La novela de Lucero Cortés

La procesan por tráfico de influencias, para que admitieran una tutela de su esposo.

La novela judicial en la que se ha convertido el caso de la representante a la Cámara Lucero Cortés Méndez, investigada por la Corte Suprema de Justicia por haber cometido el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público, la seguirá protagonizando desde su casa. Los magistrados de la Sala Penal ordenaron el miércoles su captura y le otorgaron el beneficio de prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

La denuncia concreta indicaba que Cortés Méndez aprovechó su influencia política y algo de dinero para ejercer presión indebida ante los jueces, para que la sala de revisión de la Corte Constitucional fallara a favor de su esposo Manuel Arturo Rincón Guevara una tutela que había sido rechazada en dos instancias. La congresista ha negado los hechos y desde el comienzo de la investigación se ha declarado inocente. Sin embargo, parece que siguen apareciendo evidencias que la comprometen.

El caso concreto que motivó la investigación se remonta al año 2000 y está relacionado con el pleito entre Rincón Guevara, representante de la sociedad Acociviles S.A. con Luis Alfredo Baena Riviere y sus familiares, por unas acciones de la sociedad Superview S.A., empresa que en 1999 se había ganado un contrato de concesión en la Comisión Nacional de Televisión, para la explotación del servicio de televisión por suscripción.

Tal parece que Baena Riviere dejó por fuera del negocio a Rincón Guevara (esposo de Méndez Cortés) y este, a su vez, lo demandó por el delito de hurto agravado por confianza. El proceso penal se quedó en Fiscalía y en el 2007 un fiscal cerró la investigación. Rincón Guevara instauró una tutela invocando el debido proceso, pero fue rechazada en dos ocasiones.

Fue donde supuestamente entró la mano y la influencia de la congresista, quien dicen movió fichas para que la tutela llegara a la sala de revisión de la Corte Constitucional. Finalmente, fue admitida y con fallo del 12 de febrero del 2009, los magistrados ordenaron a la Fiscalía revisar el proceso que habían cerrado en el 2007. A pesar de esto, el ente acusador ratificó el cierre de la investigación y hoy solo queda la investigación penal contra la congresista Lucero Cortés.

Esta investigación tiene también relación con la orden que dio hace unas semanas la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de adelantar una inspección a la Corte Constitucional, con la que buscaba establecer el trámite que se le dio a la acción de tutela.

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