Justicia y Paz finaliza su primer caso

HACE UNA SEMANA LA CORTE suprema de Justicia emitió una decisión histórica: la primera sentencia definitiva en un proceso de Justicia y Paz —el marco legal establecido desde el año 2005 para tramitar la desmovilización de grupos armados ilegales—.

Así, tras casi seis años de vigencia de este sistema penal de transición, quedaron en firme las dos primeras condenas a ocho años de cárcel dictadas a Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, y a Úber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, dos comandantes paramilitares de los extintos bloque Héroes de los Montes de María y frente Canal del Dique de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Esta decisión, además de ser pionera en materia de justicia transicional en el país, reviste de una considerable importancia al esclarecer la masacre, el homicidio, el desplazamiento forzado y otras violaciones a más de 1.100 personas de la región de los Montes de María, una zona que será tristemente recordada en nuestra historia por ser el escenario de una cruenta lucha territorial que ha dejado un aterrador saldo de víctimas de todos los tipos y condiciones.

Como es costumbre, en su muy bien hecho documento, la Corte Suprema aprovechó para darles pautas a fiscales, procuradores, defensores y tribunales sobre cómo avanzar los miles de casos que aún tienen por delante. La jurisprudencia aclara el camino para que los tribunales decidan en derecho y no en equidad sobre las reparaciones, señala criterios sobre cómo establecer los perjuicios sufridos por las víctimas y confirma que los postulados tienen derecho a que se les tenga como parte cumplida de la pena el tiempo en el cual permanecieron privados de la libertad en establecimientos administrados por el Inpec, pero no del tiempo que permanecieron en la zona de concentración.

Extraña, sin embargo, que la Corte les haya quitado dientes a las reparaciones colectivas al dictaminar que los tribunales superiores de Justicia y Paz no pueden dar órdenes a las instituciones estatales para que las cumplan en plazos determinados, sino que se deben limitar a exhortar a que las realicen en un plazo razonable. En un país en donde las autoridades no precisamente corren a cumplir con las órdenes judiciales, los exhortos y conminaciones no terminan siendo otra cosa que saludos a la bandera, algo que podría poner en serio riesgo la reparación de las víctimas y el cumplimiento de los ya de por sí escasos fallos judiciales.

Precisamente, la lentitud en la que se han venido produciendo las sentencias de Justicia y Paz es una de las principales falencias de este sistema. Aunque se dio el primer fallo, resulta pertinente guardar las proporciones de lo alcanzado y analizar prudentemente la deuda que se tiene por delante. Con base en datos de la Fiscalía General de la Nación, la sentencia de la Corte Suprema da cuenta de la existencia de 17.262 hechos confesados por paramilitares, los cuales implicarán procesos penales similares a éste para el esclarecimiento de la responsabilidad de 4.511 postulados, y la satisfacción de los derechos de las 314.383 víctimas inscritas en la base de datos de la Fiscalía, con corte a noviembre de 210.

Administrar este modelo de justicia de manera seria, con cumplimiento de las garantías del debido proceso y permitiendo el acceso a las víctimas, pero garantizando que se hará en un tiempo razonable, es el reto que comparten la Fiscalía, los Tribunales de Justicia y Paz y la propia Corte Suprema de Justicia, pues al paso que vamos, los postulados terminarán cumpliendo sus penas alternativas antes de que se profieran los fallos que los declaren responsables. Este primer caso marca un hito, esperemos que despeje la vía a los que deberán de seguirle.

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