La disputa por la reserva

De ahora en adelante no se expedirán licencias para construir dentro del corredor de 1.500 hectáreas.

Mientras los ambientalistas celebran la decisión, que convierte en área de conservación 1.500 hectáreas del norte de Bogotá, los habitantes de la zona anunciaron que demandarán al Estado y a las autoridades ambientales por los perjuicios que representa para ellos la declaración. La CAR tiene un año para presentar el Plan de Manejo Ambiental.

El debate, que se extendió más de diez años, entre el Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, el Distrito, la Procuraduría y hasta los habitantes de la zona, alrededor de la declaratoria de la franja norte de Bogotá como reserva forestal, parece no terminar a pesar de que el Consejo Directivo de la CAR finalmente hizo efectiva la declaratoria el pasado martes.

De ahora en adelante no se expedirán licencias para construir dentro del corredor de 1.500 hectáreas que comprende la reserva y que atraviesa las localidades de Suba y Usaquén (ver infografía). La zona ahora es llamada 'Reserva forestal regional productora del norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen', en honor al ambientalista y científico holandés que contribuyó al estudio del lugar.

Según la CAR, la decisión permitirá generar las condiciones idóneas tanto para la protección y permanencia de los ecosistemas naturales que allí existen, como para la conectividad de la estructura ecológica distrital y regional, entre el bosque oriental de la capital y el río Bogotá. Por otro lado, permitirá crear una zona de amortiguación para evitar la conurbación urbana entre Cota y Chía.

Pero otra cosa piensa el secretario distrital de Ambiente, Juan Antonio Nieto, único miembro de la Junta Directiva de la CAR que se opuso a la declaratoria, para quien no se está evitando la conurbación, sino que Chía y Cota quedan libres para acercarse a la capital, pues el área restringida está sólo en la jurisdicción del Distrito y poco tiene que ver con la región.

El secretario de Ambiente asegura, además, que de las 1.500 hectáreas declaradas reserva, sólo el 5% podrían ser área de protección ambiental. En el 61% del suelo hay proyectos agropecuarios, en el 11% floricultivos y en el 10% colegios y universidades. Nieto propone una alternativa de manejo más acorde con el principio de realidad y menos restrictiva, que busque la coincidencia de los intereses ambientales de Bogotá y la región a través de corredores ecológicos que serían más extensos que la misma reserva y que a la vez evitarían problemas jurídicos con los habitantes.

Y es que durante los años de debate sobre la declaración de la reserva se levantaron edificaciones y se desarrollaron todo tipo de usos del suelo en el área. Tal como lo afirma Nieto, hoy hay colegios, condominios, clubes, clínicas, cultivos de flores y fincas productoras que no podrán ampliarse ni adelantar ningún proyecto productivo que resulte incompatible con los parámetros de conservación. Según la declaración, el uso principal será forestal. La investigación científica y la recreación pasiva se conciben como usos compatibles.

 Impida o no la conurbación con municipios aledaños, la declaratoria incide directamente en el futuro de la expansión de Bogotá. Mientras candidatos a la Alcaldía como Enrique Peñalosa creen que este espacio es idóneo para la construcción de viviendas, el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, señala que es mejor crecer desde adentro como lo han hecho las grandes ciudades del mundo, crear una urbe densa rodeada de espacios verdes.

Para Fernando Amaya, representante de los habitantes de la zona y miembro de la asociación de vecinos, Asodesco, la declaración representa un perjuicio patrimonial sobre los inmuebles de los particulares del sector. Por eso planean demandar al Estado, a la CAR y al Ministerio de Medio Ambiente.

Aunque ya se firmó la declaratoria, mediante las Resoluciones 475 y 621 de 2000, los habitantes insisten en que sea revisada su propuesta de hacer corredores ambientales (ver gráfico), que fue calificada como idónea por parte de la Procuraduría General de la Nación y que además es viable según el Ministerio de Vivienda. Los propietarios de los predios seguirán buscando que esa sea la figura de ordenamiento territorial que permita trabajar de manera sostenible el componente ambiental.

