Juicio por Doña Juana

Miriam Martínez y cinco de sus funcionarios empezaron proceso disciplinario por presunta falsedad ideológica en documento público. Todos se declararon inocentes.


Por presuntamente haber incumplido procedimientos y normas que regulan la contratación estatal y en apariencia haber incurrido en falsedad ideológica en documento público, lunes arrancó el juicio disciplinario de la Procuraduría General de la Nación a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Miriam Margoth Martínez, por supuestas irregularidades en la adjudicación de la licitación para operar el relleno sanitario Doña Juana.

En audiencia pública, el ente de control, en cabeza de Francisco Salazar, procurador cuarto delegado ante el Consejo de Estado, formuló cargos a Martínez por aparentemente “vulnerar principios de legalidad y publicidad e inobservar el deber de la selección objetiva” y suscribir el acta de la adjudicación en la cual se habría consignado una falsedad. Ambas, según advirtió el procurador, se constituirían en faltas disciplinarias gravísimas, la segunda de ellas a título de dolo, con posible prisión de 64 a 164 meses y una inhabilidad para ejercer cargos públicos que podría ir de 80 a 180 meses.

De acuerdo con lo consignado en el auto de citación a la audiencia leído este lunes, dentro de la investigación quedó demostrada objetivamente la materialidad de la falta. En concreto, la Procuraduría se refiere a lo sucedido en los dos días que se tomó la Uaesp para adjudicar el negocio de Doña Juana al consorcio brasileño CGR, en septiembre del año pasado.

Aparentemente, Martínez desconoció los derechos de los oferentes al no dar estricta aplicación a las reglas y omitir las razones por las cuales seleccionó como adjudicatario a CGR. En el acta de adjudicación, dijo la Procuraduría, se habría consignado que la oferta económica ganadora fue verificada y evaluada, “lo cual no correspondería a la realidad”.

Junto con Miriam Martínez son investigados cinco funcionarios y asesores más de la Uaesp, a quienes se les formuló el único cargo de falsedad ideológica en documento público. Se trata de Gerardo Enrique Cuenca, María Elena Taborda, Benjamín Herrera, Alejandro Chávez y Luis Augusto Cabrera. Todos hicieron parte del proceso para adjudicar Doña Juana y según el ente de control podrían haber violado los artículos 6, 83 y 209 de la Constitución y el Estatuto de la Contratación.

En sus versiones libres, todos se declararon inocentes. La directora de la Unidad aseguró que “las cosas se hicieron bien” en la licitación y, más allá, dijo ser “una víctima” de quienes quisieron torpedear el negocio del relleno, que en 23 años de existencia estuvo funcionando con contratos que se entregaron directamente, es decir, sin concurso público.

Según ella y Rubén Darío Henao, su abogado, uno de los representantes  del consorcio oferente del que hacía parte la firma Proactiva (operadora del relleno por nueve años) “trató de borrar las firmas” del sobre con su propuesta económica con el objetivo aparente de probar una posible irregularidad: “La víctima soy yo. Siempre quisieron tumbar la licitación”.

En el mismo sentido, la funcionaria declaró que “sí se verificó el valor de la oferta económica” ganadora y así se consignó en el acta de adjudicación del negocio, que se entregó por 11 años.