La doctrina del escarmiento

Hoy son 12 los colombianos que están detenidos por narcotráfico en China, a propósito de la reciente notificación de la Cancillería colombiana que advierte sobre dos condenados a muerte.

“Matar a la gallina para asustar a los monos” era una frase comúnmente citada por Mao Zedong. Hoy se usa para referirse a condenas ejemplares en la República Popular China, que buscan expresar la fuerte posición del gobierno chino en casos de “subversión del Estado”, condena generalmente aplicada a activistas o en casos de narcotráfico, como fue el publicitado caso del inglés, de ascendencia paquistaní, Akmal Shaikh, ejecutado por tráfico de drogas en China.

Esta vez y como la Cancillería colombiana notificó hace días a sus familiares, la pena de muerte por narcotráfico fue sentenciada para dos colombianos: Harold Carrillo, detenido en Pekín en 2010 en poder de tres kilos de cocaína, y Guillermo Álvarez, detenido en Guangzhou y de quien no se conocen mayores detalles. Otros 10 colombianos se encuentran presos en China por cargos similares, cuatro condenados a cadena perpetua, dos de ellos a 15 años de prisión y cinco se encuentran esperando la condena.

Tradicionalmente, pocos eran los extranjeros ejecutados en China. Hasta hoy China ha ejecutado a siete extranjeros. El italiano Antonio Riva y el japonés Ruichi Yamaguchi fueron condenados en 1951 por planear el asesinato de Mao Zedong y oficiales comunistas. Casi seis décadas después, en 2009, la ejecución del inglés Akmal Shaikh, detenido con 4 kilos de heroína en la provincia de Xinjiang, reinstauró la condena para extranjeros, que fue seguida por la ejecución de un japonés, detenido con 1,5 kilos de estimulantes y tres filipinos, detenidos cada uno con más de 4 kilos de heroína.

La pena de muerte, según la ley criminal china, en casos de droga es aplicada por una cantidad mínima de 50 gramos. Otras condenas usadas son pena de muerte con suspensión de dos años, cadena perpetua o penas temporales de hasta 15 años.

El caso reciente de tres filipinos ejecutados es el que quizá más se parece al de los colombianos. El gobierno filipino insistentemente apeló clemencia —incluso con una visita presidencial a China— explicando la difícil situación económica que vivían cada uno de los condenados, su ignorancia y reconocimiento del error. Sin embargo, ninguna de las solicitudes sirvieron para cambiar el veredicto.

El Código Penal chino establece que si la persona no comete otro crimen durante los dos años de suspensión y si “realmente ha hecho contribuciones importantes, es posible conmutar la pena de muerte por la prisión temporal de 25 años después del cumplimiento de dos años”, que en este caso sería una de las últimas esperanzas para los colombianos.

El Gobierno de Colombia ha expresado que no acepta la muerte de sus connacionales y solicitó la reconsideración de la pena. El comunicado añade que aunque existe un tratado entre ambos países sobre asistencia judicial en materia penal, este instrumento no aplica a la extradición.

La Embajada en Beijing reiteró estar actuando en su máxima capacidad, ofreciendo constantemente información a las familias y comunicándose con los presos siempre que puede. En estos momentos la Embajada espera autorización para visitar a los juzgados por parte de las autoridades chinas.

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