Juan Lozano y su defensa

Consejo de Estado admitió una demanda contra el senador por su presunta intervención en el nombramiento de la gobernadora (e) de Casanare, Martha Inés Gonfrier.

La tormenta de demandas y denuncias que afrontan los funcionarios públicos llegó a las puertas del presidente del Partido de La U, Juan Lozano, contra quien el Consejo de Estado admitió una demanda  por su presunta intervención en el nombramiento de la gobernadora (e) de Casanare, Martha Inés Gonfrier.

Las críticas por el nombramiento de Gonfrier están relacionadas con su poco conocimiento de  la política de Casanare, pues su origen es Caquetá, y con su  amistad personal con el senador Lozano.

Ante este señalamiento, el presidente del Partido de La U afirma: “Pueden tener la certeza de que todas mis actuaciones como presidente del Partido de la U y como senador, frente a ese departamento, han estado orientadas –arriesgando mi propia vida– a enfrentar la corrupción y los tentáculos del paramilitarismo y la criminalidad en la política.  Esa es una tierra de gente buena martirizada por esos flagelos”.

Lozano explicó que ante la sanción contra el exmandatario departamental, Óscar Raúl Iván Flórez, quien fuera sancionado por firmar contratos de forma irregular por más de 366 millones de pesos, como presidente del Partido de La U envió una terna para su reemplazo, y afirmó que con gusto responderá “con pleno respeto a nuestras instituciones judiciales dentro del marco de los procesos establecidos en nuestro ordenamiento”.

Ante la admisión de la demanda por parte de  la Sección Segunda del Consejo de Estado y las reiteradas denuncias, en ocasiones sin mayor fundamento, se reafirman los temores que se vienen generalizando entre los funcionarios públicos, porque se están empleando los tribunales como espacios de disputa política.

Sin embargo, un fallo emitido por el Consejo de Estado a favor del exsenador Omar Yepes Alzate, en agosto de 2004, podría ser la jurisprudencia a la cual podría apelar Lozano para su defensa. En dicho fallo, el alto tribunal decidió que si bien había una evidente cercanía entre el exsenador y el señor Josué Jaramillo Osorio, quien fue intermediario para algunos nombramientos en el departamento de Caldas, no había motivos para retirarle la investidura.

 La sentencia reza: “en el caso de la ‘gestión’, la conducta sancionable no es la expedición de recomendaciones (…) sino la actividad indebida desplegada por un congresista de exigir a un funcionario público que le tramite la celebración de contratos o la vinculación para la prestación de servicios en una entidad con personas en las que demuestra su especial interés”. Con ese argumento no procedió la demanda de pérdida de investidura contra Yepes Alzate.

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