Juan Fernando Cristo: "La ley es fruto del consenso"

Aunque reconoce que hay sectores que se empeñan en atacar la iniciativa, se manifiesta confiado en el trámite.

Si hay un punto en el que son evidentes las diferencias entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe Vélez, es la ley de víctimas. Mientras en el gobierno pasado, por orden del mandatario, esta iniciativa fracasó en su trámite legislativo, en la era Santos se radicó en el Congreso con bombos y platillos y se ha convertido en la clave para el relanzamiento de las relaciones internacionales de Colombia, al punto que fue un factor determinante para el descongelamiento del trámite del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, en el marco global, se observa como un redireccionamiento de la política del país en materia de Derechos Humanos.

El senador Juan Fernando Cristo, coautor de la ley, celebra que  la iniciativa entre en su última etapa de trámite legislativo, y reconoce que el proceso no  ha sido fácil, pues se han debido superar temas complejos como el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado y el costo fiscal de la reparación —argumentos por los cuales Uribe se manifestaba en desacuerdo—. Además, afirma, ha existido un fuerte debate por la fecha desde la cual deben ser cobijados los afectados y el manejo institucional de la reparación. No se descarta que en este último debate, en la plenaria del Senado, revivan esos ‘fantasmas’ y dilaten la aprobación de la iniciativa bandera del gobierno Santos.

¿No cree que en la Plenaria puedan aparecer esos fantasmas que han tratado de tumbar el proyecto?

Pensaría que no, confío en que cada uno de los ponentes va a contar con el respaldo de sus bancadas. El texto que se va a presentar es fruto de un consenso ya alcanzado con todos los partidos, incluyendo en algunos puntos al Polo.  No hay en la historia reciente del Congreso una ley más debatida, discutida y enriquecida que esta.

En un momento usted dijo que había torpedos contra la ley, ¿de dónde eran disparados?, ¿podrían aparecer en este etapa final?

Los torpedos van a llegar hasta el último momento. Esta es una ley que a muchos no les gusta, pero esos ataques, hoy en día, están por fuera del Congreso.

¿Se refiere al expresidente Álvaro Uribe?

Los torpedos han venido desde distintos frentes, incluso de  sectores radicales de la izquierda, que no entiendo por qué se oponen a una ley que significa un gran avance en derechos humanos y reparación a las víctimas, con el argumento de que la ley no es perfecta. Claro que no es perfecta, nunca va a haber una ley de víctimas perfecta. Pero el país la necesita y sabemos que es susceptible de mejorar. Siempre he dicho: esta ley es el punto de partida, no de llegada, de una política de reparación de víctimas de largo y mediano plazo. Hay sectores de la izquierda radical y de la derecha radical que se oponen. Con esta ley, el dicho de que los extremos se juntan resulta cierto, pero en la mitad está la inmensa mayoría del Congreso y de los colombianos.

Se le ve confiado, ¿no cree que los opositores a la ley harán todo lo que puedan para hundir el barco?

No estoy confiado, porque la ley pasada se hundió en la conciliación, en lo que llaman el quinto debate. Todavía falta y sé que es difícil, pero en esta oportunidad veo un compromiso claro del Gobierno con la iniciativa y como aún no ha terminado el año de la luna de miel con el Congreso, todavía tiene mucho músculo para impulsar sus proyectos. Pero además, pienso que los debates tan duros que hemos tenido han permitido generar consensos. Tuvimos 50 horas de discusión en la Comisión Primera, creo que no hay nada por descubrir y que no hay temas que no se hayan debatido y conciliado. No estoy confiado, pero sí optimista.

¿Ya recibió respuesta de la carta que le envió al expresidente Uribe explicándole los alcances de la ley?

Todavía estoy esperando a que me conteste. Fue una carta con la mejor voluntad, que buscaba despejar las dudas que él tiene. Pero más que una respuesta, lo importante sería que se sumara con entusiasmo al apoyo de la ley.

¿Por qué hay quienes dicen que el Plan de Desarrollo y el proyecto de sostenibilidad fiscal acaban con las buenas intenciones de la ley?

Es un punto de vista respetable que no comparto. En el caso del Plan de Desarrollo, me hubiera gustado mucho que se hubieran determinado con claridad las inversiones para asegurar la ley, pero es claro que este tipo de iniciativas no son una camisa de fuerza para los gobiernos. En sus bases hay una introducción importante alrededor del compromiso del Ejecutivo con la ley de  víctimas para asegurar su aplicación. En cuanto a la sostenibilidad fiscal, en el Partido Liberal no hemos estado de acuerdo con este proyecto. Creemos que con una ley de regla fiscal se podrían conseguir los mismos propósitos de racionalidad en las finanzas públicas. Nos preocupa la visión de que este proyecto le va a entregar al Ministerio de Hacienda la facultad para decidir qué leyes son buenas o  malas. Si es aprobado así, no afecta sólo la ley de víctimas sino todas las leyes que expida el Congreso, que estarían supeditadas al Ministerio de Hacienda.

Por cierto, ¿al fin cuánto va a costar la ley?

De mis labios nunca saldrá ninguna cifra, porque es irresponsable. Hubo quienes pretendieron hacer terrorismo fiscal con la ley, augurando una presunta quiebra del Estado. Esos fueron los enemigos ocultos. La ley no se puede cuantificar, por una sencilla razón: no sabemos cuántas víctimas hay, ni cuántas habrá en los años de vigencia. No sabemos cuántos van a acudir, cuántos no quieren presentarse, cuántos son víctimas de estratos altos y no van a pedir reparación. Cualquier cálculo que se haga es absurdo. Lo que ha dicho el ministro es contundente: avalamos la ley y tenemos el músculo financiero para incorporar, en el mediano plazo, una partida importante durante los próximos 10 años.

