"El Gobierno no se dejará poner palos en la rueda"

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explica cómo será el programa sustituto de Agro Ingreso Seguro.

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cómo blindar el programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE) que usted acaba de anunciar para que no termine en manos de los más ricos del campo, como ocurrió con Agro Ingreso Seguro?

Juan Camilo Restrepo.- El diseño mismo del nuevo programa excluye a los propietarios de grandes predios que sólo podrán acceder al programa si se asocian con los destinatarios del proyecto. De otra parte, los créditos para riego y drenaje —que tuvieron, en el pasado, un uso impropio e inadecuado— serán exclusivamente para los pequeños y medianos agricultores asociados. Por último, la auditoría será muy rigurosa, porque estará a cargo de la Universidad Nacional con sus facultades de Agronomía e Ingeniería, las cuales tendrán equipos de campo para verificar y controlar los proyectos que se desarrollen.

C.O.T.- Usted ha decidido contratar a la Universidad Nacional y terminar con la tarea interventora del IICA, que supervisó el programa Agro Ingreso Seguro. ¿Le atribuye al IICA responsabilidad en lo que pasó con AIS?

J.C.R.- El IICA no va más, pero el Ministerio de Agricultura no juzga ni prejuzga. Les dejamos las investigaciones penales o administrativas a los organismos que les competen. Mirando hacia delante, nos da mayor garantía de seriedad y profesionalismo la Universidad Nacional que el IICA.

C.O.T.- Los programas oficiales, por muy blindados que estén, siempre son susceptibles de ser infiltrados. ¿Cómo se evitará el fraccionamiento falso de tierras como sucedió con AIS?

J.C.R.- Tal como está diseñado el nuevo programa, un propietario de una finca, por ejemplo de dos mil hectáreas, no puede postularse. En cambio sí hacerlo un pequeño agricultor que posea una hectárea y que se asocie con uno que tiene tres hectáreas y que éste se asocie con otro que posea seis hectáreas. Los pequeños agricultores asociados diseñarán un distrito de riego y éste es el que recibe el crédito que será auditado por la Nacional. Al excluir, desde el comienzo, las grandes fincas, queda también cerrado el riesgo de que se fraccionen las tierras.

C.O.T.- Los defensores de Agro Ingreso Seguro han dicho que en realidad ese programa tuvo 33 mil beneficiarios pequeños y que los grandes empresarios que accedieron a él eran apenas una pequeña porción del total. ¿Esa afirmación es cierta o falsa?

J.C.R.- En términos de cantidad de solicitantes, eran más numerosos los pequeños agricultores, pero la mayor cantidad de créditos terminó en manos de los empresarios más fuertes, porque el sistema tenía un mecanismo diabólico: ‘primer llegado, primer servido’. Como los más fuertes son los que tienen mejor organización, más capacidad técnica y más disponibilidad de seguimiento gremial, terminaban haciendo primero las gestiones, presentando los proyectos más estructurados y llevándose la mayoría de los créditos. Eso cambiará ahora.

C.O.T.- ¿Los requisitos y las exigencias del nuevo programa se simplificarán?

J.C.R.- Sí. Se van a simplificar muchísimo sin relajar unos controles mínimos que hay que mantener para cerciorarse de que se están desarrollando proyectos serios. Pero donde habrá un cambio trascendental es en el acompañamiento que les haremos a los pequeños agricultores. No basta con darles entrada, sino que es necesario brindarles guía y ayuda en todo el proceso. Si no ocurriera así, se les abrirían las posibilidades en el papel y quedarían excluidos en la práctica.

C.O.T.- ¿Quién va a ayudar a los 117 mil beneficiarios del DRE? Se necesita un ejército.

J.C.R.- Se harán programas de acompañamiento con las universidades, los gremios, las secretarías locales de Agricultura, etc. Como se premian las asociaciones, siempre habrá un integrador. La tutoría se hará también a través de esos integradores.

C.O.T.- ¿Qué tipo de alianzas está privilegiando el programa?

