Falsos positivos en 2010

De acuerdo con el último informe especial del Cinep, las ejecuciones extrajudiciales aún se presentan en el país y, con respecto al 2009, hubo un incremento preocupante el año pasado.

Las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos continúan, a pesar de las medidas tomadas por el Ministerio de Defensa en noviembre de 2008, cuando estalló el escándalo, y las madres de Soacha reclamaban al Estado justicia y verdad por el asesinato de sus hijos asesinados y presentados por militares como muertos en combate.
 
Esa es una de las principales conclusiones a las que llegó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), luego de llevar un registro de los casos que se presentaron  en 2010, en su banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política.  “Comparándolos con las violaciones ocurridas en 2009, hay un incremento preocupante ya que se pasa de 7 casos y 16 víctimas a 12 casos y 23 víctimas. Es decir que  se presentó un incremento del 58,3% en los casos y de 69,5% en las víctimas”, dice el documento, de doce páginas, que también señala al departamento del Meta con el mayor número de episodios: tres.  Una cifra que se suma al acumulado de procesos por falsos positivos que, según el Cinep, entre 2001 y 2010 es de 562 casos y 1.119 víctimas.

Por otro lado, este centro de investigación identificó una modalidad distinta a la que el país conoció cuando se desató el escándalo: “Los presuntos responsables ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros sino como personas asociadas a la delincuencia común, (…) o  se presentan como errores de operación por parte de la Fuerza Pública”.

Uno de los casos, que reseña el informe fue el de Freddy Rentería en Quibdó (Chocó), muerto el 14 de abril por miembros de la Policía, quienes acudiendo  al llamado de un supuesto robo, dispararon indiscriminadamente sobre él, que había llegado de Bogotá,  y  un grupo de jóvenes. Los policías alegaron que  estaban armados. Enfrentamiento que negaron los testigos.

El panorama judicial tampoco parece ser esperanzador y en cambio es otro de las inquietudes que reposan en el informe. Según la Fiscalía General de la Nación, con información de sus 29 Direcciones Seccionales, el estado de las investigaciones por homicidios presuntamente cometidos por agentes del Estado entre enero 1 de 2001 y el 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: “el número total de procesos o investigaciones son 527, de los cuales el 68% son activos y el 32% restante están inactivos. El mayor número de las investigaciones se encuentran en las seccionales Antioquía, 127 procesos, y Medellín, 103, le sigue la de Cúcuta, con 89 procesos. Estas tres reúnen el 60,5% del total de procesos. Así, le siguen aas direcciones seccionales de Neiva, 31 procesos; Sincelejo, 29; Santa Rosa de Viterbo, 18; Valledupar, 17; Florencia, 16; Bucaramanga y Villavicencio con 11 cada una, y Armenia con 10. Unidas dan cuentan del 21,2% del total de investigaciones”.

En este sentido, el Cinep registró que el total de víctimas en las investigaciones son 654, de las cuales 638 son hombres y 16 mujeres. Esta perspectiva, que documentó 13 casos del año pasado, demuestra que la justicia avanza a paso lento y arroja pocos resultados. Entre 2001 y 2010 hay 146 miembros de la Fuerza Pública con resolución de acusación, el número de sentencias condenatorias son 54 y el de absolutorias y archivadas 13, de acuerdo con el reporte.

A pesar de los ánimos renovados que hoy profesan las Fuerzas Militares, lo cierto es que los mal llamados falsos positivos siguen siendo una realidad en Colombia, que tiene al otro lado del espectro a los familiares de las víctimas preocupados por lo mismo: el vencimiento de términos y la imposibilidad del Estado para protegerlos y garantizarles acceso a la verdad, la justicia y la no repetición.

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