Entre finanzas públicas y derechos

Acto legislativo es la iniciativa gubernamental que más diferencias ha generado en la coalición de Unidad Nacional. Quienes se oponen al proyecto alegan que es un golpe a la Constitución de 1991 y acaba con la acción de tutela.

El proyecto de acto legislativo de sostenibilidad fiscal —una de las principales propuestas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de su ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry—, ha generado fuertes discrepancias entre los partidos que forman parte de la Unidad Nacional, pues hay quienes consideran que la aprobación de esta modificación constitucional sería un golpe fulminante al espíritu del Estado Social de Derecho que establece la Carta Política y a la principal herramienta para defender los derechos ciudadanos: la acción de tutela.

Por el contrario, quienes defienden la iniciativa sostienen que hay que tener un estricto control en el gasto para garantizar el acceso de los ciudadanos a los derechos políticos, sociales y económicos. Como lo afirma el ministro Echeverry, quien ante los cuestionamientos ha planteado que: “La sostenibilidad fiscal es un principio que permitirá al país avanzar en la construcción de unas finanzas públicas sanas para cumplir con los derechos fundamentales de los colombianos más pobres. No existe un dilema entre el Estado Social de Derecho y la sostenibilidad fiscal, este principio lo que busca es cumplir, al combatir el déficit estructural de las finanzas públicas”.

Para los detractores del proyecto, al que le faltan solo dos debates en Comisión Primera y Plenaria de Senado para su aprobación, la solidez de las finanzas de la nación no puede estar por encima de los derechos fundamentales. Afirman que lo que contempla la sostenibilidad fiscal es que los gastos no excedan un tope, aún cuando esté en juego la posibilidad de garantizar derechos como el acceso a la salud. El senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, afirma: “Sí atenta contra el Estado Social de Derecho porque se privilegia el manejo de la deuda y el gasto de defensa, por consiguiente, la iniciativa desprotege el gasto social en educación y salud”. Según el congresista, vamos a pasar “de una Constitución en la que el centro es el ser humano y sus derechos, a una Constitución para la economía”.

Lo claro es que las posiciones frente a este acto legislativo son radicalmente opuestas. Para el representante a la Cámara Jaime Buenahora, quien es el coordinador ponente, asegura que: “Una nación que no maneje de manera responsable las finanzas públicas está condenada al fracaso y jamás podrá construir un verdadero Estado Social de Derecho, es decir, jamas podrá lograr la materialización de los derechos económicos y sociales”. Para Buenahora, en los 20 años que lleva la nueva Constitución se ha visto crecer la brecha entre ricos y pobres, y lo que se busca con esta iniciativa es lograr recursos para garantizar los derechos de forma equitativa.

Casualmente el Partido Liberal, que ha contado con el respaldo irrestricto del Gobierno en iniciativas legislativas como la ley de víctimas y de primer empleo, es uno de los principales opositores de la sostenibilidad fiscal. En el Senado, por decisión de bancada, votaron en contra durante la primera vuelta. En la Cámara, aunque su presidente Rafael Pardo dio la libertad para votar, la mayor parte de los legisladores lo hicieron también en contra, con fuertes intervenciones rechazando la iniciativa.

Así lo hizo el representante Guillermo Rivera, quien instó a sus coopartidarios para no acompañar el proyecto: “Ese acto legislativo va en contravía de los principios históricos que siempre ha defendido el Partido Liberal, como son la prevalencia de los derechos fundamentales y el concepto generoso de Estado Social de Derecho. Nosotros nunca hemos hecho un compromiso de apoyo incondicional al Gobierno, hemos construido una agenda y en este caso nunca llegamos a un acuerdo porque no nos parece conveniente. El presidente Santos es un demócrata y entenderá nuestras razones. El hecho de estar en una coalición no significa que a todo debamos decir que sí”.

Precisamente, ante la posibilidad de que con la aprobación de la sostenibilidad fiscal se pudieran coartar los derechos fundamentales, en especial a la salud —a la cual en múltiples ocasiones se debe acceder mediante acción de tutela—, el Congreso sacó un ‘as’ de la manga y en el quinto debate agregó un parágrafo que no fue del gusto del Ministerio de Hacienda. Este anexo señala que: “Bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa legislativa o judicial, podrá invocar la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales de los colombianos”.

Explica el representante Alfredo Bocanegra, autor de este parágrafo: “El riesgo que se presentaba antes de que se aprobara dicho artículo era que un paciente con una enfermedad de alta gravedad corría riesgo de morir, ya que el hospital podía argumentar que no lo atendería por incurrir en gastos adicionales. Esa razón sería sustentada por la entidad médica amparada en el principio de sostenibilidad fiscal. De ahí la angustia nuestra por acoger esa inquietud”.

Cuando faltan pocos días para conmemorar los 20 años de la Constitución de 1991, y luego de que sus principales defensores sostuvieran que la aprobación de la reelección fue un golpe casi mortal al espíritu de la Carta, se escuchan voces que sostienen que con la aprobación de la sostenibilidad fiscal se estaría acudiendo al sepelio de la acción de tutela como herramienta para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, uno de sus principales logros. El debate está abierto y ahora el Senado tiene la palabra.