En defensa de la memoria histórica

AHORA QUE SE DISCUTE EL INMInente fin de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), un tema que no puede pasar inadvertido, entre los muchos que ameritan discusión, es el del futuro del Grupo de Memoria Histórica.

Según una proposición aditiva aprobada en el Senado, de la ley de víctimas dependerá, en adelante, la creación de un Centro de Memoria Histórica adscrito a la Presidencia. Por consiguiente, es razonable considerar que las labores del equipo que dirige el historiador Gonzalo Sánchez continuarán su cauce normal, no obstante los cambios institucionales.

Y es que lo primero que habría que rescatar del momento histórico que se inició con la Ley de Justicia y Paz, en 2005, es la importancia misma que adquirió la memoria, entendida acá, de manera probablemente reductora, como un reclamo permanente frente a la impunidad. Este es un logro decisivo que le asigna, de entrada, un papel destacado a las víctimas.

Ya en ese entonces quedó establecido que el Grupo de Memoria Histórica debía trabajar hasta 2013, momento en el que haría entrega de un informe final que le dé una mayor coherencia a los trabajos hasta ahora presentados, que a algunos críticos les parecen pocos, acaso con razón, pero que deben ser evaluados en términos de su detalle y rigurosidad.

Sin mencionarlos todos, vale la pena recordar, por lo pronto, algunos de sus títulos: La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra; Trujillo: una tragedia que no cesa; Bojayá: la guerra sin límites; La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira; Rochela: memorias de un crimen contra la justicia, y La tierra en disputa: memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe. Un informe final, entonces, podría sentar las bases para el inicio de una Comisión de la Verdad como la discutida desde hace ya algún tiempo por distintos sectores institucionales.

Si intentáramos, pues, un balance de lo conseguido, quizás habría que comenzar por reconocer que la metodología empleada fue la acertada. Tras un periodo de conflicto tan largo, en el que no hay una violencia sino varias, además de múltiples actores y otras tantas especificidades regionales, proceder a partir de casos emblemáticos a la hora de iniciar las investigaciones resulta estratégico, así como humilde y realista.

Si se necesitaran pruebas del impacto positivo que tuvieron los informes habría que mirar hacia las comunidades y escenarios locales y regionales, así como hacia la propia prensa, que cubrió con amplitud los eventos conocidos como Semana por la Memoria. Gracias a estos espacios, en los que el lenguaje académico de algunos informes fue complementado con obras de teatro, documentales, exposiciones fotográficas y sesiones musicales, las comunidades involucradas, las víctimas, las universidades, las organizaciones sociales y hasta los críticos tuvieron una primera tribuna para debatir los siempre conflictivos temas que recorren la memoria de los pasados traumáticos.

El acierto fue tal que la comunidad internacional no tardó en reconocer el trabajo del grupo de Memoria Histórica. Es más, no obstante que entre los expertos de la llamada justicia transicional es hoy un lugar común afirmar que es imposible construir verdad y memoria en medio del conflicto, lo que ha quedado claro, en últimas, es que no sólo es posible sino necesario.

En síntesis, esta ya no una tarea exclusiva del Estado, o una decisión que debamos agradecerles a determinados actores políticos. Por el contrario, la memoria se convirtió en una exigencia de la sociedad y las comunidades locales. Con o sin ley de víctimas, el reto hacia adelante es mayúsculo, el Congreso y el gobierno del presidente Santos están en la obligación de garantizar que el Grupo de Memoria Histórica lleve a feliz término las tareas que le fueron encomendadas.

 

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