La justicia en reconstrucción

Con el borrador del organigrama de lo que será el nuevo Ministerio de Justicia, el Ejecutivo enfrentará debate de reforma a la Rama Judicial el próximo lunes con las cortes.

En diez días arranca la segunda legislatura del actual Congreso y en un mes empieza el segundo año del gobierno Santos. Y después de una armónica relación entre los dos poderes, que le ha dejado al país un menú de leyes que se empiezan a aplicar, llega la hora del esperado debate de la reforma a la justicia. El Ejecutivo ya destapó sus principales cartas y este lunes afrontará el primer encuentro con los dignatarios de las altas cortes. Pero de forma simultánea, el Gobierno ya tiene listo otro as guardado: el borrador de la estructura del nuevo Ministerio de Justicia.

Después de nueve años en que, por decisión del entonces presidente Álvaro Uribe, el Ministerio del Interior cooptó las funciones de la cartera de Justicia, el gobierno Santos ya diseñó un ministerio renovado que recobra el protagonismo del Ejecutivo frente a los asuntos judiciales. Pero no se trata de un simple interlocutor del Gobierno ante las cortes, sino un frente institucional que aborda los temas esenciales de fortalecimiento de la justicia, con énfasis en las políticas de prevención del delito, justicia alternativa y lucha contra las drogas.

El Espectador conoció en detalle cuál es la fórmula que hoy el Gobierno evalúa con los especialistas del Derecho para el nuevo Ministerio de Justicia, y en principio se trata de una cartera con dos viceministerios y varias direcciones especializadas, que buscan poner en marcha un ágil modelo de interlocución pública y objetivos precisos. La novedad empieza por un aporte administrativo que apunta a dinamizar las actividades del ministro, a partir de la creación de un departamento de agenda legislativa, con el fin de mejorar la relación entre el Congreso y el Gobierno.

Directamente del despacho del ministro dependerán dos direcciones claves: la de asuntos judiciales internacionales y la de estudios sociojurídicos y política pública. La primera dependencia tendrá a su cargo asuntos determinantes: extradiciones, cooperación judicial internacional, repatriaciones y actuar como autoridad central en el cumplimiento de convenios internacionales, entre otras funciones. La segunda dirección asumirá de lleno el desarrollo de políticas públicas, iniciativas legislativas y estudios sobre el avance de la justicia.

Los dos viceministerios pensados en la nueva estructura del Ministerio de Justicia están enfocados hacia la búsqueda de la eficiencia del sector y la prevención y el control del delito. Respecto al primer frente de trabajo, está prevista la creación de una dirección de justicia alternativa, precisamente porque el gobierno Santos está empeñado en crear nuevas formas de administrar justicia. De hecho, este es uno de los aspectos que está contemplado en el proyecto de reforma a la Rama Jurisdiccional, que será presentado a consideración del Congreso el próximo 20 de julio.

En tal sentido, esta dirección de justicia alternativa está enfocada a desarrollar políticas de acceso a la justicia a través de mecanismos, como centros de convivencia ciudadana, casas de justicia, escenarios de conciliación extrajudicial y arbitraje, y jueces de paz. Una propuesta que se combina con la dirección de justicia formal, también dependiente del viceministerio de eficiencia, donde pretende concentrarse una tarea clave: el enlace del Ejecutivo con la Rama Judicial y los órganos de control, y el desarrollo de políticas públicas para la justicia.

A las dos direcciones anteriores se suma la de ordenamiento jurídico, con novedosas funciones, acordes con las mayores preocupaciones en la administración de justicia. En primer lugar, la defensa del ordenamiento jurídico ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la sustentación de los estados de excepción, la divulgación normativa y, en términos generales, el fortalecimiento de uno de los aspectos que más reclaman los abogados, los jueces, los magistrados y los ciudadanos del común: seguridad jurídica a la hora de los fallos.

La otra columna con la que el gobierno Santos busca consolidar el nuevo ministerio, rotulada como viceministerio de prevención y control del delito, comienza con una dirección de política criminal y penitenciaria que se encargue de evaluar de forma permanente el sistema carcelario, hacerle un estricto seguimiento al sistema penal y diseñar un moderno programa de resocialización y redención de penas, acorde con los estándares internacionales de alternatividad judicial y otras formas de sanción a conductas ilícitas.

En un país que ha sido azotado por un conflicto armado de ya casi cinco décadas, no podía faltar una dirección de justicia transicional. A través de ella, el Gobierno pretende que el Ministerio de Justicia asuma el liderazgo en la construcción de los marcos normativos para sentar las bases de una verdadera reconciliación. Los indultos, las postulaciones individuales y colectivas, y la materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación estarán a cargo de esta dependencia de la nueva cartera.

