La decisión de la Corte Suprema

EL SENADOR IVÁN MORENO, POR ORden de la Corte Suprema de Justicia, fue capturado el jueves en Bogotá.

Una captura sin duda sorpresiva, aun cuando se esté volviendo habitual, al no cumplir con el orden regular: este tipo de procesos comienzan generalmente con una citación a indagatoria y al cabo de un par de días se define si hay o no lugar para la detención. Tal excepcionalidad obliga a pensar que las pruebas que tienen los magistrados son contundentes y que, por la gravedad de sus crímenes, Moreno permanecerá preso hasta que su caso concluya. Algo que, conviene prepararse desde ya, tomará tiempo: el fuero de los congresistas los somete, de forma exclusiva, a la investigación y juicio de la Corte Suprema y el sistema procesal de la más alta instancia judicial sigue siendo inquisitivo, no acusatorio como el de la Fiscalía. Organismo este último que, más allá de ejecutar la orden de captura y retener a Moreno en su búnker, nada tiene que ver en el proceso del senador. De aquí que sea cuando menos extraña la denunciada persecución por parte de la Fiscalía que ha alegado Moreno, al igual que la supuesta violación de sus derechos por parte del CTI.


Una persecución que, ahora que intervino la Corte por sospecha en los cargos de concusión, cohecho propio y contrato sin cumplimiento de requisitos, tampoco se le puede seguir adscribiendo a la Procuraduría. Aunque Moreno es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, la decisión de capturar a un senador en ejercicio es tan seria que las acusaciones de asechanza política perderán fuerza y, por fortuna, también el bochornoso espectáculo mediático que prometía ser el enfrentamiento del procurador Alejandro Ordóñez y el abogado defensor, Jaime Araújo, antiguos rivales ideológicos. Es tranquilizador suponer que el proceso disciplinario seguirá con menos protagonismo su curso y que, mucho antes que la Corte, el ente de control tomará decisiones sobre el caso del senador, al parecer, uno de los altos protagonistas del llamado carrusel de la contratación, que se destapó el año pasado con una conversación del excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y, hasta hoy, no ha parado de crecer en el número de involucrados.


Entre la lista de nombres, que cada vez coge más altura, no deja de ser revelador que, junto con la captura de Iván Moreno, la Corte Suprema haya compulsado copias para que la Fiscalía investigue al hermano del senador, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y al exministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego. Tal compulsión, si bien carece formalmente de valor —no es competencia de la Corte investigar y juzgar a mandatarios locales ni a miembros del gabinete—, difícilmente será ignorada. No sin razón: algo importante tienen que haber encontrado los nueve magistrados para que se permitan hacer semejante solicitud y es labor, ahora sí de la Fiscalía, avanzar en el caso.


En este sentido, es importante que el organismo investigador asuma sus funciones sin que se presenten dudas sobre la fidelidad de los acusadores. Nada bueno trae sobre la confianza en la justicia —que hasta ahora ha dado muy importantes y meritorios pasos— que alrededor del fiscal Germán Pabón, encargado del caso Nule, ronden sospechas de una posible vinculación con los acusados. Todo lo adelantado podría perderse si esto resulta ser cierto y, en lugar de retomar su curso, el país volvería a quedar en manos de corruptos. Aunque por ahora, por supuesto, sólo hay indicios leves, acaso exagerados, bien harían las instancias de control de la Fiscalía en revisarlos, pues si algo ha demostrado este escándalo es que las cosas no están resultando muy diferentes de lo que parecen.

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