A juicio excontratista de Drummond por crimen de sindicalistas

Jaime Blanco Maya sería el autor intelectual del asesinato de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita.

Un ex contratista de la minera Drummond será llevado a juicio en Colombia como autor intelectual del asesinato de dos sindicalistas en 2001, atribuido a paramilitares ligados a la empresa y por el cual esa compañía fue demandada en Estados Unidos, informó la Fiscalía.

Jaime Blanco Maya, quien era dueño de la empresa de alimentos que servía a la minera Drummond, será acusado por pedir a los paramilitares que asesinaran a los dirigentes obreros Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, confirmó a la AFP una fuente de la Fiscalía.

El proceso, que aún no tiene fecha, debe ser convocado próximamente por el juez, precisó la fuente.

Blanco Maya, quien anteriormente había señalado por ex jefes paramilitares como la persona que ordenó el crimen de los dos sindicalistas, se encuentra actualmente privado de la libertad por otro caso.

En 2009, un grupo de sindicatos colombianos presentó en Estados Unidos una demanda contra Drummond por supuestos nexos con los paramilitares de ultraderecha que habrían asesinado a los líderes sindicales.

En ese caso, fue citado como testigo el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), pero el gobierno colombiano asevera que éste, en su calidad de ex jefe de Estado, cuenta con inmunidad y no debe rendir declaración. El gobierno estadounidense debe decidir aún si le reconoce esa prerrogativa.

Los grupos paramilitares, que combatían a las guerrillas y ofrecían seguridad a ganaderos y empresarios en áreas rurales, son responsabilizados por miles de crímenes especialmente en los años 80 y 90.

Los paramilitares también se vincularon con la clase dirigente, al punto que unos 120 políticos son investigados actualmente por esas relaciones. En 2010, diez ex congresistas fueron condenados y uno absuelto.

El gobierno de Uribe adelantó entre 2003 y 2006 un proceso de paz con los paramilitares, en el cual se desmovilizaron unos 32.000 combatientes que obtuvieron beneficios procesales a cambio de confesión de crímenes y reparación a sus víctimas.

Sin embargo, diversos organismos de derechos humanos han denunciado un alto grado de impunidad en esos casos.