Indígenas colombianos exigen a Ejército y Farc desmontar "bases militares"

Así lo expresaron a través de un comunicado tras una marcha cumplida en Toribío, departamento del Cauca, escenario de ataques terroristas.

Los indígenas del suroeste colombiano exigieron el miércoles al Gobierno y las Farc desmontar "sus bases militares" de los territorios aborígenes, al tiempo que pidieron cumplir el Derecho Internacional Humanitario y rechazaron la próxima instalación de un batallón de Alta Montaña del Ejército.

Así lo expresaron a través de un comunicado tras una marcha cumplida en Toribío, departamento del Cauca (suroeste), escenario de ataques terroristas que las Farc desataron hace pocos días contra seis poblaciones de esta parte del país.

"Reiteramos la exigencia a estos actores para que desmonten sus bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles para usos de guerra", remarca el documento.

Y agrega: "Sabemos que no lo harán por su propia voluntad, y que requerirá una enorme presión de la sociedad civil colombiana".

Por eso, anunciaron que próximamente "con la compañía de las organizaciones amigas que luchan por la paz", comenzarán a desmontar las trincheras y las bases montadas en sus territorios por la Policía, el Ejército colombiano y las Farc.

Aseguran que con estas acciones los indígenas lo único que buscan es defender la vida y la autonomía de las comunidades y esperan que "ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario".

Recuerdan que una declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas indica que no se podrán instalar bases militares sin la realización de "consultas eficaces" con las autoridades y comunidades de los pueblos indígenas.

Con ese argumento, rechazaron la implementación de un Batallón de Alta Montaña, anunciado por el presidente Juan Manuel Santos, tras ataques de las Farc a poblaciones del departamento del Cauca.

Aseguran que con ese anuncio, que ya se comenzó a materializar con la llegada de más de 600 efectivos, "el Gobierno viola la Constitución" y además consideran que "son inútiles para proteger a la población civil".

También convocaron al Gobierno colombiano y a las Farc a "diálogos humanitarios" en territorio indígena del Cauca y conformaron una comisión especial en la que tienen asientos hombres y mujeres, incluyendo a varios exgobernadores, que se encargará de presentar ante las Farc la posición de los aborígenes.

"Enviaremos invitaciones formales al presidente de la República (Juan Manuel Santos) y al comandante de las Farc ("Alfonso Cano") para que definamos la fecha de estos encuentros", precisa el documento.

Piden, igualmente, que la subversión cese de inmediato el reclutamiento de menores o su uso como informantes, el uso de minas y armas de efecto indiscriminado, así como "el respeto a la autonomía".

También le piden al Gobierno que haya claridad sobre la orden de destruir las viviendas de las comunidades desde las cuales los milicianos de las Farc han atacado a la tropa, como ocurrió en varias poblaciones del Cauca.

Anuncian también que han tomado la decisión de recuperar para la comunidad a los jóvenes indígenas involucrados en los grupos armados.

Llamaron, igualmente, al Gobierno para que "la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono sea rápida y digna" y exigieron que esta se adelante por parte de la comunidad y mediante procedimientos civiles, sin involucrar militares.

La semana pasada, las Farc lanzaron un ataque terrorista contra las poblaciones de Toribío, Corinto, Jambaló, Caldono, Mondomo y Siberia, que cobró la vida seis personas y serios daños a más de 460 casas y edificaciones públicas, entre otros bienes.

 

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