Fraude y violencia, las amenazas

Ayer fue asesinado un candidato al Concejo de San Onofre (Sucre). Según un estudio oficial, al menos el 10% de los municipios de Colombia se encuentran en riesgo de violencia y corrupción.

El sábado 9 de julio fue asesinado por desconocidos Wilton Ramírez Arroyave, candidato al concejo del municipio de Caldas (Antioquia) por el Movimiento Inclusión y Oportunidades (MIO). Ese mismo día, Fernando Vargas, aspirante por Cambio Radical a la Alcaldía de Yumbo (Valle del Cauca), resultó herido en un ataque de sicarios cuando departía en un bar con varios amigos. Dos días más tarde murió como consecuencia de las heridas.

El martes pasado, el concejal Dagoberto Ojeda, de la localidad de Francisco Pizarro (Nariño), y Ferney Satizábal, candidato a la Alcaldía de ese mismo municipio, fueron secuestrados por guerrilleros de las Farc que interceptaron las lanchas en las que viajaban junto a otras 18 personas. Ayer fueron liberados. El miércoles, Gabriel Castillo, aspirante al concejo de El Dovio, fue asesinado en el caserío de La Esperanza, en jurisdicción de ese municipio vallecaucano. Y ayer fue muerto por pistoleros Óscar Castro Julio, candidato del Partido de Integración Nacional (PIN) al Concejo de San Onofre (Sucre).

Cuando faltan poco más de tres meses para las elecciones de autoridades locales y regionales, el panorama en materia de seguridad sigue siendo complicado, a lo que se suman las preocupaciones por fraude electoral. Según un estudio realizado a principios de año por el Ministerio de la Defensa y el Consejo Nacional Electoral (CNE), al menos el 10% de los 1.100 municipios de Colombia se encuentran en riesgo de violencia y corrupción de cara a los comicios de octubre.

Hoy las cifras muestran que entre amenazas, asesinatos, atentados y secuestros, desde noviembre del año pasado se han registrado más de cien actos violentos relacionados con el proceso electoral. Y el mismo CNE advierte sobre la posibilidad de que se esté buscando realizar el conocido trasteo de votos en varias zonas del país, con denuncias que no son de poca monta: habla de más de 2.300 señalamientos en 823 municipios.

En el tema de seguridad, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), hizo un preocupante diagnóstico que va mucho más allá del connotado escándalo de la parapolítica y que está relacionado con los fenómenos delictivos de cada región. “Cuando uno habla de Putumayo, Nariño, Arauca, Cauca, Valle y Risaralda, encuentra que son los corredores de salida del narcotráfico y es evidente el conflicto entre las bandas criminales y las Farc. Ese es el telón de fondo del proceso electoral en estas regiones”, explicó.

En este diagnóstico también se evidencia que en zonas como Córdoba, Antioquia, Urabá y Chocó, quienes están buscando obtener el poder regional tienen gran interés en los procesos de restitución de tierras que se van a presentar en los próximos años. “Quienes sean alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en estas regiones van a marcar la pauta sobre la efectividad de los procesos de entrega de predios”, dijo Barrios, quien agregó que en la Costa Caribe se mantiene el riesgo de la parapolítica porque muchos de los actualmente involucrados, algunos aún detenidos, quieren seguir manteniendo el poder a través de familiares o testaferros.

Más allá de estos fenómenos de cada región, es un hecho que la violencia está presente y las 58 amenazas, los más de 30 asesinatos, 15 atentados y tres secuestros son prueba de ello. Por eso los partidos políticos reclaman mayor acompañamiento de las autoridades. Al respecto, el general José Roberto León, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, sostiene que se está trabajando en la protección de los candidatos de acuerdo con los niveles de riesgo.

“Nosotros tenemos el Centro Integrado de Inteligencia Electoral (CI2E), donde tienen asiento todos los organismos del Estado involucrados en temas electorales. Allí recibimos las denuncias y con base en ellas diseñamos mapas de riesgo e implementamos las medidas de seguridad necesarias”, afirmó León.

Hasta el momento, la Policía ha recibido cerca de 3.000 solicitudes de protección y a través del ‘Plan Padrino’ se les brinda protección a unos 300 aspirantes con medidas que van desde recomendaciones, visitas, seguridad en la sede, acompañamiento en los desplazamientos y hasta esquemas permanentes, de acuerdo con el estudio de riesgo que realiza el Ministerio del Interior y de Justicia.

En cuanto al trasteo de votos, el presidente del CNE, Juan Pablo Cepero, dijo que se está haciendo “revisión de las denuncias, porque hay algunas que carecen de fundamento y en las que revisten gravedad tomaremos las decisiones necesarias: revocar la inscripción de esas cédulas”. Cepero destacó el acompañamiento de la Fiscalía, que se comprometió a tomar medidas frente a las denuncias que se presenten, al tiempo que recordó que en las pasadas elecciones fueron anuladas casi 400 mil inscripciones de cédulas.
 

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