El IDU y la calle 153, en un limbo

La historia del polémico contrato de obra con una empresa de alimentos comenzó a fines de 2009. El consorcio ya tenía dos multas.

El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) abrirá indagación preliminar al juez 29 civil municipal  por la tutela que suspendió  el proceso de caducidad que adelantaba el IDU al contratista encargado de prolongar  la calle 153, desde la autopista hasta la avenida Boyacá. La medida es la primera reacción a la estruendosa renuncia del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Héctor Jaime Pinilla, que se fue en protesta a la acción del juez.

Pinilla se había posesionado hace apenas 11 días y ocupará su despacho hasta que la alcaldesa Clara López le designe  reemplazo. El CSJ dijo además que mirará todos los procesos de esta naturaleza que se sigan contra el IDU.

Según Héctor Jaime Pinilla, el Instituto inició el proceso de caducidad debido a que el Consorcio Calle 153 —a cargo de los trabajos— tenía que haber entregado la obra hace cuatro meses y a estas alturas su ejecución está apenas en el 41%. El contratista interpuso una acción de tutela en contra del procedimiento y el juez respondió argumentando que en efecto se podían afectar los intereses empresariales de la firma e incluso llevarla a la quiebra.

La historia del polémico contrato comenzó a fines de 2009, cuando las empresas Mauros Food (dedicada a la elaboración de productos alimenticios), Coespro y Coopmunicipal (asociadas en el Consorcio Calle 153) se ganaron el negocio que ascendía a $16.000 millones para desarrollar 1,8 kilómetros de vía. El pasado abril, el IDU y la interventoría de los trabajos acordaron una multa de $450 millones a los contratistas por los evidentes retrasos. Semanas después, cuando Pinilla se disponía a proponer una segunda multa, el IDU descubrió que la obra estaba paralizada.

Ante la parálisis se inició el proceso de caducidad, que terminó el pasado 27 de mayo con un acto administrativo y la publicación de unos edictos para notificar al contratista, que inmediatamente interpuso la tutela. Este diario intentó comunicarse con ellos, pero no fue posible.

Aunque la alcaldesa Clara López prometió ayer que los hechos no afectarán para nada la contratación y que se agilizarán las obras, lo cierto es que la calle 153 sigue en un limbo, a la espera de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por el IDU, entidad que vuelve a quedar acéfala en menos de seis meses.

 

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