En una tormenta judicial

El próximo asesor del gobierno Santos en materia de derechos humanos como delegado de la OEA afronta una tormenta judicial que no pareciera amainar pronto.

Baltasar Garzón Real, el superjuez de la Audiencia Nacional española que cobró protagonismo internacional al procesar al dictador chileno Augusto Pinochet; el mismo que en esa misma línea escarbó los expedientes perdidos del franquismo para procesar su barbarie y terminó enjuiciado por cruzar las fronteras de la amnistía; el polémico y mediático, suspendido y reencauchado como asesor de la Corte Penal Internacional; el próximo asesor del gobierno Santos en materia de derechos humanos como delegado de la OEA, afronta una tormenta judicial que no pareciera amainar pronto.

El Tribunal Supremo ordenó la apertura de un nuevo juicio en su contra porque, ni más ni menos, ordenó grabar los encuentros privados en la cárcel entre los abogados y varios de los procesados en una investigación que conducía por corrupción y que hoy salpica al Partido Popular. El Tribunal censuró estas prácticas violatorias de las garantías constitucionales porque “en un Estado de derecho el fin de la búsqueda de la verdad no justicia cualquier medio”.

La historia de este enredo judicial comenzó en agosto de 2008 cuando a Garzón le correspondió investigar a unos influyentes empresarios que, presuntamente, a través de jugosos sobornos a altos funcionarios se hacían a millonarios contratos y concesiones. De hecho, la primera autoridad de la comunidad de Valencia, Francisco Camps, fue imputado por la justicia por varios delitos relacionados con este proceso (conocido en España como “el caso Gurtel”). Muy a pesar de esto, Camps es la carta del PP para los comicios regionales del próximo 22 de mayo. Garzón encontró evidencias de delitos que iban desde el blanqueo de dinero o defraudación fiscal hasta el tráfico de influencias. Poco después ordenó la captura de tres de las señaladas cabezas de esta organización.

Una vez en prisión, y al considerar que los abogados de los procesados podrían constituirse en sus “enlaces” para seguir delinquiendo, Garzón ordenó grabar por casi dos meses todos los encuentros confidenciales que tuvieron para preparar su defensa “con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de obtener mediante la utilización de medios lícitos”.

Según el Tribunal Supremo, sobre los abogados nunca hubo sospechas y, aún así, el juez persistió en las interceptaciones ilícitas “con la finalidad de aguardar nuevos frutos para su investigación”. El magistrado del Tribunal Supremo que adelanta el proceso contra Garzón, Alberto Jorge Barreiro, concluyó sin rodeos que estas prácticas no se compadecen con la administración de justicia. Ya antes había sentenciado: “En los Estados constitucionales son los medios impregnados de garantías constitucionales los que legitiman los fines, no a la inversa”.

Baltasar Garzón, como casi todo en España, polariza. Sus defensores critican que sea objeto de señalamientos por su interpretación de las leyes, que terminara en el banquillo de los acusados por cruzar las fronteras de lo políticamente correcto para desentrañar organizaciones corruptas o por atreverse a desempolvar los crímenes del franquismo, si bien haber hecho lo mismo en otras latitudes, con otras dictaduras, le granjeara reputación mundial. En orillas muy contrarias sus acérrimos enemigos lo fustigan por sus excesos, sus atribuciones de superjuez para desobedecer los más elementales conceptos del derecho, su afán de protagonismo y haber ido a escampar en la Corte Penal Internacional (CPI) mientras lo investiga el Tribunal Supremo para dar la sensación de ser un perseguido judicial.

Al Tribunal de Estrasburgo acudió Garzón para reversar el proceso en su contra por su empeño en desandar los pasos del genocidio de Francisco Franco para que las víctimas de cuatro décadas de dictadura sean resarcidas. Hace poco dijo con desenfado que se sentía orgulloso de estar procesado por ello. El lío es que también lo está por el caso Gurtel y por otro más porque supuestamente se hizo a unos dineros de más en desarrollo de unas conferencias que dictó en Estados Unidos hace cinco años. El presidente Juan Manuel Santos lo respaldó durante su paso por Madrid hace dos días. “Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario”.