Judicatura denuncia ataque malintencionado en caso Lucero Cortés

La Sala Disciplinaria argumenta todas sus decisiones fueron contrarias a los intereses de su esposo y que no hay lugar a las sospechas.

Como un ataque malintencionado y tendencioso calificó el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, los señalamientos en contra de ese organismo dentro del proceso que llevó a la detención de la representante a la Cámara Lucero Cortés.


Manifestó que, tanto en primera como en segunda instancia, la Judicatura no hizo más que tomar decisiones que fueron desfavorables a los intereses del marido de la dirigente, Manuel Rincón, y no entiende de dónde otorgar credibilidad a las supuestas presiones que recibieron magistrados para sancionar a su colega que interpuso la denuncia en contra de la parlamentaria.


El alto jurista repudió así lo acaecido frente a la situación de Rafael Vélez, el magistrado del Seccional de Cundinamarca sancionado por el Superior que aseguraba que su castigo era una retaliación a su decisión de no sancionar al abogado Juan Carlos Salazar, que se encontraba enfrentado jurídicamente al compañero sentimental de Cortés.


Aclaró que la Sala emitió en contra de Vélez en 2008 se debió a que permitió la prescripción de más de 300 procesos del caso Foncolpuertos y que si fuera cierto lo de las supuestas presiones la Judicatura no hubiera emitido repetitivos fallos en contra de los intereses del marido de la congresista, como lo hizo.


Villarraga precisó que el proceso en contra del abogado en pugna con Rincón cayó en manos del magistrado Germán Londoño Carvajal, quien ratificó la sentencia absolutoria proferida por Vélez, lo que constituye una prueba de que la Sala Disciplinaria nunca favoreció los intereses de la pareja de esposos.


Además, indicó que la Judicatura también conoció en primera y en segunda instancia la tutela que ha venido analizando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y que tiene en aprietos a la representante a la Cámara y que en ambos casos las determinaciones fueron contrarias a sus intereses.


Manuel Rincón, el marido de la legisladora, estaba empeñado en que la Fiscalía reabriera una investigación ante un supuesto caso de estafa del que fue víctima por la compra de un paquete de acciones de una firma de televisión por cable por cerca de 200 mil dólares.

Temas relacionados