El malestar de los navegantes

El interés de los gobiernos de regular el derecho de autor en la red ha generado rechazo en países como España. Las protestas no han detenido la aprobación de las leyes.

El malestar que se leía esta semana en foros de internet y redes sociales en contra de la ‘Ley Lleras’, que pretende regular la propiedad intelectual en internet y que incluyó proclamas por una “internet libre”, tiene antecedentes cercanos en otros países. En los últimos años, diversos gobiernos que han buscado legislar y regular el hasta hace poco indomable mundo digital, se han encontrado con la resistencia y malestar de ciudadanos temerosos y ofuscados por lo que, consideran, son duras leyes diseñadas para defender exclusivamente los intereses de las grandes industrias del entretenimiento.


El último capítulo de esta historia ocurrió en España hace poco más de un mes, con la publicación el 5 de marzo de la Ley Sinde, impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cuyo objeto es declararles la guerra frontal a las descargas ilegales. Como revelaron hace unos meses decenas de cables de Wikileaks publicadas por el diario El País, la historia de la Ley Sinde comenzó en la Embajada de Estados Unidos en 2004. Fue entonces cuando se estableció como prioridad del gobierno norteamericano avanzar en el establecimiento de una Ley Antidescargas para lo cual, en los años sucesivos, se organizaron diversas estrategias de contacto con funcionarios de alto nivel en Madrid con el único fin de que España —un país reconocido por su alto consumo digital ilegal— se comprometiera con la promulgación de la ley.


La estrategia rindió frutos el 27 de noviembre de 2010, un año después de que el gobierno francés aprobara la emblemática “Ley de los tres avisos” —o Ley Hadopi—, que ordenaba el corte del suministro de internet sin orden judicial a los ciudadanos que bajaran productos piratas después de tres advertencias. Sin embargo el proyecto español, cocinado en el Consejo de Ministros ese 27 de noviembre y liderado por la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, era distinto: no buscaba perseguir a los ciudadanos, sino a las páginas que publicaran o a quienes manufacturaran los contenidos ilegales.


Pese a las diferencia con el proyecto francés, ambas estrategias tenían algo en común: buscaban alejar al juez del proceso y establecer, en cambio, mecanismos administrativos que determinaran por sí solos si un producto creativo contravenía o no derechos de propiedad intelectual.


La protesta fue inmediata: “la ley generó muchísima inseguridad. Quitó a los jueces del medio y puso a un ente administrativo en un proceso que antes estaba en manos del poder judicial, que estaba fallando en contra de los intereses de la industria”, explica el madrileño David Maeztu, experto en derecho digital y quien redactó un proyecto alternativo a la Ley. En él, Maeztu propuso que la comisión del gobierno fuera un ente consultivo y no tuviera la capacidad de cerrar páginas de internet sin un debido proceso judicial.


La iniciativa de Maeztu formaba parte de una serie de jugadas de los internautas españoles para influir en el proyecto del gobierno. En diciembre, los ciudadanos se reunieron con el director de cine Álex de la Iglesia, entonces director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, quien no sólo les prestó atención, sino que terminó apoyando y proponiéndole al gobierno de Zapatero la propuesta de Maeztu.


En Madrid, entre tanto, la ley se cocinaba a puerta cerrada. El opositor Partido Popular, que en un inicio se opuso a la ley por falta de garantías judiciales, terminó apoyándola en segunda instancia al lograr que se añadieran algunas discretas reformas. No obstante, el núcleo de la polémica quedó intacto: una comisión gubernamental, adscrita al Ministerio de Cultura, decidiría autónomamente qué es pirata y qué no.


Frente al desaire del gobierno y la crítica de la industria, en un espectacular e histórico discurso en la gala de los Premios Goya, Álex de la Iglesia reivindicó las propuestas de los ciudadanos y renunció a su cargo. “Las reglas del juego han cambiado —dijo en la ceremonia—. Internet es la salvación de nuestro cine”. Entre tanto, en la calle miles de españoles con máscaras protestaban en contra de la ley. Se decían miembros del movimiento virtual Anonymous.


El Congreso español, finalmente, aprobó la Ley Sinde el 15 de febrero incluyendo tan solo las modificaciones del Partido Popular. Aunque existen muchas diferencias, la Ley Lleras ha sido equiparada en Colombia con la Ley Sinde y la Ley Hadopi. En los mismos foros Anonymous se organizan ahora los colombianos.

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