El proceso de AIS

El pasado viernes, durante la audiencia de imputación al exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo de AIS, tanto la defensa como la Fiscalía General destaparon sus cartas.

Tal vez no todas, pero sí más de las que se esperaban y, ciertamente, más de las que se requerían. No era el momento definitivo del proceso, pero la Fiscalía quería la detención preventiva como medida de aseguramiento. Las razones: una posible obstrucción de la justicia, además de una latente amenaza para la comunidad. Este último temor de la fiscal Morales no fue compartido el martes por el juez de control de garantías, Orlando Fierro. Sin personería jurídica ni acceso a los recursos públicos, aseguró el magistrado, no había indicios de que Arias representara un riesgo para los colombianos. El uso de influencias para entorpecer la investigación fue otro asunto. Las visitas, extensas y algunas por fuera de los horarios regulares, a funcionarios también investigados, constituyeron pruebas suficientes para que la privación de la libertad, una medida en principio excepcional, fuera decretada mientras culmina el proceso.

Los más garantistas han considerado mal acreditada la petición de aseguramiento, avalada, por lo demás, por un juez de cargo medio. Difícil, aseguran, que un funcionario decida enfrentarse, incluso a falta de pruebas, a la más alta instancia acusadora. Sin embargo, para la detención preventiva bastan indicios, no evidencias; e indicios, al parecer, sí los hubo, aunque la calidad de la investigación esté todavía por demostrarse. Una calidad que hay que tener cuidado no se vaya a disipar en el espectáculo mediático. Finalmente, es mucha la visibilidad que han ganado las audiencias transmitidas en vivo, y a más espectadores, mayores las presiones. Pero la ganancia en transparencia es invaluable; a la luz, por fortuna, no sólo están los escándalos, sino también la labor de la justicia. El reto de los magistrados, y también de la Fiscalía, es no enceguecerse por las cámaras. La línea es delgada: pierde la democracia si no hay resultados de la justicia, pero pierde igualmente si por los resultados se flaquea en el respeto a los códigos y procedimientos.

Hay que tomarse en serio las reglas, al igual que los recursos. Por ello, no deja de ser incómodo, por no decir osado, que la defensa del exministro se haya negado a impugnar la decisión, como quien no cree en el sistema, o se cree por encima del mismo. Algo que, por lo demás, creyeron muchos en el pasado gobierno. Pero lo creyeron mal y a rendir cuentas, por lo menos, están siendo llamados varios. Lo cual está bien, aunque es necesario bajar los ánimos. Cada cosa en sus justas proporciones. Los procesos de corrupción de la pasada administración ya están mediatizados. No hace falta hacer más complejo el panorama politizándolos.

El proceso de Arias ciertamente no es “una traición más del presidente Santos” a su antecesor. Y no es, ni puede serlo tampoco, una reivindicación popular tras las irregularidades que se han destapado. Es un proceso en el que se espera que la justicia falle con toda contundencia pero, también, con toda seriedad. Mientras tanto, surge una lección clara: los ministros llegan al Gobierno a gastar capital político, no a ganarlo. Enderezar el país implica tomar decisiones impopulares y afectar amañados intereses. Pero para poder gastar, se requiere de peso, de criterio, de trayectoria. Y además, de la experiencia y la edad para no obnubilarse con el poder, pues el poder en esta democracia —vaya si quedó claro en el último año— se rota.