La importancia de los archivos para construir la verdad del conflicto armado

hace 3 horas

Inteligencia sin restricciones

PARA LAS LABORES DE INTELIGENcia y contrainteligencia el país cuenta sólo con un conjunto de decretos sueltos, lo cuales, por lo demás, no fijan nítidamente los límites y fines de estas actividades, ni los principios que las rigen.

Tampoco son claros los mecanismos de control y supervisión, la regulación de las bases de datos y menos aún la coordinación entre las distintas dependencias que realizan labores de inteligencia. Es tan precaria la normativa que, finalmente, no debieron habernos sorprendido las extralimitaciones de la principal agencia de seguridad del país, ni aquellas de la Uiaf y la Policía Nacional que también han resultado en escándalos. De aquí que sea un paso muy importante el que pretende dar el presidente Santos con el proyecto de ley orientado al fortalecimiento jurídico de estas labores. Uno muy similar al que siendo ministro de Defensa radicó y que fue aprobado por amplias mayorías en el Congreso, pero que luego fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por razones de procedimiento.

No obstante, pese a que los asuntos de forma parecen estar corregidos, son muchos los contenidos problemáticos del proyecto, sin mencionar los excesos de vaguedades. El texto, por ejemplo, no deja claro —con excepción de la Uiaf y su demarcación a las actividades financieras— qué tipo de inteligencia va a hacer cada una de las dependencias; las cuales, no está de más recordar, son varias. El país tiene al DAS, al Ejército, la Policía, a la Armada y al Comando Conjunto, entre otros, haciendo inteligencias paralelas y definiendo, en todas sus subdirecciones, lo que cada cual juzga que es su labor. La autorización para realizar tales actividades es igualmente ambigua, pues se lee simplemente que éstas deben ser aprobadas por “orden de operaciones” o por “el superior jerárquico”. De hecho, es tan difuso el proyecto, que ni siquiera se especifica qué es la seguridad nacional. Una tarea, sin duda, compleja, pero la situación que amerita todo tipo de intervenciones a la vida privada de los ciudadanos, debería estar algo más demarcada, en especial, dados los precedentes.

Los fines de la inteligencia son más claros: “el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas (…) el lavado de activos, y otras amenazas similares”, explicita el proyecto. Preocupa, no obstante, que en esta enumeración —por lo demás, bastante militarista— no se incluya, como se hace en las legislaciones de otros países de manera prioritaria, la inteligencia estratégica orientada al control democrático e institucional. Un punto que queda también muy en entredicho con el Artículo 35, el cual modifica el Código Penal de forma tal que se otorgue una sanción de 5 a 8 años de prisión a quien divulgue o emplee documentos reservados. Con este artículo, por ejemplo, estarían en graves problemas no sólo los funcionarios que filtraron los documentos que hicieron públicos los excesos del DAS, sino también los periodistas. Acción que constituye, claramente, una dura censura a la prensa y, por tanto, al control que ejerce la opinión pública.

Poco democrático es también el seguimiento parlamentario que se propone, pues si bien la idea es buena en tanto que les otorgaría legitimidad a las labores de inteligencia, no obliga la participación de los miembros de los partidos de la oposición, y por tanto se hace incompetente en su mismo propósito. Y, en general, lo mismo sucede con todo el proyecto, que si bien comienza hablando de una inteligencia más respetuosa de los derechos y de las instituciones, punto a punto va abandonando el impulso hasta desvanecerse este propósito. Algo demasiado delicado para dejarlo pasar, esta vez también, con amplias mayorías en el Congreso.

 

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