J.C.R.- Ese es otro cambio importante que hemos introducido. Como he dicho, la única manera de que un empresario grande tenga acceso al DRE es la de que se convierta en un integrador.

C.O.T.- ¿De qué manera?

J.C.R.- Antes usted podía ser integradora de pequeños agricultores con cualquier porcentaje del área sembrada. Por ejemplo, si usted tenía una finca de 1.000 hectáreas, bastaba con que 50 de ellas fuera de los pequeños. Ahora es obligatorio que el 60% del área sembrada sea de propiedad de los pequeños o no se admite la integración. Esto generará una auténtica democratización del crédito. Si se tratara de la misma finca de 1.000 hectáreas, se tendría que demostrar que 600 de ellas pertenecen a los agricultores pequeños.

C.O.T.- El problema principal de AIS, ¿estuvo en la orientación política y económica que se le dio bajo la creencia de que los grandes productores son los únicos que pueden desarrollar proyectos o tuvo que ver con las trampas de unos particulares?


J.C.R.- En primer lugar, los casos que salieron a la luz pública fueron trampas evidentes de unos particulares. En segundo y muy importante lugar, el gobierno actual considera que la agricultura de gran tamaño y de vocación exportadora, aunque es inmensamente respetable, valiosa y necesaria para el país, tiene otros mecanismos de financiamiento. Nos parece que no fue conveniente que ese programa, que se vendió inicialmente como un proyecto para proteger la agricultura y la ganadería de leche más amenazada por el TLC, no se reservará para los pequeños y medianos agricultores. El nuevo programa DRE se dirige, específicamente, a los olvidados y a quienes no tienen capacidad de hacer lobby.

C.O.T.- ¿Quiere decir que la orientación de este gobierno es opuesta a la de la anterior administración?


J.C.R.- Como le dije, estamos empeñados en trabajar sin mirar por el pequeño espejo retrovisor. Lo que sí le puedo decir es que el Estado tiene la obligación de proteger a la población campesina más pobre y que ésta no puede estar desatendida. El DRE se especializará en la atención a ella y, como lo he expresado, concentrará su atención en la seguridad alimentaria del país, algo que también ignoraba olímpicamente el anterior programa.

C.O.T.- La ley de restitución de tierras a los desplazados también es fuente de polémica. Han hablado ustedes de la devolución de dos millones de hectáreas a sus legítimos dueños. ¿Se podrá realizar esa meta tan ambiciosa?

J.C.R.- Sí. La semana pasada se aprobó en la Comisión Primera del Senado, en tercer debate, la ley de tierras que forma parte de la ley de víctimas. Confiamos en que Colombia va a tener, en esta legislatura, una ley de gran avanzada y aliento social con la restitución de tierras. Entre titular y restituir, estamos esperando intervenir, en efecto, no menos de dos millones de hectáreas en este cuatrienio.

C.O.T.- ¿A quiénes exactamente se les devolverán las tierras?

J.C.R.- A muchos colombianos que no tienen títulos de propiedad, pero que son poseedores de muchos años, o a aquellas y aquellos que fueron despojados en las dos décadas pasadas por delincuentes de todos los pelambres. Hasta ahora el país no ha hecho mayor cosa sobre esta problemática. Por eso, para la administración Santos esta es una de las prioridades al punto de que el mismo presidente fue a radicar la ley a la Secretaría de la Cámara en un hecho sin precedentes. Creemos que con este empeño empezaremos a saldar la deuda gigantesca e insoluta que la sociedad tiene con los despojados de las tierras.

C.O.T.- ¿Qué tan viable es, en la práctica, esa ley, más allá de la voluntad que haya en una oficina de Bogotá? Ya hay nueve campesinos asesinados.

J.C.R.- El Gobierno no ignora las dificultades que tiene la aplicación de la ley. Hay problemas de seguridad, pues no faltan los violentos que ayer se apoderaron de las tierras a sangre y fuego, y que hoy quieren mantenerlas de la misma manera. También existen enormes problemas jurídicos, empezando por el entramado de testaferros y de complicaciones de orden legal. Pero más importante es la voluntad política del Gobierno de no dejarse poner palos en la rueda. Por eso estamos redoblando todos los mecanismos para proteger a los líderes que reivindican las tierras para sus comunidades.

