Familiares de inmolados en avión de Avianca demandan Ley de Víctimas

Dicen que allí no se contemplan víctimas del narcoterrorismo, como sus seres queridos, y los de partidos como la UP y el Nuevo Liberalismo.

Familiares de los pasajeros del avión de Avianca fallecidos por el estallido de una bomba instalada por el cartel de Medellín, demandaron ante la Corte Constitucional la recientemente sancionada Ley de Víctimas, por considerar que la forma como fue promulgada la norma no les permite ser reconocidos como los blancos de la violencia que se harían acreedores a la reparación.

Según Federico Arelllano, hijo del inmolado tenor y compositor Gerardo Arellano, fallecido en la tragedia, el hecho de que la norma se refiera a los beneficiarios como aquellos que han resultado afectados por el desarrollo de un conflicto armado interno no contempla a víctimas del narcoterrorismo como probablemente lo son  dirigentes de la Unión Patriótica, la Alianza Democrática M-19 y hasta el Nuevo Liberalismo.

Indicó que, en este caso, no se trata ya de discutir la fecha en la que se cometió la agresión, consideración de por sí discriminatoria, sino la concepción que en el texto se tiene de la víctimas, pues, según esta tesis, dolientes de crímenes como el de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leóngomez y Bernardo Jaramillo Ossa, no estarían contemplados.

Arellano, vocero de la Fundación Colombia con Memoria, le pidió a la Corte que declare inconstitucional el título y el artículo tercero de la Ley, además del texto remisorio
, en los que se determina quiénes pueden ser víctimas receptoras de la reparación.

El texto aprobado por el Congreso de la República y sancionado por el presidente Juan Manuel Santos invoca la búsqueda de recursos para reparar materialmente a quienes hayan sido victimizados con ocasión de la ocurrencia del conflicto armado interno a partir de 1985.

No obstante, la Ley no supedita esta posibilidad a que el victimario haya sido un grupo armado legal o ilegal en particular; así las cosas, se espera que la Corte determine si es viable la aplicación de la norma y bajo qué parámetros, señalando claramente si quienes cayeron por ocasión de hostigamientos de grupos narcoterroristas y agentes estatales también deben ser cobijados con los beneficios.