El pulso por la Auditoría

Red de Veedurías Ciudadanas solicitaría al Consejo de Estado devolver la terna.

Por disposición constitucional, la vigilancia de la gestión fiscal que realizan la Contraloría General y las 62 contralorías territoriales y distritales del país le corresponde al auditor general de la República, funcionario elegido por períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna conformada por la Corte Suprema de Justicia. El tiempo del actual auditor, Iván Darío Gómez Lee, finaliza el próximo 31 de mayo y desde el pasado mes de febrero, la Corte realizó la convocatoria pública para elaborar la terna, a la cual se presentaron 72 aspirantes.

En días pasados, el alto tribunal tomó la decisión y anunció los nombres de los ternados: Jaime Raúl Ardila Barrera, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, rector de Corpocide —institución educativa de esa misma ciudad— y primo del senador liberal Jaime Durán Barrera; Carlos Hernán Rodríguez Becerra, actual contralor del Valle del Cauca, abogado con especialización en Derecho Administrativo, exdiputado, exconcejal de Cali y exsecretario de Planeación Departamental; y Luz Helena Arango Cardona, actual jefe de Control Interno del Ministerio del Interior y de Justicia, administradora de empresas, exauditora de las Empresas Públicas de Medellín, excontralora de Sabaneta y exsecretaria general de la Contraloría de Antioquia.

La elección del nuevo auditor no es de poca monta. Vigilará la gestión fiscal de 63 contralorías en las vigencias 2010 y 2011, con la facultad de revisar actuaciones u omisiones anteriores y en el caso de la Contraloría General, el tema que está sobre la mesa tiene que ver con la auditoría al último año de la gestión de Julio César Turbay Quintero y el primer año de la actual contralora Sandra Morelli. Sin embargo, más allá de los alcances de esas funciones, alrededor de la designación del auditor se viene dando un pulso de fuerzas en el que corren rumores sobre intereses y respaldos detrás de los ternados.

Por ejemplo, se dice que Ardila Barrera —quien también aparece en la lista de 16 aspirantes a un puesto en la Sección Quinta del Consejo de Estado—, es ficha del procurador Alejandro Ordóñez, de la misma contralora Morelli y del actual auditor, Iván Darío Gómez. De Rodríguez Becerra, las versiones en los mentideros políticos señalan que cuenta con el respaldo del vicepresidente Angelino Garzón. Y en cuanto a Arango Cardona, se habla de que es la cuota del excontralor Turbay Quintero y que la apoya el exministro Fabio Valencia Cossio.

Pero además, de por medio están también las conocidas diferencias surgidas entre Sandra Morelli y la gestión de Julio César Turbay Quintero, con cuestionamientos en temas como Agro Ingreso Seguro y la contratación con los Nule. Bien es sabido que a su llegada a la Contraloría, Morelli ordenó mediante sendas resoluciones internas la elaboración de un inventario de indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal.

A su vez, en la vigilancia que la Red de Veedurías Ciudadanas le efectuó a la labor de Turbay Quintero por excesiva contratación, marchitamiento de la participación ciudadana y gestión fiscal, encontró que en marzo de 2009 archivó el proceso de responsabilidad fiscal de Orbitel que la Contraloría General de Medellín venía adelantando desde 2007, por una cuantía de $108 mil millones. La Veeduría le solicitó recientemente a Morelli la reapertura del proceso advirtiendo que sí hubo daño fiscal a EPM y que no se tuvieron en cuenta la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente.

En ese orden de ideas, la elección próxima del titular de la Auditoría General de la República denota un pulso entre Morelli y Turbay Quintero. El meollo del asunto es que la Red de Veedurías Ciudadanas considera que el nuevo auditor no debe representar ni los intereses de ningún contralor ni del mismo gobierno actual ni del anterior. Por eso, según conoció El Espectador, podría solicitarle en próximos días al Consejo de Estado devolverle a la Corte Suprema la actual terna para que vuelva a barajar pues, en su concepto, hay demasiados intereses en ella.