Ingreso seguro, pero a prisión

La medida fue por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Las denuncias por las irregularidades que se registraron en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), del Ministerio de Agricultura, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya tienen en prisión a los primeros investigados. Tras la formulación de imputación que hizo la Fiscalía y la solicitud de medida de aseguramiento contra los procesados, el juez 33 de control de garantías de Bogotá decidió privar de la libertad a cuatro exfuncionarios del Ministerio por su presunta responsabilidad en los delitos de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Los afectados con la medida de primera instancia fueron Juan Camilo Salazar, exviceministro de Agricultura; Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio y Financiamiento; Tulia Eugenia Méndez, exjefa de la Oficina Jurídica, y Oskar August Schroeder Muller, exjefe de la Oficina Jurídica. A los cuatro les impusieron la medida por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Al viceministro, además, se le impuso medida por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos. A pesar de que el ente acusador también pidió medida a los imputados por peculado por apropiación, el juez la rechazó al considerar que la Fiscalía no acreditó con suficiencia la posible comisión de este delito

Según el juez, los contratos de Agro Ingreso Seguro eran para generar progreso al sector agrícola de cara al TLC, pero el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) se dedicó administrar los recursos sin cumplir con su objetivo. Agregó que los funcionarios no fueron diligentes a la hora de contratar. “La obligación era con la administración y no con las personas, por lo que cada omisión o extralimitación de sus funciones ayudó a que no se cumplieran los objetivos de los contratos”.

Y concluyó: “Colombia está azotada por la corrupción, que ya se mide en billones de pesos. Todos los proyectos del Gobierno hacen agua... De acuerdo con las cifras internacionales, Colombia retrocede en el avance social, mientras que la corrupción campea y triunfa”.

En la diligencia, los abogados de Reyes del Toro y de Méndez pidieron prisión domiciliaria para sus clientas, por ser madres cabeza de familia, y el abogado de Schroeder Muller, porque su cliente sufre un agudo trastorno de estrés. A pesar de los argumentos, el juez les negó el beneficio al considerar que las mujeres no acreditaron ser imprescindibles en sus hogares y en el caso de Schroeder, que su trastorno es común y les pasa a muchos colombianos, razón por la que no se hace necesario sustituir la medida.

En medio del llanto de los familiares tras conocer la decisión, los abogados apelaron la decisión y casi al mediodía empezaron a argumentar las razones por las cuales se debería revocar la medida de aseguramiento en prisión o, por lo menos, para que la sustituyan por prisión domiciliaria. Pablo Díaz González, abogado de Camila Reyes del Toro, dijo que su clienta, fuera de no tener antecedentes y ser madre cabeza de familia a quien la acaba de abandonar el marido, la justicia no la podía responsabilizar por los resultados de una política estatal en la que ella no podía contradecir órdenes. “Señor juez, usted tiene que valorar que existían una jerarquía y unas políticas que Camila no podía contravenir”, dijo el abogado.

Por su parte, el abogado Ricardo Calvete, defensor de Tulia Méndez, también pidió que a su clienta se le revocara la medida de aseguramiento en prisión y que se le concediera la prisión domiciliaria, ya que es madre cabeza de familia de un niño de siete años.

A pesar de los argumentos de los defensores, el juez ratificó la medida de aseguramiento. Ahora los abogados podrán presentar apelación, para que sea un juez de conocimiento el que decida en segunda instancia.

La investigación de la Fiscalía sirvió para obtener evidencias sobre una posible feria de subsidios con el programa AIS, que podría ascender a casi $300 mil millones. Las evidencias que recaudó la Unidad Especializada de Delitos contra la Administración Pública del ente acusador sirvieron para abrir formalmente la investigación contra siete exfuncionarios de Minagricultura y 15 beneficiarios del programa. A los indiciados los procesarán por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, violación al régimen de inhabilidades y falsedad ideológica en documento público.

Hasta el momento, el proceso arrancó sólo contra los cuatro exfuncionarios afectados por la medida de aseguramiento. Al exviceministro Salazar le imputaron cargos por peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. A Reyes del Toro, a Méndez y a Schroeder Muller les imputaron peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. A ellos se suman el exsecretario de Agricultura Juan David Ortega Arroyave, el exdirector de Desarrollo Rural Javier Enrique Romero Mercado y el exgerente de Incoder Rodolfo José Campo Soto, quienes están pendientes de formulación de imputación.

Los 15 beneficiarios del programa, que también serán procesados por las irregularidades, pertenecen a la familia Dávila, quienes según la Fiscalía recibieron subsidios por casi $2.212 millones, y a la familia Vives Lacoture, que supuestamente recibió subsidios por $4.532 millones. A la lista de investigados se suman otras 50 personas, entre funcionarios, contratistas y particulares, que ya han sido interrogados.

Por ahora, queda pendiente que la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, decida si abre investigación formal en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por los mismos delitos, al ser la cabeza de la cartera mientras se dieron las supuestas irregularidades investigadas.

Al cierre de esta edición, el juez de garantías resolvía la solicitud de los abogados de reconsiderar la medida de aseguramiento.