El pulso por la tierra

Mientras el Gobierno construye un proyecto de desarrollo rural, el Polo ya tiene una propuesta en la materia.

En un país de 114 millones de hectáreas, donde hoy apenas cinco millones están dedicadas a la agricultura, mientras que 39 millones se utilizan para ganadería extensiva, los cultivos ilícitos alcanzan 62.000 y las vocaciones de la tierra son violadas sistemáticamente, la necesidad de implementar una nueva política agraria y rural es evidente.

La ley de desarrollo rural ha sido hoy y siempre una de las promesas aplazadas por los gobiernos colombianos. El presidente Juan Manuel Santos, que ha demostrado en su primer año de gobierno tener la ambición de romper con las costumbres políticas y poner en marcha una inesperada estrategía  reformista, sabe muy bien de la necesidad de impulsar una nueva política agraria en Colombia.

El Ministerio de Agricultura, con Juan Camilo Restrepo a la cabeza, ya trabaja en la construcción de un proyecto legislativo en esta materia, el cual será presentado al Congreso en septiembre. Sin embargo, la bancada del Polo Democrático, liderada por el representante Hernando Hernández, ya tiene listo un borrador de la ley general agraria y de desarrollo rural que cursará en el Congreso paralelamente al proyecto del Gobierno.

El Espectador tuvo acceso al documento borrador, que será sometido a consultada con las minorías étnicas por el Polo Democrático. La propuesta se basa en la necesidad de revertir la concentración de la propiedad de la tierra, que hoy presenta al 4% de los propietarios con el control del 61% de las tierras de mejor calidad en Colombia.

La iniciativa del único partido en oposición al gobierno Santos es un documento de 335 artículos que versa sobre el restablecimiento de la soberanía alimentaria y el reconocimiento del papel económico, social y cultural de la economía campesina.

El planteamiento de los parlamentarios del Polo insiste en la necesidad de establecer un ordenamiento del aprovechamiento de los suelos rurales, de acuerdo con sus características agrológicas y ecológicas, reduciendo la agricultura extensiva, promoviendo la conservación y el manejo sostenible de los bosques y las zonas de reserva como un sistema productivo de importancia estratégica para el Estado.

También insiste en el fortalecimiento del Incoder como entidad encargada de concretar el ordenamiento social de la propiedad. A la vez propone desentrañar la relación entre el incumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra y el incumplimiento de su función ecológica.

Del documento se desprende que los programas para campesinos, indígenas y afros deberán estar protegidos por un sistema jurídico que los incluya y respete. De igual forma se plantea que cuando se requieran terrenos para adelantar la reforma agraria y los propietarios se nieguen a negociar, se adelantará un sistema de expropiación con indemnización por vía administrativa.

Finalmente, se propone fomentar las Zonas de Reservas Campesinas como forma de conservación ambiental y protección frente al desplazamiento, y el financiamiento integral para los beneficiarios de la reforma agraria.

El proyecto parlamentario se orienta a promover una utilización agrícola de los suelos incentivando la reducción de la ganadería extensiva, la búsqueda de subsidios para pequeños y medianos campesinos, la inviolabilidad de las zonas de reserva forestal y la utilización de las fuentes de agua como un recurso motor del agro. Al parecer, las intenciones tanto del Polo como del Gobierno apuntan en la misma dirección, habrá que esperar a ver cuáles son las diferencias entre una y otra visión de la tierra en Colombia.