El nuevo ministro y sus retos

JUAN CARLOS ESGUERRA, SEGÚN LO anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos, dirigirá el nuevo Ministerio de Justicia.

Un acertado nombramiento para un escenario complejo. Esguerra, reconocido hombre de Estado, tiene a todas luces la capacidad política y el recorrido jurídico para librar de varios pesos muertos al sistema sin alterar sus fundamentales democráticos. Difícil un mejor nombramiento. No obstante, la lista de pendientes es tan larga y tan espinosa que no le bastará al Gobierno con la correcta designación. El apoyo político de toda la Unidad Nacional será igualmente necesario. Y es que hasta lo dado por sentado exigirá de un esfuerzo monumental, pues si bien la actual administración ha logrado suavizar las fricciones entre el poder Judicial y el Ejecutivo, lo cierto es que el puente entre ambos lleva buen tiempo caído. Solo restablecer la institucionalidad de la mediación será asunto complejo, en especial, cuando debe hacerse sobre la marcha de una reforma a la justicia que pretende, primero, llegar hasta las altas cortes y, segundo, llegar conciliando.

En el país, las reformas a la justicia se han realizado, históricamente, de manera directa en el Legislativo. Incluir a la justicia en el proceso, aunque bienintencionado, requerirá de importante capital político. Por los siguientes años, por lo menos, escucharemos sobre el ir y venir del futuro del Consejo Superior de la Judicatura, de la necesidad de la doble instancia para los aforados, del carácter obligatorio de la jurisprudencia, de las inhabilidades para pasar de una corte a otra, de otras inhabilidades para salir a cargos de elección popular, de la ampliación de las funciones jurisdiccionales, de los tiempos de las magistraturas y, claro, de la controvertida acción de tutela. No es una reforma cualquiera, ni será cualquiera quien se siente al otro lado de la mesa. Si fuera tan fácil lograr que los altos magistrados se pongan de acuerdo —y de acuerdo además con el Ejecutivo— no habrían fracasado en su intento las últimas cuatro administraciones. Sólo con la reforma el reto del nuevo ministro es gigantesco, como gigantesco el desgaste de su cartera.

A los cambios en las altas esferas se suma, además, la ejecución de las reformas en proceso y de aquellas aprobadas. El estatuto anticorrupción y la ley de seguridad ciudadana, por ejemplo, generaron bastantes expectativas en su muy aplaudido paso por el Congreso. ¿Dónde quedarán ahora? Buena parte de su éxito consiste en que la justicia efectivamente se fortalezca. Si los jueces no cierran de manera rápida y acertada los procesos, poco importa que la Policía haga su trabajo. De aquí que quede claro que a pesar del ruido que hará la reforma a la justicia, más que en los avances formales, la cartera deberá ser evaluada en sus avances materiales. No es mentira que la congestión está haciendo a la justicia inoperante.

Es imprescindible evaluar el resultado de los juzgados temporales creados para la agilización de la justicia administrativa, al tiempo que se decide sobre implementar en esta rama también la oralidad. En ese sentido, es imperativo revisar el sistema penal acusatorio; una buena idea, pero puesta en marcha de golpe. Tanto es así que ni siquiera cuenta con la infraestructura requerida. No sólo los jueces, sino las salas de audiencia, escasean. Revisar lo recorrido, aumentando la cantidad y calidad de los investigadores, las adecuaciones y la tecnología, además de la misma cultura jurídica para que acepte códigos más operativos, es lo que se espera que haga el nuevo ministerio. De nada nos sirve el más pulido esquema de pesos y contrapesos, si el promedio de los procesos administrativos es de 20 años y los procesos penales corrientes, como el que resulta de un accidente de tráfico, puede tardar, si se corre con suerte, de dos a tres años.