Finalmente, el viceministerio de prevención y control del delito contempla un componente esencial en un país como Colombia: la dirección general de política contra las drogas, con cuatro subdirecciones alternas, todas enfocadas al mismo objetivo: la articulación de una política nacional contra el tráfico de estupefacientes. La idea es que el Ministerio de Justicia sea el organismo que lidere la acción pública contra el mercado de los narcóticos, pero también en las directrices de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

La dirección de lucha contra las drogas y sus diferentes dependencias establece una gestión integral que articula los distintos frentes del Estado en esta materia. El Consejo Nacional de Estupefacientes, que ya no manejaría bienes incautados a la mafia, pues éstos pasarían al Ministerio de Hacienda, y otras tareas de mayor calado: la participación en operaciones nacionales e internacionales de control de insumos químicos, el desarrollo de la ley de extinción de dominios o la consolidación de la normatividad contra este flagelo.

Los puntos de la reforma

El inminente regreso del Ministerio de Justicia llega acompañado de un tema más complejo: la reforma al Poder Judicial. El cara a cara entre el Ejecutivo y los magistrados de las altas cortes vuelve a cobrar forma este lunes y la agenda ya está clara. El primer tema es la tutela. Casi desde la expedición de la Constitución de 1991, este recurso ha sido causa de enfrentamiento. El Gobierno quiere buscar un consenso y el tema de fondo es su procedencia ante sentencias judiciales. Este será un pulso aparte en el que tarde o temprano tomará partido la sociedad organizada.

Pero no apunta a ser el único tema polémico. El gobierno Santos va a insistir en la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, para reemplazarlo por un consejo judicial y un gerente de la Rama. En voz baja, hasta los magistrados saben que este organismo hoy está politizado y que el perfil de sus integrantes no es el más idóneo. Pero precisamente por esto el Congreso estaría renuente a perder su fortín. “El Gobierno tampoco es mocho”, precisó una fuente. De dientes para afuera pocos apuestan al Consejo.

Otro aspecto de enorme complejidad será la propuesta del Gobierno de introducir la doble instancia para funcionarios con fuero, es decir, para congresistas que hoy son juzgados en única instancia ante la Corte Suprema de Justicia. Las fórmulas abundan, y una de ellas es la que de los nueve magistrados de la sala penal, tres hagan la instrucción, tres fallen en primera instancia y tres decidan en la apelación. De entrada hay quienes dicen que no existe imparcialidad en esta propuesta. Cualquiera sea la salida, este será un pulso aparte.

Se ha dicho que la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes sería otro de los objetivos, pero en esta materia hay pocos avances. En cambio, otro de los aspectos que será como para alquilar balcón es el de las inhabilidades de los magistrados. El Gobierno pretende que al menos durante un período de cinco años, después de su período legal, los altos funcionarios judiciales no puedan presentarse a cargos de elección popular o pasar de un tribunal a otro sin algunas restricciones.

Pero del otro lado se contempla la posibilidad de ampliar el actual período de los magistrados a 12 años e incluso más, aspecto que ni el Gobierno ni las cortes ven con malos ojos. ¿Pero qué puede venir a cambio? Algunos críticos del tema consideran que, en primer término, se busca que los magistrados no vuelvan a participar en la elección de fiscal o contralor. Pero hay quienes dicen que también se les debe impedir que salgan a litigar ante las mismas cortes a las que pertenecieron. El Gobierno lo cree difícil, por aquello del respeto al derecho al trabajo.

Hay otros temas que de igual forma serán complejos, ya que se trata de una reforma que lleva aplazada muchos años. La creación de otros operadores de justicia, como centros de conciliación y arbitraje, notarios; la opción de que en el juzgamiento de pequeñas causas puedan intervenir otros organismos distintos a la Fiscalía; o la obligación de que los fallos estén atados a una jurisprudencia para que los jueces no estén interpretando a su acomodo sus decisiones. Escenarios que apuntan a que las víctimas no tengan un papel pasivo en los procesos judiciales.

En síntesis, después de un año de aciertos del Gobierno en su agenda legislativa, con amplia favorabilidad en las encuestas, se la juega ahora con un tema que se ha vuelto intocable en los últimos gobiernos, pero que la sociedad reclama: la reforma a la justicia. El primer paso era reactivar el ministerio del sector, que inexplicablemente fue eliminado por el gobierno Uribe. Pero ahora se requiere enfrentar, de una vez por todas, un dilema más complejo que el que en su momento significó la Ley de Víctimas: hacer que la justicia deje atrás el estigma de que sólo aplica para los de ruana.

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