C.O.T.- ¿Cómo van a protegerlos?


J.C.R.- No subestimamos los asesinatos que ha habido. Nos parecen muy dolorosos e inquietantes. Esto nos condujo a crear un gran consejo de seguridad, presidido por el ministro de Defensa. Pertenecerá a él todo el alto mando militar, el DAS, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Agricultura. Tenga la certeza de que no cederemos al juego de los que quieren aterrorizar al país con hechos de sangre para que el Gobierno eche atrás este proceso. Eso no va a suceder.

C.O.T.- Fuera de la seguridad física, ¿cómo se va a desentrañar la ilegalidad documental de posesión de las tierras?

J.C.R.- Usted no sólo se está refiriendo a las 400 mil familias a las que les arrebataron los dos millones de hectáreas en tierras, sino también al despojo que sufrió el propio Estado de muchos terrenos baldíos que le fueron esquilmados en la penumbra de las notarías o de las oficinas de registro. Ya hemos empezado a documentar y a revertir esos hechos. Para citar un solo ejemplo, le cuento que entre Carimagua y Mapiripán se descubrió que alias Cuchillo se había ideado la forma de hacerse registrar, como si fueran de su propiedad, 15 mil hectáreas que eran del Estado. Esas propiedades ya revirtieron y se comenzarán procesos de repartición y asentamientos campesinos.

C.O.T.- Hay casos de despojo de tierras y lucha con los poseedores ilegales de las mismas que son emblemáticos. Por ejemplo, el terreno de Las Pavas, en la Costa. Los desplazados se enfrentan a poderosas familias de la alta sociedad y, por supuesto, la lucha es desigual. ¿El conflicto de Las Pavas merece la atención de su despacho?

J.C.R.- Muchísima. El conflicto de Las Pavas es de similar magnitud a los de Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó. Son casos paradigmáticos que concentran nuestro esfuerzo. Allí tenemos una batería de abogados y visitadores permanentes para supervisar la evolución de los hechos. En Jiguamiandó y Curvaradó vamos a darles cumplimiento severo a los fallos de la Corte Constitucional. Allí ya se revocó la posesión de 25 mil hectáreas que habían sido adjudicadas a unos palmeros con métodos espurios y se les devolverá a las comunidades negras. En cuanto a Las Pavas, vamos a utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance para que la tierra regrese a sus legítimos propietarios.

C.O.T.- Si al expresidente Uribe no le gusta la sustitución de Agro Ingreso Seguro por el DRE, menos le gusta la ley de restitución de tierras. Y para ser franca, usted tampoco es de su agrado. ¿Cómo se siente frente a esta confrontación?


J.C.R.- No me ponga a opinar sobre el pasado. A mí me gusta, y ante todo al gobierno del presidente Santos, la restitución de tierras. Él también quiere un desarrollo equilibrado del campo y que la gran agricultura pueda convivir con la pequeña en términos de equidad. Ese es el compromiso que tenemos frente a la historia y lo vamos a tratar de cumplir a plena cabalidad. Trabajamos como funcionarios que quieren construir un futuro para el campo más equitativo, convencidos de que la paz de Colombia no va a encontrar un asiento duradero si no hay una solución racional y profunda al problema de tierras.

C.O.T.- ¿Es cierto que un encuentro suyo con el expresidente Uribe fue muy tenso por los fuertes reclamos que él le hizo a usted?

J.C.R.- Todo lo contrario. Me reuní no sólo con él, sino también con otros expresidentes. Hice una ronda con ellos para informarles en qué consistía la política integral de tierras. Fueron reuniones muy cordiales. En particular, el expresidente Uribe hizo algunas observaciones de tipo técnico muy puntuales sobre el proyecto de ley.

DRE vs. AIS

Cecilia Orozco.- El expresidente Uribe defiende airadamente a AIS. Uno de los 19 mensajes que envió en Twitter el día del lanzamiento del programa sustituto, el DRE, fue significativo: “Tanto que desacreditaron a Agro Ingreso Seguro y sólo le cambiaron el nombre”. ¿Qué opina de esa frase?

