El caso del Chinauta Resort

El hotel, que perteneció al narcotraficante Justo Pastor Perafán, fue administrado hasta diciembre por Zaira Samira Villamil, exfuncionaria de la Cámara de Representantes. Hoy se investigan múltiples irregularidades en su gestión.

“Donde ponemos el dedo sale pus”. Esta frase del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, escandalizó a la clase política del país. Sin embargo, hay quienes no dudan en señalar que es la síntesis del fenómeno de corrupción que se tomó muchas entidades del Estado, entre ellas la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), envuelta hoy en un escándalo por las denuncias sobre supuestos favorecimientos políticos en la designación de depositarios para administrar los bienes incautados al narcotráfico e irregularidades cometidas en el cumplimiento de dicha función.

Precisamente uno de esos casos, conocido por El Espectador, tiene que ver con la Sociedad Colombiana de Hoteles S.A., cuyo principal bien es el hotel Chinauta Resort, que fue entregado a la depositaria Zaira Samira Villamil Álvarez el 17 de diciembre de 2008, a través de la resolución 0289, siendo  jefe de la DNE Carlos Albornoz. Hasta ahí todo normal. En su hoja de vida, Villamil sustentó que tenía el perfil adecuado para asumir esa responsabilidad, si bien no contaba con experiencia en el sector hotelero.

Pero lo que ha llamado la atención de los investigadores encargados en la actualidad de esculcar la presunta injerencia de congresistas en la administración de bienes de Estupefacientes a cargo de terceros, es que Villamil —coincidencialmente— trabajó varios años en el Congreso, en la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Representantes.

En el marco de su administración, tal como lo señala en el informe de gestión y rendición de cuentas de Colombiana de Hoteles S.A., radicado el 11 de febrero de 2011 en la DNE, Villamil explica sus actuaciones y pone en evidencia el enfrentamiento que desde el principio tuvo con los sindicatos del hotel: Sintracolhotel y Sinthol, al reseñar que “desde un principio evidencié la marcada intromisión de los sindicatos pretendiendo ser coadministradores de la empresa en asuntos no laborales, situación que no podía permitir”.

Estas diferencias llevaron a los miembros de los sindicatos a presentar denuncias ante los organismos de control. Y fue en el marco de esas discusiones que salió a relucir lo que pudo haber sido el factor determinante para el nombramiento de Villamil como depositaria de la Sociedad Colombiana de Hoteles. Según Nelson Enrique Sánchez, presidente del Sinthol, “cuando teníamos diferencias y le advertíamos que íbamos a elevar nuestras quejas ante la Procuraduría y la Fiscalía, ella abiertamente manifestaba que pusiéramos las demandas que quisiéramos, porque al fin y al cabo tenía el respaldo del senador Álvaro Ashton y de los dirigentes de la DNE”.

Además, Raúl Quintero, quien desempeña labores de mantenimiento en el Chinauta Resort, le contó a El Espectador que “en una ocasión me acerqué a la oficina de la señora Zaira buscando que me promoviera de trabajo, cuando formaba parte de la vigilancia del hotel, y ella me dijo que me ayudaba pero que le colaborara para sacar un senador. Me pidió el voto por Álvaro Asthon. Yo le manifesté que no podía votar porque mi cédula está inscrita en Granada (Cundinamarca) y ella me dijo que me pagaba el transporte hasta allá con tal de que le diera el voto”.

En respuesta a estos cuestionamientos, Villamil aceptó que conoce al senador Asthon, así como a muchos otros congresistas, porque trabajó en el Capitolio desde 1991. “A él lo conozco por motivos personales que no vienen al caso y no tienen nada que ver con mi nombramiento como depositaria”, enfatizó. Y agregó que los señalamientos que hoy le están haciendo lo único que buscan es desprestigiar su “exitosa” gestión, documentada en los informes que reposan en la DNE.

Este diario se comunicó con el senador Asthon, quien reconoció que conocía a Zaira Samira Villamil Álvarez desde cuando fue segundo vicepresidente de la Cámara y ella trabajaba allá, “pero personalmente no la he recomendado ante ninguna entidad. Es más, tengo entendido que ella es militante del Partido Conservador y tengo un documento en el que la señalan como recomendada de este partido para la administración del Chinauta Resort. Nunca he hecho política allá. Si usted mira, no tengo votos allá, no sé por qué me relacionan a mí”.

Al margen de los intereses que se pudieron haber movido para su nombramiento como depositaria, Villamil sostiene que su gestión ha sido satisfactoria, pero en la DNE no opinan hoy lo mismo. Informes en la entidad señalan que “su mala administración” fue el argumento para revocarla como depositaria de la Sociedad Colombiana de Hoteles, tal como consta en la resolución 1937 de diciembre de 2010, en la que reza: “Una vez revisados los expedientes administrativos, se verificó que no fueron atendidos los requerimientos de depuración de información contable que hicieran funcionarios de esta entidad (…) Se ha comprobado durante las inspecciones realizadas por funcionarios y contratistas de la DNE el descuido en la gestión del establecimiento”.

Una de las ‘perlas’ que encontraron esos funcionarios fue la venta de un vehículo que formaba parte del inventario de bienes de la Sociedad Colombiana de Hoteles, un Mazda 323 blanco de placas BBO-451 que, casualmente, fue vendido a Luis Armando Rojas, contador público de Villamil y quien aparece firmando el informe de estados financieros que fue presentado a la DNE. Sobre esta transacción, la destituida depositaria explicó que “independientemente de a quién haya sido vendido el carro, con peritaje de la DNE fue autorizado a ser dado de baja porque tenía alto deterioro. Yo no veo ningún hecho irregular o que no esté conforme al derecho”.

También son objeto de investigación denuncias realizadas por José Abel Lemus, quien sostiene que prestaba el servicio de transporte al hotel por un valor de $7 millones, pero que tenía la obligación de entregarle $2,5 millones a la administración, sin informarle a nadie porque, le habían advertido, si lo hacía le sería cancelado el contrato. Además, Alejandro Márquez Calle, actual depositario de la Sociedad Colombiana de Hoteles, advirtió que varios de los argumentos expuestos por Villamil en el informe de gestión no son ciertos, pues no hubo una adecuada labor de mercadeo y el hotel adeuda en la actualidad más de $2 mil millones de energía.

Se trata pues de un nuevo capítulo de las múltiples irregularidades que están saliendo a flote sobre la administración de los bienes de la DNE, en el cual aparecen vinculados algunos congresistas. Casos que ya se han hecho públicos por El Espectador y otros medios de comunicación, sobre los cuales la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación están haciendo las primeras indagaciones. Y según se advierte, pronto se verán los resultados.

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