El Gran Hermano descentralizado

El proyecto debe garantizar la libertad de expresión y la presunción de inocencia.

La llamada “Ley Lleras” plantea una discusión que ya se ha dado en otras latitudes y que ha tenido varias respuestas. Yo no quiero ponerme en el lugar de la Corte Constitucional y asegurar que, si el Congreso aprueba el proyecto, ese tribunal declarará contraria a la Constitución la ley sobre protección de derechos de autor y acceso a internet. Sin embargo, sí quiero hacer referencia a la forma como en Francia se planteó el problema de la garantía de derechos muy básicos tales como la presunción de inocencia y la protección de la libertad de expresión.

La iniciativa presentada por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, propone una solución para la protección de los derechos de autor en internet basada en la restricción al acceso a la red por parte de quienes violan esos derechos. Desde el punto de vista de la industria cultural, la más interesada en los rendimientos que producen los derechos de autor, el mecanismo de protección incluido en el proyecto de ley es ingenioso: la persona o empresa que considera afectados sus derechos de autor puede quejarse ante el proveedor del servicio de internet para que suspenda al responsable. Si no lo hace, el proveedor terminará compartiendo la responsabilidad por dicha violación.

La eficacia de la ley estaría basada en el miedo de los proveedores de internet a que los demanden. Por eso, en la duda, lo que esos proveedores harían sería suspender al suscriptor. Un mecanismo como éste viola el derecho a la presunción de inocencia. Los defensores del proyecto proponen como remedio que el suscriptor afectado tenga la posibilidad de patalear ante un juez. Sin embargo, ese suscriptor llegaría ante los estrados judiciales a probar su inocencia, lo cual contraviene principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

No solamente eso. La iniciativa ofrece muchas oportunidades para coartar la libertad de expresión. Cualquier suscriptor quedaría expuesto a que le suspendan o cancelen el servicio con base en argumentos cuestionables, sin que ese suscriptor pueda tener de inmediato la protección judicial de sus derechos. No debería haber dudas acerca del carácter fundamental del derecho a la libertad de expresión, mucho menos en esta época en la cual muchos entuertos han salido a la luz gracias al tesón de personas que publican en la red.

Justamente estos fueron los argumentos en los que se basó el Consejo Constitucional francés para quitarle validez a la parte de la ley que creaba un organismo administrativo, que tenía la potestad que en Colombia le otorgarían a los proveedores de internet.

Los defensores del proyecto argumentan que, a diferencia de Francia, aquí no se propone un ente todopoderoso que pueda vulnerar los derechos ciudadanos. No me parece. Creo que el esquema del proyecto es el de un Gran Hermano descentralizado que, aunque no tendría sede en ningún edificio, podría restringir el ejercicio de los derechos. El que los proveedores de internet, para evitar una eventual responsabilidad, resuelvan la duda siempre en contra del usuario es donde se incuba el huevo de la serpiente. Allí es donde el Gran Hermano acecha. Tremendista, paranoico, víctima de su propia mentalidad conspirativa. Me aguanto que me tiren todos esos epítetos, pero que me escuchen.

Proveedores de internet y proveedores de cuentas en la red no son la misma cosa, pero la analogía es útil para estimar los potenciales efectos negativos sobre los derechos de las personas que tendría la Ley Lleras si es aprobada, a pesar de sus vicios de constitucionalidad. Facebook tiene la política de cancelar cuentas si descubre que los usuarios usan un seudónimo. Michael Anti era el seudónimo del periodista y activista chino Jing Zhao. Zhao perdió su cuenta y no tenía a quien recurrir para remediarlo.

Ahora, vayamos al caso de los proveedores de acceso a internet. Wikileaks tampoco pudo prevenir la violación al derecho a la libertad de expresión cuando su proveedor de internet, Amazon, decidió cortarle el servicio y sacarlo de la red.

Ninguno de estos casos es trivial. Sin una protección judicial oportuna, con una ley así, nuestros derechos quedarían en peligro. Nos resta esperar que el Congreso cumpla su función de foro democrático y bastión ciudadano o que, en su defecto, la Corte, como lo hizo el Consejo Constitucional francés, se ponga del lado de un justo balance entre los derechos a la presunción de inocencia, libertad de expresión y derechos de autor.