Fondo de Vigilancia y Seguridad, en la mira de la Contraloría de Bogotá

El ente de control halló irregularidades en el funcionamiento del plan cuadrantes y en un contrato suscrito con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

La Contraloría de Bogotá tiene los ojos puestos en el Fondo de Vigilancia y Seguridad Social (FVS). Por una parte, el ente de control detectó irregularidades en el funcionamiento del plan cuadrantes al evidenciar que existe un desfase diario de aproximadamente 500 patrulleros para prestar atención. De otro lado, el contralor Distrital, Mario Solano Calderón, halló inconsistencias no sólo en un convenio de asociación suscrito entre el FVS y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), sino también en uno que surgió para cumplir con el proyecto entre el este último y Corsocial.

En lo que tiene que ver con el plan cuadrantes, la Contraloría Distrital, luego de visitar varios de los CAI´s de 19 localidades de la ciudad constató que el pie de fuerza para atender (en 3 turnos diarios) los 743 cuadrantes que hay en Bogotá es insuficiente. “Actualmente existe un pie de fuerza de 5.223 policías, pero diariamente hacen falta alrededor de 500 patrulleros”.

El ente de control también verificó que existen inconvenientes en los equipos de dotación y movilidad de los uniformados. Se logró evidenciar que en la mayoría de los CAI no hay suficientes motos ni patrullas para prestar una respuesta inmediata de la policía. Además, muchos de los automotores (motos y patrullas) presentan deterioro y deficiencias en el mantenimiento mecánico debido a que sólo existe un taller, por cuenta del Fondo de Vigilancia y Seguridad, para atender 2.072 motos y 379 vehículos asignados a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog). El valor del contrato para el mantenimiento del parque automotor asciende a los 5.014 millones de pesos por año contratado por el FVS con Autoexpres Morato.

Otro hecho relevante para la Contraloría es que los CAI´s visitados están dotados de equipos de cómputo obsoletos con grandes limitaciones tecnológicas, como el acceso a internet. No todos los CAI´s cuentan con impresoras y los que tienen, o están dañadas o no hay suministro de cartuchos para imprimir.

Llama la atención, que según los cálculos de los mismos uniformados, cada uno gasta de su salario, un promedio de $150.000 pesos mensuales en la adquisición de papelería y fotocopias, debido a la falta de dotación de suministros de oficina que afectan notablemente el funcionamiento de la labor policial.

Igualmente, en el informe de auditoría se encontró que existen deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones. Se encontraron baterías sanitarias fuera de servicio además de fallas en las redes eléctricas.

Contrato entre el FVS y el IDRD

Luego de una carta enviada el pasado 23 de junio por el concejal Javier Palacio Mejía al contralor de Bogotá, Mario Solano Calderón, en donde le solicitaba investigar un convenio de asociación entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad Social (FVS) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Contraloría le respondió que efectivamente hay inconsistencias en el contrato, no solo efectuado entre dichas entidades sino también en uno que surgió para cumplir con el proyecto entre el IDRD y Corsocial.

Es inaceptable que el Fondo de Vigilancia de Bogotá despilfarre dinero que podría ser invertido en la seguridad de los capitalinos en un convenio que presenta irregularidades desde su adjudicación con un monto de más de 720 millones de pesos con una fundación vinculada al carrusel de contratos, es mi misión denunciar y lo seguiré haciendo”, manifestó el cabildante.

El convenio 074 de 2009 surgió cuando el Fondo de Vigilancia y Seguridad Social le solicitó al IDRD desarrollar programas para el aprovechamiento de las actividades lúdico – recreativas y pedagógicas en escenarios que ofrezcan propuestas educativas, pedagógicas y culturales en diferentes ejes temáticos entre ellas caminatas, visitas a museos, parques y salidas ecológicas.

La suscripción de dicho contrato fue en noviembre 12 de 2009. La fecha de inicio el 20 de mayo de 2010 y la fecha de terminación el 19 de noviembre del mismo año.

El aporte del FVS fue de $720 millones, los aportes del IDRD están representados en la cooperación técnica, en capacidad organizativa, y sustento social; infraestructura administrativa y de gestión; ejecución de los procesos requeridos para la realización del objeto del presente convenio; y cooperación permanente.

