Gobierno tiene listo el decreto que reglamenta la Ley 1424 de 2010

Gobierno busca sacar de la incertidumbre judicial a más de 19.000 desmovilizados de los grupos armados ilegales.

Con un decreto encaminado a suscribir un “Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación”, como requisito indispensable para otorgar beneficios judiciales a desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, el gobierno Santos busca una vez más superar el dilema de cómo resolver la situación de por lo menos 19.000 excombatientes que no saben cómo saldar sus cuentas con la justicia.

El Espectador tuvo acceso al borrador del decreto que expedirá el Ministerio del Interior para cumplir con este aplazado objetivo, y constató que de entrada el documento deja claro que sólo pueden ser beneficiarios quienes hayan incurrido en delitos por concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes, insignias o equipos transmisores y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de la Fuerzas Armadas.

Además de la manifestación explícita de su compromiso con el proceso de reintegración y de su voluntad para contribuir a la verdad histórica, la norma plantea que el beneficiario tiene que acreditar su condición de desmovilizado y no puede haber incurrido en delitos de lesa humanidad. Ratificadas estas exigencias, cada caso tendrá que ser examinado por la Consejería Presidencial para la Reintegración.

Si el desmovilizado suscribió el referido acuerdo, se le solicitará a las autoridades judiciales la suspensión de la orden de captura que tenga vigente o la revocatoria de la medida de aseguramiento que pese en su contra. El decreto prevé un procedimiento especial para quienes estén privados de la libertad y no puedan acreditar el cumplimiento de actividades de servicio social.

Con algunas excepciones, el desmovilizado tendrá que participar en los procedimientos del Centro de Memoria Histórica, recientemente creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y precisamente la norma establece que a solicitud de esta entidad, las autoridades pueden revocar los beneficios concedidos de comprobarse que la persona incumplió sus compromisos frente a la verdad.

Con este decreto reglamentario de la Ley 1424 de 2010, el Ejecutivo busca llenar un vacío nacido  desde el accidentado proceso de paz entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y las autodefensas. En esencia, se trata de satisfacer una exigencia de los altos tribunales de justicia, en el sentido de respetar los derechos de las víctimas. Y esta obligación no puede ser otra que una auténtica contribución al derecho a la verdad y a la reparación.

El dilema empezó desde la misma expedición de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), con la cual se selló el acuerdo entre las Auc y el gobierno Uribe. La razón: en 2006 la Corte Constitucional, avaló el articulado pero tumbó por errores de forma el artículo 71, que le había dado a los paramilitares la condición de sediciosos, homologando su conducta a la de los denominados delincuentes políticos.

Esta situación motivó la crisis en el proceso de paz, pues los jefes paramilitares entendieron que su tránsito a la vida política estaba cerrado. Algunos miembros de las autodefensas prefirieron regresar a la clandestinidad, mientras que el Ejecutivo buscaba una salida jurídica. El problema se agravó en julio de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que de ninguna manera las conductas ilegales de los desmovilizados podían considerarse como delitos políticos.

Esa decisión, que provocó una airada protesta del entonces presidente Uribe, además de complicar la relación entre los jefes paramilitares y el Ejecutivo, dejó en el limbo jurídico a más de 19.000 paramilitares rasos. Pero como se requería una solución urgente, ésta volvió a aparecer: aplicar el principio de oportunidad incluido en las modificaciones al Código de Procedimiento Penal a través de la Ley 906 de 2004.

No obstante, en noviembre de 2010 nuevamente la Corte Constitucional se opuso, esta vez argumentando que dicha concesión daba un grado muy alto de discrecionalidad a los fiscales y no respetaba los derechos de las víctimas, en especial en la reconstrucción de la verdad. Pero el gobierno Santos ya tenía a la mano cuatro instrumentos para ir resolviendo el dilema de los desmovilizados de la guerrilla o del paramilitarismo.

A través de las leyes 1421 de 2010 (Ley de Orden Público), 1424 de 2010 (para el acuerdo de contribución a la verdad histórica), 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y la propia 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), se generó el escenario para buscar la solución. Es en este contexto en el que se proyecta el decreto reglamentario, cuyo texto conoció El Espectador,  que una vez más busca resolver el problema de la desmovilización sin reglas claras.

El borrador del decreto de 19 artículos apunta a subsanar las dos exigencias del tema: cómo aplicar beneficios jurídicos que permitan la suspensión de las penas o la eliminación de las órdenes de captura, pero al mismo tiempo cómo obligar a que los desmovilizados contribuyan activamente en la reconstrucción de la verdad histórica y la reparación de las víctimas.

Una fuente explicó que este instrumento jurídico únicamente aplica para los desmovilizados. De ninguna manera tiene que ver con la expectativa que se ha venido creando alrededor de una posible entrega de integrantes de las llamadas bandas criminales emergentes, así como tampoco para los miembros de los grupos al margen de la ley que hayan reincidido en conductas delictivas después de su sometimiento a la justicia.