Juan Camilo Restrepo.- Le cit se les devolverán las tierras?

J.C.R.- A muchos colombianos que no tienen títulos de propiedad, pero que son poseedores de muchos años, o a aquellas y aquellos que fueron despojados en las dos décadas pasadas por delincuentes de todos los pelambres. Hasta ahora el país no ha hecho mayor cosa sobre esta problemática. Por eso, para la administración Santos esta es una de las prioridades al punto de que el mismo presidente fue a radicar la ley a la Secretaría de la Cámara en un hecho sin precedentes. Creemos que con este empeño empezaremos a saldar la deuda gigantesca e insoluta que la sociedad tiene con los despojados de las tierras.

C.O.T.- ¿Qué tan viable es, en la práctica, esa ley, más allá de la voluntad que haya en una oficina de Bogotá? Ya hay nueve campesinos asesinados.

J.C.R.- El Gobierno no ignora las dificultades que tiene la aplicación de la ley. Hay problemas de seguridad, pues no faltan los violentos que ayer se apoderaron de las tierras a sangre y fuego, y que hoy quieren mantenerlas de la misma manera. También existen enormes problemas jurídicos, empezando por el entramado de testaferros y de complicaciones de orden legal. Pero más importante es la voluntad política del Gobierno de no dejarse poner palos en la rueda. Por eso estamos redoblando todos los mecanismos para proteger a los líderes que reivindican las tierras para sus comunidades.

C.O.T.- ¿Cómo van a protegerlos?


J.C.R.- No subestimamos los asesinatos que ha habido. Nos parecen muy dolorosos e inquietantes. Esto nos condujo a crear un gran consejo de seguridad, presidido por el ministro de Defensa. Pertenecerá a él todo el alto mando militar, el DAS, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Agricultura. Tenga la certeza de que no cederemos al juego de los que quieren aterrorizar al país con hechos de sangre para que el Gobierno eche atrás este proceso. Eso no va a suceder.

C.O.T.- Fuera de la seguridad física, ¿cómo se va a desentrañar la ilegalidad documental de posesión de las tierras?

J.C.R.- Usted no sólo se está refiriendo a las 400 mil familias a las que les arrebataron los dos millones de hectáreas en tierras, sino también al despojo que sufrió el propio Estado de muchos terrenos baldíos que le fueron esquilmados en la penumbra de las notarías o de las oficinas de registro. Ya hemos empezado a documentar y a revertir esos hechos. Para citar un solo ejemplo, le cuento que entre Carimagua y Mapiripán se descubrió que alias Cuchillo se había ideado la forma de hacerse registrar, como si fueran de su propiedad, 15 mil hectáreas que eran del Estado. Esas propiedades ya revirtieron y se comenzarán procesos de repartición y asentamientos campesinos.

C.O.T.- Hay casos de despojo de tierras y lucha con los poseedores ilegales de las mismas que son emblemáticos. Por ejemplo, el terreno de Las Pavas, en la Costa. Los desplazados se enfrentan a poderosas familias de la alta sociedad y, por supuesto, la lucha es desigual. ¿El conflicto de Las Pavas merece la atención de su despacho?

J.C.R.- Muchísima. El conflicto de Las Pavas es de similar magnitud a los de Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó. Son casos paradigmáticos que concentran nuestro esfuerzo. Allí tenemos una batería de abogados y visitadores permanentes para supervisar la evolución de los hechos. En Jiguamiandó y Curvaradó vamos a darles cumplimiento severo a los fallos de la Corte Constitucional. Allí ya se revocó la posesión de 25 mil hectáreas que habían sido adjudicadas a unos palmeros con métodos espurios y se les devolverá a las comunidades negras. En cuanto a Las Pavas, vamos a utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance para que la tierra regrese a sus legítimos propietarios.

C.O.T.- Si al expresidente Uribe no le gusta la sustitución de Agro Ingreso Seguro por el DRE, menos le gusta la ley de restitución de tierras. Y para ser franca, usted tampoco es de su agrado. ¿Cómo se siente frente a esta confrontación?


