'Líderes sindicales son el grupo más protegido'

Mauricio Santamaría dice que no se requiere una nueva reforma laboral y anuncia mano dura contra empresarios que impidan asociación de los trabajadores.

Si hay un ministerio clave en los compromisos adquiridos por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos frente a Estados Unidos, con el fin de lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC), es el de Protección Social, a cuya cabeza está Mauricio Santamaría. En diálogo con El Espectador, el ministro explica los alcances de lo pactado con el gobierno norteamericano, lo que ya se viene haciendo para cumplir e incluso se inmiscuye en un tema de moda por estos días: el del fútbol profesional y la crisis del Deportes Quindío.

Con todos los requerimientos hechos por Estados Unidos para impulsar el TLC, ¿no se requiere otra reforma laboral de fondo?

Esos no son requerimientos. Desde la campaña presidencial y en las reuniones de la Comisión de Concertación Laboral habíamos planteado la eliminación de las cooperativas de trabajo, el incremento de los inspectores laborales, lo de crear un nuevo delito penal por interferir con el derecho de asociación. Todo eso surge del Plan de Gobierno y es una muestra de que los derechos laborales y la protección a sindicalistas son nuestro compromiso.

¿Pero se necesita o no una nueva reforma laboral?

No creo. La Ley de Formalización y Generación de Empleo —antes conocida como de Primer Empleo— va en la dirección que siempre se ha establecido desde el principio del Gobierno, que es la de dar beneficios a la formalización, porque ese es el camino de la prosperidad.

Es que los trabajadores tienen la espinita de que les hayan recortado beneficios, como en horas extras y nocturnas...

Esa reforma ya se hizo en 2002. Es claro que sus efectos no fueron los que se esperaban, pero uno no puede ponerse a devolver reformas y atentar contra la estabilidad jurídica. Lo que creo es que de aquí en adelante tenemos que luchar para que todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores se cumplan al dedillo.

Hablando de derechos laborales ¿no debería el Ministerio meter mano en la situación del fútbol profesional y lo sucedido con el Deportes Quindío?

Por ahora no. Nosotros entramos en el momento en que se presenten realmente temas laborales. Ahora hay problemas financieros que los está manejando la autoridad competente. Lo que sí tenemos que hacer es vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores, es decir, de los futbolistas.

¿El hecho de que el Quindío ponga a jugar a menores de edad es legal?

Cada equipo puede manejar su nómina como quiera. Esos muchachos deben tener algún tipo de vinculación laboral con el Quindío.

El presidente del Pereira planteó que el fútbol se rija por las normas laborales de la Fifa y no las de Colombia...

Hay problemas de estructura y financieros que la recién aprobada Ley del Fútbol aborda y busca dar soluciones, como volver a los clubes sociedades anónimas. Para que eso se puede dar, tiene que haber total cumplimiento de las normas laborales. El fútbol siempre se ha regido por las normas de la Fifa, pero en todos los países hay leyes laborales que nadie puede romper, sea quien sea.

Volviendo a lo del TLC, ¿es posible cumplir con los plazos que ha puesto Estados Unidos?

Por supuesto y diría que estamos muy avanzados. Quizás el tema más complicado es el de las cooperativas de trabajo, donde se requieren estudios y discusión con empresarios y sindicatos. Para tener listo ese decreto hay plazo hasta el 15 de julio.

¿Y cuándo se acabarían en definitiva esas cooperativas?

La Ley de Formalización y Generación de Empleo hablaba de junio de 2013, pero en el Plan de Desarrollo metimos un artículo que adelanta esa fecha. Cuando se sancione el Plan, entraría en vigencia la norma. En esencia lo que dice es que se prohíbe todo tipo de contratación que no respete los derechos laborales de los individuos y se prohíben las formas de intermediación laboral que hacen las cooperativas.

¿Eso no podría dificultar la contratación directa por parte de los empresarios?

Lo que estamos buscando es que la contratación que se haga no tenga ese tipo de esguince que significa la intermediación. No quiere decir que las empresas de servicios temporales que proveen trabajadores para ciertas actividades van a dejar de existir. Mientras lo hagan de manera legal y respetando los derechos, podrán seguir.

