En defensa del fuero

General Alejandro Navas, comandante del Ejército, reconoció "descuidos" y pidió perdón. Alto mando castrense rechazó que militares sindicados y condenados vayan a cárceles comunes.

El debate de control político realizado a los ministros de Defensa, Rodrigo Rivera; del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, por cuenta de las irregularidades en los centros de reclusión militar y la falta de medidas de protección a la asesinada jueza Gloria Constanza Gaona, quien investigaba el caso de violación y asesinato de la menor Jenny Torres y sus dos hermanos Yimmy y Jefferson –en el que estaría involucrado el subteniente Raúl Muñoz–, sirvió de escenario para defender a capa y espada el fuero de los miembros de la Fuerza Pública en cuanto al cumplimiento de sus condenas en centros especiales.

Eso sí, el alto mando castrense asumió la responsabilidad sobre los abusos que se venían presentando en dichas cárceles, mientras que el ministro Rivera los atribuyó a “actos de corrupción pero no una actitud institucional”. Fue precisamente el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, quien presentó un informe detallado reconociendo las violaciones al reglamento penitenciario que se presentaron en el ahora denominado por la revista Semana como el “Tolemaida Resort”.

Pero uno de los temas que más llamaron la atención en el acto de ‘contrición’ del general Navas fue el reconocimiento de que las cabañas que fueron habitadas por algunos militares retenidos en Tolemaida, y que posteriormente fueron empleadas para las visitas de los familiares de los internos, no fueron construidas con presupuesto del Ejército. “¿De dónde salieron esos recursos? Son donaciones particulares, producto del espíritu de cuerpo que se desarrolla entre los militares, de pronto mal aplicado en circunstancias como estas”, advirtió el alto mando.

Aunque con esta confesión no descargó la responsabilidad sobre los generales (r) Óscar González o Mario Montoya –como lo planteó Semana–, Navas sí reconoció que fueron construidas con donaciones de miembros o exmiembros de la Fuerza Pública. Mea culpa también hizo el comandante del Ejército frente a las solicitudes de inspección por parte del Inpec y que no fueron permitidas.

Pese al reconocimiento de estas faltas a la normatividad penitenciaria, el punto de honor en el marco del debate fue la defensa del fuero militar en materia de reclusión de miembros de la Fuerza Pública. El ministro Germán Vargas Lleras afirmó que durante su carrera ha sido un férreo defensor de los militares y que en el Estatuto Penitenciario está claro que no se toca el tema de los fueros.

“Lejos de nosotros está la intención de bajar la moral de la tropa, pero quienes son condenados por delitos que implican la violación de los Derechos Humanos, que son actos que deshonran a las Fuerzas, deben cumplir las condenas en centro de reclusión ordinario”, enfatizó Vargas Lleras, quien aclaró que el ofrecimiento de la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, lo realizó porque podría ser útil para liberar de esta carga a las nueve guarniciones militares que hay en el país.

Uno de los citantes al debate, el senador Manuel Virgüez, aseguró que en febrero, luego de la denuncia realizada por El Espectador el 17 de enero, donde se dio a conocer el incumplimiento de las normas penitenciarias de parte del mayor (r) del Ejército Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, presunto jefe de seguridad de Don Diego, realizó una visita al centro penitenciario de Tolemaida y encontró una cárcel con condiciones de seguridad y de resocialización que respetan la dignidad de los reclusos y acogen las reglas penitenciarias.

A su vez, el presidente del Congreso, Armando Benedetti, le propuso al ministro Rodrigo Rivera, que la comisión de verificación para las denuncias sobre irregularidades en las cárceles militares, que ya está operando, cuente con la participación de algunos senadores. El Ministro accedió a la propuesta y se decidió que en dicha comisión estarán Carlos Ramiro Chávarro, Manuel Virgüez, Juan Lozano y Camilo Romero. “Nuestra disposición es de total transparencia, de total apertura y cualquier hallazgo será objeto de determinaciones por parte del mando militar y del ministerio de Defensa”, declaró Rivera.

El senador del Polo Democrático Camilo Romero, uno de los citantes al debate, lamentó que en Tolemaida se presenten “tratamientos especiales para militares presos en abierta contradicción con nuestra normatividad”, dijo, agregando que los hechos se anticiparon en un informe de la Procuraduría de 2009 y en un documento del Ejército, pero hubo omisión del contenido de dichos documentos. “¿Será Ministro de Defensa que usted puede renunciar ante hechos como este o tenemos que escudarnos en el derecho penal con todas las laxitudes? Coincidimos en el diagnóstico y no en la conclusión, pero ustedes como Gobierno deben asumir la responsabilidad política”, concluyó Romero.

En cuanto a la investigación en el caso de la violación y asesinato de la menor Jenny Torres y de sus dos hermanos, en Arauca, así como las medidas tomadas para aclarar el asesinato de la jueza Gaona, el encargado en responder fue Vargas Lleras, quien aseguró tener en sus manos la certificación de que, pese a la gravedad de los casos que investigaba, la funcionaria jamás había manifestado que se sentía desprotegida.

No obstante, el ministro celebró que la investigación contra el subteniente Raúl Muñoz, involucrado en la violación, haya sido trasladada a Bogotá por decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero afirmó que no se puede anticipar una responsabilidad de las Fuerzas Militares en este asesinato. “La jueza Gaona era responsable de 90 casos: 50 contra guerrilleros, 20 más contra narcotraficantes y otro tanto contra delincuentes de alta peligrosidad. Es claro que ella requería medidas especiales de seguridad, pero nunca las solicitó, y no por eso se puede asegurar que el homicidio obedece al proceso contra el subteniente”, afirmó.

Las respuestas del ministro no tuvieron buena acogida en el senador Camilo Romero, quien aseguró que en un Estado Social de Derecho, como es Colombia, no puede haber territorios vedados para la justicia. El congresista agregó que “en este caso está el agravante de que el subteniente Muñoz, aunque ya reconoció la violación de la menor más no el asesinato, cuenta con el apoyo de la Defensoría Militar (Demil), por medio de la cual ha dilatado el proceso cambiando de abogado en cuatro ocasiones, en lo que demuestra un claro irrespeto por la justicia”.

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