Gobernadores destituidos

Nueve gobernadores han sido destituidos por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, desde el 1 de enero de 2009 hasta hoy. Corrupción en salud, educación y obras públicas son las razones que se repiten como un círculo vicioso.

Hoy, cuando la corrupción está de moda por cuenta de los carruseles de las contrataciones, de la salud, de las pensiones y hasta por el estatuto en contra de este flagelo que el Congreso de la República aprobó el pasado miércoles, una revisión a las sentencias de la Procuraduría General de la Nación pone en evidencia que los delitos por los que han sido destituidos e inhabilitados nueve gobernadores, desde enero de 2009 a abril de este año,  se repiten como la peor pesadilla. Además, la suspensión del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, es una coincidencia en más de 132 municipios del país. Todo indica que ni la violencia ni la pobreza son los peores males del país, y que hay un rey de los pecados: la corrupción.

Efrén Ramírez
Exgobernador de Guainía


Efrén de Jesús Ramírez Sabana fue elegido gobernador de Guainía para el período 2003-2007. Sin embargo, en 2006 se inició un proceso disciplinario en su contra. Según la Procuraduría, el gobernador Ramírez había violado el régimen de inhabilidades pues se posesionó en el cargo siendo prófugo de la justicia. En 1994, Ramírez había sido condenado a doce meses de prisión por inasistencia alimentaria. El 19 de marzo de 2009, el ente de control, en última instancia, ratificó la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 11 años contra Ramírez

Felipe Guzmán
Exgobernador de Putumayo


Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, elegido gobernador de Putumayo por el período 2007-2011 fue suspendido por la Procuraduría un año después de su posesión. El ente de control lo investigaba por irregularidades en un contrato con la unión temporal Las Cajas, la cual debía adquirir juguetes y adornos navideños por un valor de $470 millones. El 21 de septiembre de 2010 la Procuraduría ratificó la sanción y destituyó a Guzmán y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años por celebración indebida de contratos.

Juan Carlos Abadía
Exgobernador del Valle del Cauca


Larga fue la pelea que dio Juan Carlos Abadía Campo por mantener la gobernación del Valle del Cauca. El 20 de febrero de 2010, el entonces gobernador Abadía se reunió con 21 alcaldes municipales y el precandidato a la presidencia Andrés Felipe Arias. El encuentro desató suspicacias y la investigación disciplinaria se inició. Tras muchas polémicas y alborotos, el 26 de mayo de 2010 la Procuraduría, en última instancia, confirmó la destitución de Abadía y lo sancionó con 10 años de inhabilidad para ejercer ocupar cargos públicos.

Edilberto Castro
Exgobernador del Meta


Edilberto Castro Rincón fue elegido gobernador en 2003, pero los líos con la justicia no le permitieron terminar período. En 2007 Castro fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de tres políticos del Meta. Posteriormente la Procuraduría lo investigó por irregularidades en la forma como el entonces gobernador asignaba los contratos, los cuales sumaban $153.000 millones, y que habían sido otorgados en 27 días. En marzo de 2009, la Procuraduría lo sancionó con 10 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por irregularidades en el contrato para adquirir kits escolares por un valor superior a los $1.900 millones.

Joaco Berrío
Exgobernador de Bolívar


Desde julio de 2009, el en ese entonces gobernador de Bolívar, Joaco Hernán Berrío, enfrentó fuertes escándalos por irregularidades en las facturas del sistema departamental de salud. Berrío había sido elegido en 2007 con el aval de Cambio Radical y el apoyo de varios sectores políticos, incluyendo al exsenador, hoy detenido, Javier Cáceres. El 25 de mayo de 2010 el Ministerio Público destituyó e inhabilitó a Berrio por 18 años para ejercer funciones públicas, aduciendo que había actuado irregularmente en unos contratos de servicios de salud para población vulnerable.

José Ramírez Bandeira
Exgobernador de Amazonas


José Fernando Ramírez Bandeira había sido elegido gobernador del Amazonas para el período 2001-2004, pero fue involucrado en un proceso de responsabilidad disciplinaria por peculado por apropiación, dado que suscribió un contrato de forma irregular para dotar un centro educativo. El 13 de marzo de 2009 la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por diez años para ocupar cargos públicos.

José Quiñones
Exgobernador de Amazonas


José Tomás Quiñones Núñez salió elegido a la gobernación por el período 2003-2007, pero renunció en enero de 2005. La Procuraduría le había abierto un proceso disciplinario por celebración indebida de contratos, pues se hallaron evidencias de sobrecostos en la construcción de un polideportivo en Leticia. El 3 de abril de 2009, Quiñones fue suspendido e inhabilitado por diez años.

Whitman Porras
Exgobernador de Casanare


Whitman Herney Porras Pérez asumió el cargo de gobernador (e) de Casanare designado del presidente de la República el 26 de septiembre de 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia condenó a cuatro años de prisión a Miguel Ángel Pérez Suárez, gobernador electo para el período 2004-2007, por enriquecimiento ilícito. Una vez terminado el período, Porras fue elegido como gobernador hasta 2011, pero la Procuraduría también lo sancionó por irregularidades en fondos del presupuesto departamental y algunos contratos en sectores de salud y educación. Según el Ministerio Público, las irregularidades comprometían más de 181.000 millones de pesos, razón por la cual lo destituyó e inhabilitó por 11 años el 21 de octubre de 2010.

Gloria Orobio Rodríguez
Exgobernadora de Amazonas


El 27 de marzo de 2005 se realizaron elecciones atípicas en el departamento de Amazonas y salió elegida Gloria Orobio Rodríguez por el Partido Liberal, pero un año después la Procuraduría inició una investigación por corrupción en la que se vio involucrada la recién electa gobernadora. A Orobio le fueron imputados los cargos de prevaricato y celebración indebida de contratos y en agosto de 2009 la Procuraduría, en última instancia, la sancionó con 10 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos.

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