El documento pactado con Estados Unidos habla de inquietudes por la violencia contra sindicalistas, inadecuado esfuerzo por llevar a los víctimarios ante la justicia y protección insuficiente de los derechos de los trabajadores...

Y esas son preocupaciones que teníamos desde la campaña. El anterior gobierno avanzó muchísimo en la protección de los sindicalistas. En estos momentos, a través del Ministerio del Interior, vamos a implementar 700 nuevos esquemas de protección. Los líderes sindicales son sin duda el grupo más protegido que existe en Colombia. Hoy hay 1.200 líderes con esquemas de protección. Pero el problema no es sólo ese, sino que los culpables no respondan ante la justicia. Por eso se trabaja con una unidad especial en la Fiscalía y un cuerpo especial en la Policía Judicial.

¿Es posible cumplir con la protección de sindicalistas ante amenazas como las de las bandas criminales en las regiones?

Es nuestra responsabilidad y lo vamos a lograr. Este año se han registrado cuatro casos de asesinato de sindicalistas: tres maestros y un funcionario del Inpec. Las investigaciones están andando y hay casos donde es claro que los móviles no fueron por su actividad sindical. La meta es cero asesinatos.

¿Los asesinatos de líderes de reclamación de tierras podrían afectar los logros que quiere mostrar el Gobierno?

Sin duda afectan y los ministerios de Agricultura y del Interior están encima de ese tema. Cada vez que uno de esos líderes es asesinado, es grave para el país.

¿Cómo es lo de la reforma penal para criminalizar toda acción o amenaza que pueda afectar los derechos de los trabajadores?

Una de las grandes quejas de los trabajadores ha sido que se interfiere mucho con la libertad de asociación a través de diferentes mecanismos, como amenazas de despido. Por eso en el estatuto anticorrupción se metió un artículo en el que cualquier hecho contra la libertad de asociación se convierte en delito penal y deja de ser un tema sólo de multas. Un empresario que impida que se forme un sindicato puede ir a la cárcel.

¿Cómo convencer a los sindicatos de que el TLC es bueno?

Dentro de las mismas organizaciones sindicales hay diferentes criterios. Algunos ven con muy buenos ojos estos acuerdos comerciales y la experiencia demuestra que son positivos. El libre comercio con países grandes genera empleo y nuevas oportunidades. Esto tiene que ser un proceso de diálogo continuo con las centrales de trabajadores.

Uno ve buenas intenciones pero, por ejemplo, ¿cómo lograr la abolición definitiva del trabajo infantil, uno de los requerimientos que nos hace Estados Unidos?

Una meta de cualquier gobierno tiene que ser abolir el trabajo infantil, con o sin tratados. Lo que hace un TLC es visibilizar el compromiso que el Gobierno debe tener ante ello. Claro, son temas complicados. Hay países que llevan años luchando y no han podido. En los últimos 20 años Colombia ha avanzado mucho, pero en sectores como el de la minería y la agricultura es difícil y por eso hay que aumentar la inspección y hacer que los delitos relacionados con esos casos sean efectivamente sancionados.

Veinte años y sin estatuto del trabajo

A los 20 años de la Constitución del 91, ¿no debería promulgarse de una vez por todas el estatuto del trabajo?

En Colombia existen normas laborales que, se podría decir, implican la existencia de ese estatuto del trabajo. Está la Ley 50 del 90 o la misma reforma de 2002, pero sin duda es un tema que hay que considerar. En la Comisión de Política Laboral se ha tocado. Es un tema complicado que requiere mucho consenso y diálogo. No es algo que se logre tan fácilmente.

¿Por qué? ¿Hay muchos intereses políticos?

No sólo políticos, sino de todo orden. Todo mundo tiene sus intereses en su mayoría legítimos. Los trabajadores defienden lo suyo a través de los sindicatos. Los empleadores defienden también sus intereses. Ahora, creo que lo grave es que los desempleados e informales no son escuchados dentro de estos debates y esa es la labor que tiene que hacer el Gobierno: velar porque los desempleados dejen de serlo y porque haya más trabajo formal.