Esperanza en 'Las Pavas'

La Corte Constitucional protegió los derechos de los campesinos, que buscan que se adelante el proceso de extinción de dominio sobre el predio. Por la decisión, hoy no los pueden desalojar.

La batalla que se libra por la hacienda Las Pavas tuvo un nuevo episodio favorable para los campesinos del corregimiento de Buenos Aires, sur de Bolívar, victoria que deja abonado el camino para que el gobierno les adjudique estas tierras, por haber sido ellos los que las hicieron productivas mientras estuvieron abandonadas.

En un reciente fallo de tutela, la Corte Constitucional protegió su derecho a permanecer allí mientras se resuelve el proceso de extinción de dominio sobre la propiedad, que había sido suspendido por el Incoder y ahora por orden de los magistrados tiene que  reanudarse.

El caso tiene antecedentes desde 1995 cuando los campesinos llegaron a la hacienda supuestamente abandonada. Después de varios años, empezaron a reclamarle al gobierno que tramitara la extinción y les titulara.

Sin embargo, llegaron los problemas. Reapareció el dueño Jesús Emilio Escobar Fernández (pariente del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria) y luego los paramilitares, quienes los desplazaron a punta de violencia. Pero fue más la necesidad que el miedo, y los campesinos regresaron para impulsar la extinción de dominio. Justo en medio de esta situación, Escobar Fernández vendió la propiedad y se complicó el trámite. Los nuevos dueños sembraron palma y promovieron el desalojo de los campesinos, por ser invasores de una propiedad privada.

Los campesinos presentaron una acción de tutela y les dieron la razón. Los magistrados revocaron todas las decisiones que autorizaban su desalojo de la hacienda y ordenaron al Incoder a seguir con el trámite de extinción de dominio sobre los predios de Las Pavas, Peñalosa y Si dios quiere.

Los labriegos recientemente habían regresado al predio, pese a haber sido declarados invasores. Allí se encuentran desde entonces y, ahora, con la nueva decisión, no los pueden volver a desalojar, por lo menos, hasta que no se decida de fondo el problema.

“La gente está muy esperanzada con la decisión, que pese a no resolver de fondo el problema, da la posibilidad para que el Gobierno actúe en derecho”, dijo Zoraida Hernández, representante de la Corporación Sembrar, que asistió a los campesinos.

“Esto es una garantía temporal. Sabemos que el Ministerio había dicho que no podía echar atrás las decisiones que había tomado el Incoder, pero con esta decisión ya tienen una herramienta jurídica para acceder a nuestra solicitud”, indicó Hernández.

Y tal como lo dijo la representante de los campesinos, lo manifestó Juan Manuel Ospina, director del Incoder, quien expresó que en este caso estaban maniatados debido a que el proceso administrativo estaba cerrado, pero que ahora lo podrán reabrir gracias a la decisión de la Corte.

Cabe aclarar que este fallo no asegura que el proceso de extinción de dominio vaya a ser favorable a los campesinos. Incluso, los magistrados dicen que debe respetar el debido proceso tanto para los actuales propietarios como para los habitantes de la región que reclaman la tierra.

Por esta razón, también se podría dar una decisión favorable a los actuales dueños de los predios, quienes han insistido que compraron las tierras de buena fe y que para el momento de la negociación no existía algún tipo de restricción sobre ellas.

Por ahora, el caso Las Pavas empieza la recta final de la lucha de unos campesinos que llevan 16 años peleando por tener un terruño donde sembrar y donde vivir.

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