Igualdad y orgullo gay

EL DOMINGO PASADO, EN LAS TRES principales capitales del país, más de 45.000 personas salieron a caminar pacíficamente.

Vestida con los colores del arco iris, la comunidad LGBTI salió a recorrer las calles para  mostrar su orgullo y reclamar sus derechos. Y no salieron solos: estuvieron acompañados de sus padres y madres, de parejas heterosexuales y de una parte de la ciudadanía urbana que se ha vuelto menos indiferente tras haberlos visto marchar ya por más de una década. Siguiendo la costumbre, la manifestación tenía como lema una reivindicación esencial: esta vez, el matrimonio igualitario. Como ocurrió ya en otros países de América Latina, entre los que se encuentran Uruguay, Argentina, Brasil y México —y hace una semana también en Nueva York—, se discute por estos días ante los tribunales nacionales  si debería un país que se autodenomina democrático y protector de las libertades impedir que un grupo de población contraiga matrimonio por el sólo hecho de no compartir la opción sexual de la mayoría.

La promesa de igualdad y pluralismo de la Constitución del 91 permitió que en la década anterior se alcanzaran algunas de las reivindicaciones más básicas: no ser tildados de enfermos o desviados, ser reconocidos como aptos para ejercer cargos de enseñanza y pertenecer a todo tipo de organizaciones, de la misma manera que lo hacen las personas con orientación heterosexual. No obstante, pese al reconocimiento de estos derechos individuales, las personas con opción sexual diversa tuvieron que esperar algunos años para que se permitiera el ejercicio de derechos de pareja; lo cual llegó, de manera incompleta, a partir de una serie de fallos de la Corte Constitucional, adoptados a partir de 2007. En la actualidad, las parejas del mismo sexo pueden acceder a casi todas las prerrogativas y beneficios de las parejas heterosexuales, como  la afiliación al sistema de salud,  las pensiones y  la mitad de los bienes de su pareja fallecida, entre otros.

Sin embargo, esta jurisprudencia igualitaria no ha venido de la mano con una sociedad igualmente diversa y respetuosa. Las trabas para acceder a los derechos legalmente reconocidos son el pan de cada día. En el ámbito individual, en el país se vive todavía un ambiente adverso que se denota en los lamentables crímenes de odio contra homosexuales y transexuales, en su discriminación en cárceles,  en el acceso y en el lugar de trabajo, por mencionar algunos. Además, los derechos de pareja alcanzados en la Corte se ven cotidianamente burlados por trabas burocráticas de no pocas EPS y fondos de pensiones. Para rematar, en múltiples casos, son los propios medios de comunicación los que ayudan a perpetuar los prejuicios, como ocurrió hace poco con una emisora de radio  que de manera irrespetuosa trivializó sus reivindicaciones.

Recae en la Corte Constitucional, de nuevo, este espinoso asunto. Algunos han dicho que se trata de una cuestión de mayorías y que por eso el Congreso sería la institución más adecuada para resolverlo. No obstante, en un Estado de derecho, los derechos de las minorías y de los más débiles deben estar protegidos más allá de los debates políticos y de las cambiantes colectividades. Ahora que es época de balances, bien podríamos decir que la idea pluralista de la Constitución del 91 le ha venido bien a una sociedad que de poco en poco ha empezado a reconocer igualdad de derechos a una comunidad injustamente estigmatizada y discriminada. La Corte Constitucional puede con su decisión hacer más pequeñas las brechas. Parafraseando a un magistrado del tribunal constitucional de Brasil, que hace pocas semanas decidió favorablemente sobre la misma cuestión: “lo que el amor ha unido, que no lo separe un parágrafo”.