La feria de los avales

FALTAN MENOS DE 30 DÍAS PARA EL cierre de inscripciones de candidatos para las elecciones regionales de octubre, en las que se elegirán 32 gobernadores, 1.102 alcaldes y cientos de diputados, concejales y ediles en todo el país.

Una vez más se pondrá a prueba la capacidad de nuestros partidos políticos de postular a personas capacitadas para ejercer los más importantes cargos departamentales y municipales. Sin embargo, para que el proceso democrático sea limpio es fundamental que la entrega de avales no se convierta, de nuevo, según la descripción del representante Carlos Alberto Zuluaga, en “un mercado persa”. Con ese propósito, el Ministerio del Interior publicó el lunes la lista de municipios en los que hay riesgo de que los candidatos estén vinculados con grupos criminales. Originalmente se iban a presentar públicamente los nombres, pero para evitar la injerencia del Gobierno en las elecciones regionales, éstos sólo se les darán a conocer a los jefes de partido. El Conservador, el Liberal y Mira han sido los primeros en solicitar al DAS la información y ahora deberán decidir, a puerta cerrada, la suerte de las personas señaladas. La dirección de la U se unió ayer a la solicitud. Aunque la decisión de negar el aval a candidatos investigados pordría violar los principios de la presunción de inocencia y el debido proceso, también es una media que evitaría destituciones y sanciones a mandatarios en ejercicio.


La tarea de revisar los antecedentes de los candidatos es, sin duda, titánica. Sólo las listas que los tres primeros partidos enviaron al DAS superan los 24 mil nombres. Según la Registraduría, en las elecciones regionales de 2007 hubo 86.451 candidatos en todo el país. Por esto, el trabajo debe comenzar en casa. La decisión de entregar avales no puede tomarse a la ligera. Los partidos son libres de formar sus listas, pero deben blindarse de candidatos que puedan estar inhabilitados o tener vínculos con criminales. Tradicionalmente, las colectividades, han negado avales a las personas que han sido condenadas, pero se han resistido a hacerlo cuando tienen investigaciones abiertas. Aunque las responsabilidades penales son individuales, es fundamental que los partidos hagan un proceso riguroso de selección, para evitar de nuevo la infiltración de organizaciones al margen de la ley en los poderes regionales. Incluso, como lo sugirió el senador Roy Barreras, deberán asumirse criterios distintos a un proceso judicial para negar el aval. Sólo así se ahorrarán los partidos —y nos ahorraremos todos— dolores de cabeza más adelante.


Y es que es mucho lo que está en juego en los comicios. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, estimó que cada candidato inhabilitado le cuesta al Estado unos 750 millones de pesos. Ese es apenas el costo de su inscripción en las elecciones. El de una eventual destitución es todavía mayor, tanto por las dificultades que genera la vacancia de un cargo público, como por el retroceso que sufren irremediablemente los diferentes proyectos en curso en su localidad. La historia reciente lo demuestra. Desde las elecciones de 2007 han sido destituidos e inhabilitados por diferentes razones nueve gobernadores y cinco alcaldes de capitales departamentales. Soacha, el décimo municipio más poblado del país, ha tenido cuatro alcaldes en los últimos ocho meses. Cota, Cundinamarca, se quedó sin alcalde después de que ganara un candidato que estaba inhabilitado penalmente. Algo similar sucedió en San Calixto, Norte de Santander, y Hatonuevo, La Guajira.


Aunque hay quienes han expresado su malestar por la iniciativa del Gobierno, lo cierto es que ya es hora de acabar con la vergonzosa feria de avales. Así como deben cumplir con un porcentaje mínimo de mujeres, los partidos deben garantizar la máxima transparencia de las listas. No es muy claro cómo se han salvado muchos de ellos de la responsabilidad política tras los desastres que han realizado varios de sus apadrinados. Ojalá ahora sí asuman la tarea.

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