Sin embargo, ante la  declaratoria también surgen nuevas ideas. Según Raúl Moreno, presidente de la Fundación Torca Guaymaral, lo que resulta aún más importante que la misma reserva es desarrollar un proyecto de conectividad en el humedal Torca Guaymaral, que actualmente se encuentra dividido. Cuando construyan la segunda parte de la Autopista Norte (desde la calle 198 hasta Chía), según Moreno, la CAR y el Ministerio de Ambiente estarán obligados a dejar una conectividad hidráulica, de mamíferos y de aves en este punto.

Moreno también afirmó que lo más sano para la CAR, que debe entregar el plan de manejo ambiental para esta zona durante los siguientes doce meses, sería invitar a los propietarios de predios del sector y a las organizaciones ambientales a que participen en el desarrollo de este plan, de forma que los planteamientos de uno y otro sector queden incluidos.

Si bien la declaratoria de una reserva forestal al norte de la capital constituye una gran noticia en materia ambiental, también implica un reto para las autoridades ambientales que, después de discutir once años si declarar o no la reserva, ahora tienen un año para establecer un plan de manejo que no genere líos jurídicos con los 300 dueños de predios que reclaman otras alternativas.

‘La reserva es un gran regalo para Bogotá’: Gerardo Ardila

Como una gran noticia para los bogotanos, calificó  Gerardo Ardila, director del Instituto de Estudios Urbanos de la U. Nacional, la aprobación del acuerdo mediante el cual se declara la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, D.C. ‘Thomas van der Hammen’ en las localidades de Suba y Usaquén.

Ardila, uno de los mayores defensores de la reserva, cree que la declaración, lograda después de más de 10 años de trabajo continuo, representa grandes ventajas para la capital. Con ella se protegerán y preservarán 1.500 hectáreas de suelo de gran valor ambiental y una de las zonas productoras de agua de las más valiosas del altiplano. Además, se aumentará la calidad de vida de todos los bogotanos y de la región.

Otra de las ventajas de la declaratoria consiste en que, al poner un alto a la construcción, la reserva se convierte en una amplia zona de amortiguación para evitar la conurbación urbana de Chía y Cota. Por eso, para Ardila, los enemigos de la reserva se reducen a los constructores y floricultores que verán limitados sus proyectos productivos debido a esta iniciativa de conservación.

Ante la inquietud de los propietarios acerca de los impactos negativos en el patrimonio de sus inmuebles, Ardila señala que a largo plazo van a ser los más beneficiados. La idea es que sea una reserva que permita el desarrollo de los usos del suelo que existen actualmente y que sean compatibles con la conservación. “Los habitantes de la zona no podrán construir más, pero a la larga, además de poder seguir habitando el espacio, van a ser los dueños de la reserva”.

Contrario a lo que se ha dicho en distintas ocasiones, en el sentido de que el Distrito tendrá que comprar los 300 predios ubicados en la zona, Ardila explica que el  Instituto de Estudios Urbanos le ha propuesto a la CAR seis escenarios posibles que no se limitan a la compra. “Hay muchas opciones, que incluyen la participación ciudadana en el manejo de la reserva”, dice.

Todo dependerá del plan de manejo que presente la CAR y para el que legalmente tiene un año de plazo.

Reacciones

Fernando Amaya
Miembro de Asodesco, representante de los habitantes de la zona de reserva

“Demandaremos al Estado, a la CAR y al Ministerio de Medio Ambiente por el gran perjuicio que significa para los particulares la Reserva Forestal del Norte. Nos oponemos rotundamente a la decisión.

Juan Antonio Nieto
Secretario de Medio Ambiente Distrital

“Sólo el 5% de las 1.500 hectáreas podría ser de protección ambiental, el 61% corresponde a proyectos agropecuarios, el 11% a floricultivos y el 10% a colegios y universidades.

Andrés González
Gobernador de Cundinamarca, presidente de la Junta Directiva de la CAR

“Esta declaración busca preservar ese entorno forestal que rodea la gran ciudad, cuyo uso sólo puede orientarse al futuro en los temas forestales, de recreación y de protección”.

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