EPS, impedidas para financiar campañas políticas

El Estatuto Anticorrupción incluyó un artículo que les prohíbe ser participes en esos aportes.

Un nuevo artículo que ha sido incluido inesperadamente en el Estatuto Anticorrupción busca meter en cintura a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Prácticamente la prohibición a la participación en política por parte de éstas quedará incluida, de acuerdo a lo aprobado en el Estatuto.

El artículo prohíbe que las EPS patrocinen campañas políticas, al considerar que esa práctica, se cumple con los dineros de los colombianos.

“A partir de la expedición de la presente ley ninguna entidad prestadora del servicio de salud en cualquiera de sus modalidades, incluidas las cooperativas podrán hacer ningún tipo de donaciones a campañas políticas o actividades que no tengan relación con la prestación del servicio”, asegura la proposición que presentó el representante Telesforo Pedraza.

Otros puntos del Estatuto, según el Ministerio del Interior

• Las personas o empresa no podrán volver a contratar con el Estado cuando hayan sido responsables de la comisión de un delito de corrupción contra la administración pública o contra el patrimonio público.

• En todas las entidades del sector central los jefes de control interno dependerán directamente de la Presidencia de la Republica.

• No habrán mecanismos alternativos de la pena privativa de la libertad, tampoco habrá suspensión condicional de la misma y tampoco libertad condicional, prisión domiciliaria; ningún beneficio o subrogado cuando se cometan delitos contra la Administración Pública.

• Se amplían los términos de prescripción para las investigaciones de los delitos de corrupción.

• Se sanciona el tráfico de influencia de particulares.

• Quedaran inhabilitados por un término de 2 años los contratistas que reiteradamente le incumplen el Estado.

• Los interventores responderán civil, penal y disciplinariamente por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos en los cuales son interventores.

• Los anticipos que el Estado otorga sólo podrán ser manejados por fiduciarias.

• Se exige que todas las obras públicas tengan diseños en una fase clara antes de que se puedan abrir las licitaciones o suscribir los contratos.

• Dispone que las normas de la Ley 80 le serán aplicables a todas las entidades públicas, salvo cuando la entidad ejecutora desarrolle sus actividades en competencia con el sector privado.

• Se reglamenta todo el tema del cabildeo en corporaciones públicas y en la Rama Ejecutiva.

• Se crea la Comisión Nacional para la Moralización, que será presidida por el propio Presidente de la Republica, y la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción.

• Se faculta al Gobierno para continuar reduciendo todos los trámites burocráticos que dificultan las relaciones de los ciudadanos y del sector productivo con la Administración.