Las obligaciones del IDRD se centran en destinar los recursos aportados por el Fondo para la ejecución de su objeto. Suministrar información detallada de los beneficiarios a intervenir en las localidades de Suba y Usaquén. Información detallada de los sitios escogidos por el IDRD para la realización de salidas pedagógicas. Celebrar contratos, acuerdos y convenios que sean necesarios para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio.

De ese punto surgió un nuevo convenio. El IDRD se asoció con Corsocial para llevar a cabo el contrato con el FVS.

Las obligaciones del IDRD en este sentido era entregar a Corsocial el valor de los aportes del FVS. Los aportes por parte del IDRD serán por un valor de 720 millones de pesos, el aporte por parte de Corsocial es de 36 millones ofrecidos en bienes y servicios.

Las inconsistencias que halló la Contraloría son:

1. El convenio entre el IDRD y el FVS fue suscrito el 12 de noviembre de 2009 y el acta de inicio es del 20 de mayo de 2010, mientras que el convenio de asociación con Corsocial fue suscrito el 28 de enero de 2010, sin haberse iniciado el primer contrato.

2. El convenio entre el IDRD y el FVS suscribió el otrosí No. 1 en el cual señaló que: El FVS hará entrega de los aportes a quien designe el IDRD, no obstante, en el convenio con Corsocial se observó:

En ninguno de sus aportes el IDRD señaló que los pagos deberían ser realizados por el FVS a Corsocial.
• La cláusula 5 estableció: Los aportes por parte del IDRD al convenio de asociación serán por un valor de 720 millones de pesos, situación que no es cierta por cuanto los recursos son del FVS.
• La cláusula 7 señaló: El IDRD hará entrega de los aportes a Corsocial con cargo a los recursos del FVS como aporte recibido para terceros”, lo cual no es cierto, en primer lugar no se trata de aportes, el IDRD no tenía que realizar ningún aporte económico, por lo tanto, no debió incluirse. En segundo lugar, la expresión “como aporte recibido para terceros” tampoco es cierta, por cuanto de acuerdo a lo observado en los soportes allegados y las precisiones de quien fue el supervisor el FVS nunca transfirió dinero alguno de su presupuesto al IDRD.

3. El origen del convenio entre Corsocial y el IDRD no se cumple porque ninguno de los escenarios utilizados, según versión dada por el supervisor del contrato, están bajo la cobertura del IDRD.

4. Los aportes por parte de Corsocial de 36 millones de pesos no se ven evidenciados, pues Corsocial hace referencia al equipo de trabajo integrado por 13 personas distribuidas en 10 auxiliares, 1 para gestión operativa, 1 para comunicaciones y transporte y 1 para registro fotográfico. No obstante, en la propuesta de contrapartida, que supuestamente es el aporte de Corsocial incluyen: 1 abogado, 1 contador, 1 mensajero, 1 secretaria, para un total de cuatro personas, que bien pueden estar incluidas en las 10 que denominaron auxiliares, pues de lo contrario no se entendería el aporte de tan solo once chalecos que serían la identificación del personal.

“De lo anterior se presume que la llamada “contrapartida” de $36 millones que dio origen al denominado convenio de asociación no fue real, pues no es evidente el aporte económico”.

Al respecto, el contralor de Bogotá, Mario Solano Calderón, dio las siguientes conclusiones:

Si bien es cierto que la ley permite este tipo de convenios, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora para el caso del convenio interadministrativo 074 con el cual se da origen al convenio de asociación 008, atenta contra la ética pública e infringen la transparencia en la forma de contratación. Los convenios suscritos ante las normas existentes son legales, pero la laxitud de las mismas compromete la ética de lo público.

El IDRD no percibió ingreso alguno, pues no utilizo ninguno de los escenarios recreodeportivos que están bajo su cobertura como organismo dedicado a la recreación y el deporte, de donde se desprende que más bien dejó al descubierto que la falta de un departamento dedicado al mercadeo y venta de servicios le permitió obrar con negligencia administrativa y simplemente sirvió de intermediaria en un negocio en el que tuvo que sacrificar a uno de sus funcionarios como supervisor de los mencionados convenios.

“En cuanto a la realización de cumplir con la salida pedagógica para 10 mil niños de las localidades de Suba y Usaquén, se cumplió, pero el fin no justifica los medios. La forma de contratación eludió un proceso licitatorio que debió ser lo correcto dada la cuantía de 720 millones de pesos.