Estado perdió procesos judiciales por $1,1 billones en 2010

El Gobierno admite que en la actualidad cursan en contra de la Nación procesos con pretensiones por $1.003 billones y cuya contingencia se estima en $431,3 billones.

Un informe revelado por la Contaduría General indica que el año pasado, al Estado le costó un poco más de 1,1 billones de pesos los fallos judiciales adversos.

El estudio conocido indica que las pretensiones por demandas contra la Nación supera los 773 billones de pesos, al finalizar diciembre del año pasado. Lo que significa que entre 2009 y 2010, esas demandas se han incrementado en cerca de 50 billones de pesos, debido a que en 2009 las pretensiones de los demandantes era cercano a los 723 billones de pesos.

Según el estudio entregado por la Contaduría General, las entidades más demandadas que perdieron sus casos fueron el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) con 397.000 millones de pesos; la Superintendencia Financiera con casos perdidos por 177.000 millones de pesos; el ministerio de Defensa con 165.000 millones de pesos, el Instituto Nacional de Vías (Invías) con 109.000 millones de pesos; el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) con 113.000 millones de pesos y la Policía Nacional con 52.000 millones de pesos desembolsados por demandas falladas en su contra.

El informe destaca que las demandas contra el Inco e Invías es por cuenta de reclamaciones, incumplimiento y renegociación de contratos. Algunas de las demandas al Ministerio de Defensa se han producido por los casos de los falsos positivos y algunas chuzadas.

Con fallos judiciales adversos y cuantías significativas están también el Consejo Superior de la Judicatura con pagos por 5.900 millones de pesos y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) con 7.300 millones de pesos.

En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno considera que “el aumento de acciones y omisiones de las autoridades públicas continúan generando pleitos contra el Estado, que hoy superan los 170.252 procesos con las consecuencias patrimoniales que implica la indemnización de daños antijurídicos a los ciudadanos ante tribunales nacionales e internacionales”.

Admite que “los esfuerzos realizados resultan insuficientes para enfrentar la problemática descrita y para garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad jurídica y la confianza en el ciudadano”.

En su informe el Gobierno admite que en la actualidad no es posible determinar con certeza ni la cuantía ni el número de procesos en los que es parte la Nación y mucho menos establecer las causas de mayor litigiosidad o los mejores ámbitos para estructurar estrategias de conciliación uniformes.

Advierte el informe que “es necesario diseñar una estrategia eficiente de recolección de información que permita conocer el estado actual de los procesos en contra de la Nación”.

El informe más cercano a la realidad sobre el costo de las demandas en contra de la Nación lo lleva la Gestión jurídica pública del ministerio de Hacienda y Crédito Público, que admite que en la actualidad cursan en contra de la Nación proceso con pretensiones por 1.003 billones de pesos y cuya contingencia se estima en 431,3 billones de pesos.
 

 

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