Guantánamo: vergüenza pública

TRAS EL GOLPE TERRORISTA A LAS Torres Gemelas y el Pentágono, el gobierno de George W. Bush, bajo las llamadas razones de Estado, autorizó la intervención militar en Afganistán.

Por razones de Estado, también, se intervino, de nuevo, en Irak. Hasta hoy no se han encontrado las alegadas armas de destrucción masiva ni las relaciones de los gobernantes con Al Qaeda. Sin embargo, el magnicidio del 11 de septiembre de 2001 alcanzó para que año tras año los ciudadanos estadounidenses —incluida buena parte de las esferas intelectuales y artísticas— les dieran carta blanca a sus gobernantes para saltarse la legislación nacional e internacional y defender, según se argumenta, la seguridad del territorio. Las consecuencias de tal decisión, no obstante, han sido desastrosas y los más brutales abusos a los derechos humanos se han reportado. Los documentos filtrados por Wikileaks esta semana, publicados por varios diarios en el mundo, han ofrecido otra evidencia más: Guantánamo no sólo es lugar de los más horrorosos excesos sino que sus presos son, en una vasta mayoría, inocentes.

Esto se sabía, cierto. La prensa internacional había ya registrado mucho de lo que ahora se devela. Sin embargo, con esto se prueba también que el gobierno estadounidense estaba al tanto. No es cualquier cosa que documentos de inteligencia sobre 780 presos muestren que sólo 220 podrían llegar a representar un peligro y que los demás eran soldados de bajo rango o civiles capturados durante redadas en zona de guerra. Es una vergüenza merecedora del repudio internacional —si no de su justicia— que se encuentren casos como el de un anciano de 89 años cuyo error fue vivir en una casa donde había un teléfono satelital; un padre que iba a buscar a su hijo; un comerciante que viajaba sin documentos; un hombre que le hizo “pistola” al Ejército y un joven de 15 años violado por los Talibán. Hasta enfermos mentales resultaron en Guantánamo, algunos de los cuales fueron devueltos no por falta de pruebas, sino por “dificultar la obtención de información durante los interrogatorios”.

A este impresentable episodio se suma la defensa de Guantánamo, pese a todos los escándalos, por parte del Partido Republicano. El debate se complica si de lo que se trata no es de algo que se presenta como una falla injustificable sino como un procedimiento considerado legítimo por todo un partido político. ¿Cómo exigir atención a los derechos humanos cuando se argumenta que su transgresión, por razones de Estado,  es lo correcto? Por motivos obvios, sin embargo, estas razones no alcanzaron para que tales crímenes fueran cometidos en territorio propio y se tuviera que buscar países que sirvieran de “aliviadores”, siendo la base militar de la Bahía Guantánamo, en Cuba, uno de los centros más emblemáticos de la violación a los derechos humanos. Uno en el cual, entre otras cosas, se llegó a considerar la colocación de un chip electrónico a los reos “como se hace con los halcones y los caballos”.

Aunque la primera medida adoptada por el presidente Barack Obama al llegar a la Casa Blanca fue ordenar el cierre de esta prisión, según lo dijo, “en el lapso de un año”, pasados más de tres de su presidencia las perspectivas de que eso ocurra parecen legal y políticamente lejanas: sólo se logró procesar a seis reos antes de que estallara un gigantesco debate sobre los límites de la justicia ordinaria y estamos a un año de elecciones presidenciales, en las que el presidente demócrata ya anunció será candidato. Con una mayoría republicana en la Cámara Baja y su fuerte presencia en la Cámara Alta, es de esperarse que no se insista en el tema, menos aún cuando Obama se encuentra en medio de importantes, y muy difíciles, reformas internas.

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