J.C.R.- No me ponga a opinar sobre el pasado. A mí me gusta, y ante todo al gobierno del presidente Santos, la restitución de tierras. Él también quiere un desarrollo equilibrado del campo y que la gran agricultura pueda convivir con la pequeña en términos de equidad. Ese es el compromiso que tenemos frente a la historia y lo vamos a tratar de cumplir a plena cabalidad. Trabajamos como funcionarios que quieren construir un futuro para el campo más equitativo, convencidos de que la paz de Colombia no va a encontrar un asiento duradero si no hay una solución racional y profunda al problema de tierras.

C.O.T.- ¿Es cierto que un encuentro suyo con el expresidente Uribe fue muy tenso por los fuertes reclamos que él le hizo a usted?

J.C.R.- Todo lo contrario. Me reuní no sólo con él, sino también con otros expresidentes. Hice una ronda con ellos para informarles en qué consistía la política integral de tierras. Fueron reuniones muy cordiales. En particular, el expresidente Uribe hizo algunas observaciones de tipo técnico muy puntuales sobre el proyecto de ley.

DRE vs. AIS

Cecilia Orozco.- El expresidente Uribe defiende airadamente a AIS. Uno de los 19 mensajes que envió en Twitter el día del lanzamiento del programa sustituto, el DRE, fue significativo: “Tanto que desacreditaron a Agro Ingreso Seguro y sólo le cambiaron el nombre”. ¿Qué opina de esa frase?

Juan Camilo Restrepo.- Le cito cinco puntos en los que queda claro que el cambio de nombre es lo de menos: 1. Antes se favorecía a los grandes empresarios. Hoy el programa es para los pequeños y medianos agricultores. 2. Se privilegian los cultivos donde se produce comida. 3. Se privilegia la capacidad asociativa. 4. En riego y drenaje, donde se presentaron los mayores desvíos, se vincula la Universidad Nacional, que hará la tutoría, y se prescinde del IICA. 5. Se incorpora un renglón de apoyo a las actividades más amenazadas con el TLC. Todo lo anterior había sido ignorado. Ahora será el núcleo.

C.O.T.-  ¿Cuál es el AIS en cifras?


J.C.R.- Para los créditos de Agro Ingreso Seguro se postularon 650 grandes productores de un total de 208 mil solicitantes. Es decir, el 0,31%, que se quedó con cerca del 20% de los recursos. En contraste, 178 mil pequeños agricultores pidieron créditos, o sea el 85% del total. Ellos apenas obtuvieron el 36% de los recursos.

El reemplazo “con equidad”

C.O.T.- ¿En qué consiste el programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE) que usted anunció en reemplazo de Agro Ingreso Seguro (AIS)?


J.C.R.- Es un programa para pequeños y medianos agricultores en cuyas tierras se produce el 70% de la comida colombiana. Tendrá una asignación anual de $500 mil millones. Será favorecida la población rural pobre, entre otras razones, porque es la más amenazada con el ingreso del TLC.

C.O.T.- ¿Cómo definirán al pequeño y mediandianos agricultores. 2. Se privilegian los cultivos donde se produce comida. 3. Se privilegia la capacidad asociativa. 4. En riego y drenaje, donde se presentaron los mayores desvíos, se vincula la Universidad Nacional, que hará la tutoría, y se prescinde del IICA. 5. Se incorpora un renglón de apoyo a las actividades más amenazadas con el TLC. Todo lo anterior había sido ignorado. Ahora será el núcleo.

C.O.T.-  ¿Cuál es el AIS en cifras?


J.C.R.- Para los créditos de Agro Ingreso Seguro se postularon 650 grandes productores de un total de 208 mil solicitantes. Es decir, el 0,31%, que se quedó con cerca del 20% de los recursos. En contraste, 178 mil pequeños agricultores pidieron créditos, o sea el 85% del total. Ellos apenas obtuvieron el 36% de los recursos.

