Exdirector de la DIAN se defiende de acusaciones por caso Nule

Óscar Franco dice que, desde su cargo, no tenía competencia para tramitar cobros a quienes tenían cuentas pendientes, como los Nule.

El exdierctor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Óscar Franco Charry, explicó ante la Procuraduría que él, desde la dignidad de su cargo, no tenía competencia para tramitar cobro de impuestos. La Subdirección de Cobranzas era la encargada, dijo.

El exfuncionario manifestó, no obstante, que el organismo a su cargo sí adelantó esfuerzos encaminados a hacer efectivo el pago de las millonarias deudas adquiridas por los exempresarios Nule desde 2005.

Aclaró que, en general, es muy difícil seguirle la pista a cada caso particular, pero que con todo y eso, durante su gestión, el organismo pasó de no tener pista de las cuentas que tenía por cobrar a efectuar un control efectivo de las deudas y sus deudores.

El pronunciamiento se dio en el marco del juicio disciplinario al que fueron llamados él y el también exdirector de la entidad Néstor Díaz Saavedra y Óscar Franco Charry, por estos mismos hechos.

Al parecer, estos y otros funcionarios fueron omisivos en su función de hacer efectivo el cobro de 37.000 millones de pesos que los empresarios adeudaban al fisco por concepto de impuestos.

La misma decisión cobijó al jefe de la Oficina Jurídica, Camilo Andrés Rodríguez Vargas; el director de Cobranzas, Juan José Fuentes Bernal; y el jefe de Representación Extrena Dirección de Gestión Jurídica, Juan Carlos Guerrero Cárdenas.

El procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito, quien preside la audiencia de formulación de pliego de cargos, manifestó que, al margen de los tecnisismos, lo que se evidencia es que desde la Dirección no hubo iniciativa alguna para recuperar los dineros, sobre todo, teniendo en cuenta el alto volumen de esta deuda.

Pese a los reiterativos incumplimientos por parte de las empresas del grupo económico, la Procuraduría señaló que solo hasta finales de 2010 las direcciones seccionales ordenaron las gestiones tendientes a interponer las respectivas demandas civiles y denuncias penales, con el fin de recuperar los recursos.

La información allí contenida era el prerrequisito para iniciar las actuaciones jurídicas que fueran del caso para exigir el cumplimiento de responsabilidades a los deudores, pero tampoco se evidencia que se hayan impartido directrices en ese sentido, sostuvo el ente de control.

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