¿No es un error impulsar una ley de víctimas sin que haya finalizado el conflicto?

Lo que es un error es impulsarla tan tarde dentro del conflicto. Yo vengo de una audiencia en Florencia donde había 500 víctimas y lo único que se escuchan son quejas de la indolencia, el desconocimiento y la ignorancia del Estado. Ahí llega uno al convencimiento de que la ley de víctimas es una necesidad nacional si queremos alcanzar la paz y la reconciliación.

Siendo así, ¿un proceso de reconciliación no debería empezar por una responsabilidad del Estado?

No, la discusión de cuál es la fuente de la reparación la hemos obviado. A nosotros nos interesa reparar a las víctimas. El debate político y jurídico de si se repara por solidaridad, por omisión de las garantías de los derechos fundamentales o por responsabilidad del Estado, es un debate que sería interminable y no es sano para el país. Acá ha habido distintas formas de violencia y distintas víctimas. Ha habido unos actores armados al margen de la ley que violan los derechos humanos todos los días. Claro, también agentes de la Fuerza Pública, pero de manera aislada y no como una política de Estado. Esta ley no tendría sentido si se discrimina a las víctimas en razón de quién sea su victimario. Ese es el mensaje político. A nosotros no nos interesan los victimarios, sino las víctimas.

Por cierto, ese tema del reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado es el que no le gusta a Uribe. ¿Volverá a aparecer en la Plenaria?

Espero que no, aunque yo pensaba que estaba superado y volvió en la Comisión Primera. Este es un debate que no se puede dar y que es inaceptable ante instancias internacionales. Ese tema quedó superado desde la primera reunión que los liberales tuvimos con el presidente Santos. Colombia no puede, de ninguna manera y por dignidad con las víctimas, expedir una ley que discrimine a las víctimas en razón de quién sea su victimario. Ahora, que en el texto de la ley incluya normas para garantizar que no se utilice para afectar negativamente procesos contenciosos administrativos o penales contra agentes del Estado, ese es otro tema. Pero el acceso de la víctima, el procedimiento, el monto de la reparación, las medidas de reparación, son temas que tienen que ser en equidad.

¿No es extraño que en este país a un futbolista lo sancionen con $26 millones por patear una lechuza y a las víctimas se les vaya a reparar con $8 millones  cuando les han matado a sus familiares?

El tema del monto de la reparación nunca ha sido objeto de debate. Deliberadamente yo he tratado de evitarlo, porque me parece que esta ley va mucho más allá de la reparación económica. Incluso, cuando se ve el proyecto en conjunto, el capítulo de la indemnización es mínimo. De los 208 artículos, sólo hay uno dedicado a ese tema. Esta ley es importante por otras razones: por el derecho a la verdad; la garantía de no repetición; la creación del Centro Nacional de la Memoria Histórica; por los programas de atención psicoterapéutica; por las medidas de asistencia en educación, salud y vivienda; por la restitución de tierras. Por ahora la indemnización es de 40 salarios mínimos y se le ha dado facultad al Gobierno para que en seis meses expida una nueva tabla.

¿No le preocupa que sigan matando a los líderes en reclamación de tierras?

Es una grave amenaza y hay que redoblar esfuerzos. Es un enorme desafío y hay que asumirlo como tal, con esquemas de protección y con un esquema gradual de restitución. Porque tenemos que ser realistas, nosotros no vamos a poder restituir todas las tierras al tiempo. Hay que ir tomando región por región y que el Estado acompañe a la víctima de manera integral: con la Fuerza Pública, el Ministerio de Agricultura y con medidas de protección para los líderes. 

Por cierto, por leyes como estas es que le han llovido críticas al presidente Santos desde los cuarteles del uribismo purasangre y  hasta el excomisionado Luis Carlos Restrepo habló de traición a Uribe…

Santos está demostrando que es demócrata y que es liberal. Y la afirmación de Restrepo me parece equivocada, porque si reparar a las víctimas es traicionar a Uribe, quiere decir que al uribismo nunca le interesaron las víctimas y yo no creo eso.

Congreso, con el acelerador a fondo

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, hizo un llamado al Congreso para que acelere la aprobación de los proyectos de ley que están haciendo su trámite, porque sólo quedan seis semanas para que termine la legislatura y el Gobierno tiene más de 15 propuestas que están pendientes de debatir.

Para Vargas Lleras, proyectos como la ley de víctimas y restitución de tierras, la desconstitucionalización de la Comisión Nacional de Televisión, el estatuto anticorrución, la reforma al sistema nacional de regalías, la ley de derechos de autor —conocida como ley Lleras—, el sistema nacional de bomberos y las iniciativas para descongestionar los tribunales, como: el régimen especial para jueces de paz, el código penitenciario y carcelario, el código general del proceso y el proyecto de estatuto arbitral nacional e internacional, deben contar con el aval del Legislativo antes del 20 de junio.

Los puntos claves de la ley

Aunque a lo largo del trámite legislativo de la ley de víctimas se han venido depurando las diferencias y los puntos en contra de la iniciativa, hay algunos factores que podrían complicar su aprobación en el último debate en la plenaria del Senado.

La fecha desde la cual serán reparadas las víctimas, que en la actualidad es primero de enero de 1985, la entidad que se encargará de la reparación de los afectados por el conflicto, la compensación a las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado y el costo fiscal de la implementación de la norma son los temas más polémicos y posiblemente podrían reabrir el debate sobre la conveniencia de la norma.

 

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