El reemplazo “con equidad”

C.O.T.- ¿En qué consiste el programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE) que usted anunció en reemplazo de Agro Ingreso Seguro (AIS)?


J.C.R.- Es un programa para pequeños y medianos agricultores en cuyas tierras se produce el 70% de la comida colombiana. Tendrá una asignación anual de $500 mil millones. Será favorecida la población rural pobre, entre otras razones, porque es la más amenazada con el ingreso del TLC.

Chabido. Nos parecen muy dolorosos e inquietantes. Esto nos condujo a crear un gran consejo de seguridad, presidido por el ministro de Defensa. Pertenecerá a él todo el alto mando militar, el DAS, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Agricultura. Tenga la certeza de que no cederemos al juego de los que quieren aterrorizar al país con hechos de sangre para que el Gobierno eche atrás este proceso. Eso no va a suceder.

C.O.T.- Fuera de la seguridad física, ¿cómo se va a desentrañar la ilegalidad documental de posesión de las tierras?

J.C.R.- Usted no sólo se está refiriendo a las 400 mil familias a las que les arrebataron los dos millones de hectáreas en tierras, sino también al despojo que sufrió el propio Estado de muchos terrenos baldíos que le fueron esquilmados en la penumbra de las notarías o de las oficinas de registro. Ya hemos empezado a documentar y a revertir esos hechos. Para citar un solo ejemplo, le cuento que entre Carimagua y Mapiripán se descubrió que alias Cuchillo se había ideado la forma de hacerse registrar, como si fueran de su propiedad, 15 mil hectáreas que eran del Estado. Esas propiedades ya revirtieron y se comenzarán procesos de repartición y asentamientos campesinos.

C.O.T.- Hay casos de despojo de tierras y lucha con los poseedores ilegales de las mismas que son emblemáticos. Por ejemplo, el terreno de Las Pavas, en la Costa. Los desplazados se enfrentan a poderosas familias de la alta sociedad y, por supuesto, la lucha es desigual. ¿El conflicto de Las Pavas merece la atención de su despacho?

J.C.R.- Muchísima. El conflicto de Las Pavas es de similar magnitud a los de Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó. Son casos paradigmáticos que concentran nuestro esfuerzo. Allí tenemos una batería de abogados y visitadores permanentes para supervisar la evolución de los hechos. En Jiguamiandó y Curvaradó vamos a darles cumplimiento severo a los fallos de la Corte Constitucional. Allí ya se revocó la posesión de 25 mil hectáreas que habían sido adjudicadas a unos palmeros con métodos espurios y se les devolverá a las comunidades negras. En cuanto a Las Pavas, vamos a utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance para que la tierra regrese a sus legítimos propietarios.

C.O.T.- Si al expresidente Uribe no le gusta la sustitución de Agro Ingreso Seguro por el DRE, menos le gusta la ley de restitución de tierras. Y para ser franca, usted tampoco es de su agrado. ¿Cómo se siente frente a esta confrontación?


J.C.R.- No me ponga a opinar sobre el pasado. A mí me gusta, y ante todo al gobierno del presidente Santos, la restitución de tierras. Él también quiere un desarrollo equilibrado del campo y que la gran agricultura pueda convivir con la pequeña en términos de equidad. Ese es el compromiso que tenemos frente a la historia y lo vamos a tratar de cumplir a plena cabalidad. Trabajamos como funcionarios que quieren construir un futuro para el campo más equitativo, convencidos de que la paz de Colombia no va a encontrar un asiento duradero si no hay una solución racional y profunda al problema de tierras.

C.O.T.- ¿Es cierto que un encuentro suyo con el expresidente Uribe fue muy tenso por los fuertes reclamos que él le hizo a usted?

J.C.R.- Todo lo contrario. Me reuní no sólo con él, sino también con otros expresidentes. Hice una ronda con ellos para informarles en qué consistía la política integral de tierras. Fueron reuniones muy cordiales. En particular, el expresidente Uribe hizo algunas observaciones de tipo técnico muy puntuales sobre el proyecto de ley.

