El plan B de la ilegalidad

Aunque el Gobierno anunció un decreto para poner en cintura el mercado negro de la telefonía móvil, quienes están en ese medio ya saben qué hacer para evitar la extinción del negocio.

Pese a la intención que tiene el Gobierno para impedir que los celulares hurtados en Colombia sean comercializados, mediante las barreras que tratan de poner los proveedores de redes y de servicios en telecomunicaciones de la mano con los usuarios, los dueños y señores del mercado negro de la telefonía móvil parecen no temer el fin de su negocio y ya piensan en nuevas modalidades para evitar que su “emporio” se desplome.

El Decreto 1630 de 2011 busca impedir que el mercado negro manipule el código de 15 dígitos que tienen los celulares —Identificador internacional del equipo móvil (Imei)—, pero quienes están en este mundo saben que “la cuestión es sencilla”, debido a que a un teléfono robado le pueden cerrar las bandas locales, pero no las internacionales.

Según fuentes del mercado ilegal, en el momento que un teléfono es hurtado, se verifica que no aparezca reportado. Si se encuentra bloqueado, el dispositivo se conecta a una caja que permite acceder a la información privilegiada del mismo para así modificarla.

Para liberar un smartphone o un celular de alta gama, se hace un pago en línea que oscila entre 40 y 50 euros. Para dispositivos de rango medio, el costo es de $40.000 o $50.000. Cuando se cambia el Imei, se falsifica el código de barras que lleva el teléfono detrás de la batería.

A falta de otro método, las facturas de compra de los teléfonos que llegan de España, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y Centroamérica se falsifican. Para quienes están en el mercado negro, no hay manera de verificar en Colombia si los comprobantes de adquisición son originales. Otra vía de escape es poner el Imei de un teléfono barato a uno costoso, con el fin de confundir a los operadores de telefonía móvil.

Los mercaderes ilegales aseguran que las cosas van a ser mejores debido a que los precios de los teléfonos van a subir. Liberar dispositivos, según fuentes del mercado negro, va a ser más clandestino. Además, prevén que secuestrar dispositivos se ponga de moda con el fin de cobrar recompensas que oscilan entre $100.000 y $200.000.

Un alto directivo de una compañía de telefonía móvil, quien pidió no ser mencionado, manifestó que no se puede negar que la venta de repuestos robados seguirá existiendo y aseguró que la ola de hurtos puede ser más controlable teniendo las listas positivas y negativas.

Dijo que ante la eventual falsificación de facturas, los operadores móviles pedirán a los dueños de los expendios de teléfonos los certificados de importación. Reconoció que en el mercado negro hay buenos hackers y advirtió que en materia judicial las cosas no van a ser nada fáciles para quienes estén en el negocio. “Si en el día abren 20 teléfonos, se va a bajar a tres. No sé qué tan rentable sea si no va a tener movida masiva”, aseguró el directivo, quien considera que las ventas se van a incrementar para las firmas de telefonía.

El decreto exige que quienes comercialicen teléfonos tendrán dos meses de plazo contados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que obtengan la autorización de venta al público. Además, los operadores deberán asumir los costos de implementar las bases de datos que soporten los registros negativos y positivos (teléfonos reportados como hurtados o extraviados y también ingresados legalmente al país).

El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Diego Molano Vega, manifestó que si los delincuentes le dan al teléfono un nuevo número, no podrán ponerlo en el mercado porque no estará en el listado de dispositivos legales. Explicó que el Ministerio está trabajando con los fabricantes de equipos para impedir que en la ilegalidad se borre el Imei.

Según el titular de la cartera de las TIC, el Gobierno está estudiando la penalización de la apertura de bandas de teléfonos que hayan sido robados.

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