Impedidos del Congreso

Algunos de los representantes que decidirán la suerte de la iniciativa para frenar el manejo indebido de dineros públicos tienen cuentas por rendir ante la justicia.

El pasado miércoles, en plenaria de la Cámara de Representantes, una avalancha de impedimentos se presentó en la discusión del proyecto de la ley anticorrupción. El hecho sorprendió como pocas veces, porque 58 parlamentarios expresaron posibles inhabilidades para aprobar la norma. Sin embargo, sus impedimentos no fueron aceptados por la corporación y para el próximo lunes se votarán los 102 artículos de la ley que busca combatir uno de los mayores males del país.

Más allá del debate que se generó por las inhabilidades que manifestaron cerca del 30% de integrantes de la Cámara Baja, pertenecientes a ocho partidos en 21 departamentos, El Espectador accedió a 37 de los impedimentos. Una revisión en donde, además de verificar otros antecedentes de algunos de ellos, reflejó que si bien varios obedecen a indagaciones en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o la Procuraduría General de la Nación, hay casos que llaman la atención (ver gráfico anexo).

La característica de la mayoría de los parlamentarios con impedimentos es que cuentan con un bajo reconocimiento mediático. Es significativo el caso de la representante Lina María Barrera, esposa de uno de los protagonistas de la yidispolítica Iván Díaz Mateus. El exparlamentario fue condenado a seis años de prisión por haber incitado a Yidis Medina a votar favorablemente el Acto Legislativo que permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe.

Al nombre de Barrera se suma el de la polémica congresista Lucero Cortés, quien ha sido mencionada en dos asuntos de no poca monta. El primero de ellos, una investigación porque habría interferido para favorecer a su esposo en un proceso por estafa. Y el otro, indagada por un supuesto manejo a través de terceros de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

El caso del parlamentario Luis Enrique Salas también parece complicado. Fue demandado por 28 personas que lo acusan de hacerlos trabajar en actividades de la iglesia cristiana a la que pertenece y de solicitarles dinero de su salario a manera de diezmo.

Otro congresista que se declaró impedido, Carlos Eduardo León Celis, no tiene vientos a su favor con la justicia. Es investigado por fraude electoral en las pasadas elecciones. Y señalado de haberse beneficiado mediante la adulteración de formularios electorales para el conteo de votos.

Juan Carlos Martínez Gutiérrez, fórmula en la Cámara de Representantes de Roy Barreras, manifestó su impedimento al considerar que: “He mantenido cercanía y afinidad con las empresas del sector salud”. Situación similar que argumentó su colega Victoria Eugenia Vargas con intereses familiares en una empresa privada de televisión.

Por su parte, el parlamentario del Partido Integración Nacional (PIN), Jairo Hinestroza Sinisterra, expresó como supuesta inhabilidad que algunos familiares son contratistas estatales. Hinestroza es recordado por su cercanía con el exsenador Juan Carlos Martínez, hoy preso. De hecho, mientras éste estuvo detenido en la cárcel La Picota, lo visitó al menos 14 veces.

La ley anticorrupción plantea entre otros asuntos el seguimiento al patrimonio de familiares de políticos; plantea inhabilidades para contratistas que financien campañas políticas; penaliza el soborno transnacional y la usura con los precios de los medicamentos. También amplía los términos de prescripción de la acción penal y disciplinaria. Seguramente en una semana será aprobada, con el beneplácito de 58 parlamentarios a quienes les negaron sus impedimentos.

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