La defensa de Samuel

Diez días tendrá la Procuraduría para responder a uno de los últimos cartuchos del alcalde, quien pretende egresar pronto a su despacho.

Con el argumento central de que  sus atribuciones como jefe de la administración las ejerce a través de los organismos o entidades del Distrito y que estos organismos tienen la capacidad de contratar y ordenar cada uno su gasto, el alcalde Samuel Moreno le solicitó al procurador, Alejandro Ordóñez, que deje sin efecto la suspensión por tres meses prorrogables con la que lo sancionó.

El jefe del Ministerio Público suspendió a Moreno por omisión en la ejecución de unos contratos de la Fase III de Transmilenio y de la malla vial. Ahora cuenta con 10 días hábiles (que corren a partir de este viernes) para dar respuesta al recurso de reposición que interpuso la defensa del alcalde.

El Espectador conoció el documento de 19 páginas en el que el mandatario local argumenta las razones por las cuales cree que no debió ser suspendido. Allí recuerda que el Comité Sectorial de Movilidad y Espacio Público está integrado por el secretario de Movilidad y el gerente del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) e insiste en que el IDU actuaba de manera autónoma e independiente.

También, asegura el alcalde que fue  Ordóñez, siendo magistrado ponente en una sentencia del Consejo de Estado, quien precisó como pautas de conducta para proferir la suspensión provisional “que no basta la motivación, sino que las razones tienen que ser serias y objetivas”.

A continuación, Moreno, asesorado por su abogado Carlos Gómez Pavajeau, pide al procurador considerar que Bogotá es un Distrito Especial y que como tal cada organismo y entidad es responsable por los contratos que firma.

“Lo contrario, como lo pretende el señor procurador general de la Nación, es afirmar que el alcalde tiene que vigilar y controlar la actividad contractual como si ésta dependiera de él”.

Prosigue el documento asegurando que “las supuestas irregularidades contractuales se llevaron a cabo en el IDU, entidad adscrita al Sector Movilidad (...) liderado por la Secretaría Distrital de Movilidad...”.

Según la defensa del suspendido alcalde, por ley corresponde al mandatario  asegurar la construcción de las obras, pero a través de programas, presupuesto, control de políticas y metas, y no revisando “contrato por contrato y obra por obra, lo cual además es un despropósito, toda vez que a nadie se le puede exigir lo imposible, so pena de desconocer el principio de dignidad...”.

Asimismo, el recurso de reposición califica como “una verdadera deslealtad procesal” el que no se hayan practicado aún todas las pruebas decretadas.

Se trata de una de las herramientas jurídicas (la otra sería una acción de tutela) a las que el alcalde piensa acudir para regresar pronto al Palacio de Liévano.