DRE vs. AIS

Cecilia Orozco.- El expresidente Uribe defiende airadamente a AIS. Uno de los 19 mensajes que envió en Twitter el día del lanzamiento del programa sustituto, el DRE, fue significativo: “Tanto que desacreditaron a Agro Ingreso Seguro y sólo le cambiaron el nombre”. ¿Qué opina de esa frase?

Juan Camilo Restrepo.- Le cito cinco puntos en los que queda claro que el cambio de nombre es lo de menos: 1. Antes se favorecía a los grandes empresarios. Hoy el programa es para los pequeños y medianos agricultores. 2. Se privilegian los cultivos donde se produce comida. 3. Se privilegia la capacidad asociativa. 4. En riego y drenaje, donde se presentaron los mayores desvíos, se vincula la Universidad Nacional, que hará la tutoría, y se prescinde del IICA. 5. Se incorpora un renglón de apoyo a las actividades más amenazadas con el TLC. Todo lo anterior había sido ignorado. Ahora será el núcleo.

C.O.T.-  ¿Cuál es el AIS en cifras?


J.C.R.- Para los créditos de Agro Ingreso Seguro se postularon 650 grandes productores de un total de 208 mil solicitantes. Es decir, el 0,31%, que se quedó con cerca del 20% de los recursos. En contraste, 178 mil pequeños agricultores pidieron créditos, o sea el 85% del total. Ellos apenas obtuvieron el 36% de los recursos.

El reemplazo “con equidad”

C.O.T.- ¿En qué consiste el programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE) que usted anunció en reemplazo de Agro Ingreso Seguro (AIS)?


J.C.R.- Es un programa para pequeños y medianos agricultores en cuyas tierras se produce el 70% de la comida colombiana. Tendrá una asignación anual de $500 mil millones. Será favorecida la población rural pobre, entre otras razones, porque es la más amenazada con el ingreso del TLC.

C.O.T.- ¿Cómo definirán al pequeño y mediandianos agricultores. 2. Se privilegian los cultivos donde se produce comida. 3. Se privilegia la capacidad asociativa. 4. En riego y drenaje, donde se presentaron los mayores desvíos, se vincula la Universidad Nacional, que hará la tutoría, y se prescinde del IICA. 5. Se incorpora un renglón de apoyo a las actividades más amenazadas con el TLC. Todo lo anterior había sido ignorado. Ahora será el núcleo.

C.O.T.-  ¿Cuál es el AIS en cifras?


J.C.R.- Para los créditos de Agro Ingreso Seguro se postularon 650 grandes productores de un total de 208 mil solicitantes. Es decir, el 0,31%, que se quedó con cerca del 20% de los recursos. En contraste, 178 mil pequeños agricultores pidieron créditos, o sea el 85% del total. Ellos apenas obtuvieron el 36% de los recursos.

El reemplazo “con equidad”

C.O.T.- ¿En qué consiste el programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE) que usted anunció en reemplazo de Agro Ingreso Seguro (AIS)?


J.C.R.- Es un programa para pequeños y medianos agricultores en cuyas tierras se produce el 70% de la comida colombiana. Tendrá una asignación anual de $500 mil millones. Será favorecida la población rural pobre, entre otras razones, porque es la más amenazada con el ingreso del TLC.

C.O.T.- ¿Cómo definirán al pequeño y mediano agricultor?


J.C.R.- A los agricultores se les define por su patrimonio. El pequeño es aquel que tiene un patrimonio de hasta $77 millones. Uno mediano, el que posee uno de hasta $2.500 millones. Patrimonios superiores no tendrán acceso al programa. Con este esquema aspiramos a beneficiar a 117.000 pequeños productores.

C.O.T.- ¿Qué tasa de interés se cobrará?


J.C.R.- Si es pequeño agricultor sólo pagará DTF más 1. Como el programa privilegia la asociación, si el agricultor es asociado, solamente pagará el DTF. Si es un agricultor mediano individual, se le cobrará DTF más 2; si es uno mediano asociado, DTF más 1. Si es un gran integrador, o sea cuando un agricultor grande vaya asociado con varios pequeños, tendrá que pagar DTF más 1.