidad" policial y restricciones a la libertad de expresión, en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo.

El análisis del Departamento de Estado detalla las violaciones de los derechos básicos en Venezuela registradas por ONG's, medios de comunicación y a veces por el propio Gobierno.

"La ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios gubernamentales", sin embargo señala que el Gobierno no ejecutó la ley de manera "efectiva" y "justa" y "con frecuencia enjuició a sus adversarios políticos por cargos de corrupción de forma selectiva".

En este sentido valora la lucha contra la corrupción que emprendió el Ministerio Público que "por primera vez en su historia acusa a dos ex gobernadores y 16 ex alcaldes por las irregularidades cometidas en el ejercicio de sus responsabilidades".

Sin embargo, señala el hecho de que ambos gobernadores, Eduardo Manuitt y Didalco Bolívar, sean antiguos aliados de Chávez convertido en críticos del Gobierno.

Denuncia también la detención "arbitraria" de algunos opositores como Oswaldo Álvarez Paz, que fue acusado de conspiración después de que denunciara en un programa de televisión la relación de algunos funcionarios de alto nivel con grupos de narcotraficantes y terroristas.

El informe cita también el caso del general retirado Raúl Baduel, exministro de Defensa y exaliado de Chávez, condenado a 7 años y 11 meses por corrupción, una condena que grupos de derechos humanos vinculan a su oposición abierta al Gobierno y a pedir el "no" para el referéndum para cambiar la Constitución celebrado en diciembre de 2007, que incluía la reelección presidencial indefinida.

En cuanto a las denuncias de corrupción en el Gobierno, por casos como la perdida de toneladas de comida subsidiada en almacenes gubernamentales, y la detención en Miami del funcionario Rafael Ramos de la Rosa, acusado de extorsionar por 1,5 millones de dólares al expropietario de una casa de valores intervenida en Venezuela, el informe señala que "no hay información pública".

El informe también denuncia la "corrupción e impunidad" entre las fuerzas policiales -"un problema grave en todas las fuerzas policiales, cuyos miembros están generalmente mal pagados y mínimamente entrenados"-, así como la "corrupción, ineficacia y politización del sistema político en el sistema judicial caracterizado por retrasos en los juicios y violaciones durante el proceso".

En cuanto a la libertad de expresión, recuerda que el Gobierno "ha amenazado con cerrar cadenas de televisión y periódicos" y se han violado algunos derechos de privacidad de los ciudadanos.

El informe afirma también que se ha dañado la libertad de expresión con una "combinación de leyes y regulaciones sobre la difamación y los contenidos de los medios, así como el acoso legal e intimidación física" que han sufrido los medios e individuos que han creado un clima de "autocensura".

Los periodistas pueden sufrir penas de cárcel de seis a treinta meses sin fianza, por hacer cualquier comentario que pueda ser considerado "ofensivo" para el Gobierno, indica el informe.

El caso más sonado ha sido el de Globovisión, canal crítico con el gobierno que ha sido cerrado para el público nacional, pero también ha habido otros como la investigación abierta, a petición del presidente Hugo Chávez, al Noticiero Digital por una columna crítica con el Gobierno, o la detención de dos usuarios de Twitter por "extender falsos rumores sobre el sistema bancario".

El gobierno -agrega el Departamento de Estado- también ha ejercido el control sobre los medios a través de la aplicación de licencias y los requerimientos de retransmisión".

Las nuevas normas autorizan a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a "ordenar a los proveedores de servicios de internet, restringir el acceso a mensajes y portales divulgados a través de ésta u otros medios electrónicos" que emitan los mensajes prohibidos.

Las ONG's advierten también de la discriminación laboral a la que se ven sometidos los funcionarios públicos que no comulgan con el gobierno chavista, así como las amenazas a esas mismas organizaciones, la violencia contra las mujeres, el tráfico de personas y la restricción del derecho de asociación de los trabajadores.
 

 

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