La nueva legislatura

CON MÁS DE 20 INICIATIVAS PENdientes de origen gubernamental se inicia hoy la segunda legislatura del Congreso actual.

La reforma a la justicia será, quizá, el trámite más difícil. Pero no menos controvertida será la reglamentación de la reforma al sistema de regalías y las reformas al sistema tributario, de pensiones y de salud. Las últimas tres, que por lo general se presentan unidas, no parecían ser una prioridad de la administración Santos, o por lo menos así lo dejó saber el presidente en tiempos de campaña. Sin embargo, las presiones del gasto público, el escándalo de la DIAN y el de la salud obligaron la atención por parte del Ejecutivo. Interesante sería, de tener el capital político suficiente, que el Gobierno insistiera en reformas ambiciosas capaces de poner la casa en orden. Además de un mejor control institucional para detener los desfalcos, hay que tomarse en serio la necesidad de aumentar la base impositiva: todavía son muchos los evasores, muchos los elusores y muchas las exenciones tributarias con poca, o ninguna, justificación.

Al tiempo que se reducen los ingresos públicos, sin embargo, las presiones fiscales para cubrir la salud y las pensiones aumentan, en buena parte porque quienes las pagan, a saber, los trabajadores formales, son cada vez menos. El círculo vicioso comienza a evidenciarse: porque el trabajo formal es muy caro —el empleador paga, además de parafiscales, parte de la salud y pensiones—, aumenta la informalidad y porque aumente la informalidad no hay con qué pagar la salud y las pensiones. Aunque antigua, ha vuelto a correr la idea de cobrar impuestos universales para pagar servicios universales como lo debería ser, sin duda, la seguridad social. La Corte Constitucional ha vetado tradicionalmente la subida del IVA, porque argumenta, con razón, que es un impuesto regresivo: lo pagan todos por igual, pobres y ricos. La compensación, no obstante, se puede garantizar en servicios, donde se incluya, por ejemplo, la universalización de la educación, reto ausente de este gobierno.

Reformas posibles, en cualquier caso, hay muchas. Lo importante es que no pierda el Gobierno la oportunidad de mejorar el caudal de ingresos del fisco. Oportunidad que tampoco puede perder el Legislativo, que debe, por lo demás, impedir que le midan sus logros en términos de obediencia. Aprobarle reformas al Ejecutivo no es de suyo una muestra de talento. Debe también dirimir los conflictos, garantizar continuidad, revisar los proyectos, fomentar la evaluación de su impacto y avanzar por ánimo propio iniciativas que merezcan admiración y respeto, no como la populista cadena perpetua para violadores adelantada por el Partido Verde, ni la oscurantista prohibición del aborto para todos los casos, avanzada por los conservadores.

Este último partido tiene, además el reto de la presidencia del Congreso. En cabeza del senador Juan Manuel Corzo, deberá lograr que la actividad legislativa no se frene por las elecciones regionales, al tiempo que continúa los procesos de transparencia adelantados por el saliente presidente, Armando Benedetti. Ómar Velásquez, ordenador del gasto del Senado, tiene abierta una investigación en la Procuraduría por un contrato, de seis años, que arrendaba televisores por 2 millones de pesos mensuales cada uno. Y, por denuncias internas, están en la mira otros contratos semejantes. Ser cabeza de los procesos de transparencia le serviría, además, a la imagen del senador Corzo. Como lo registra La silla vacía, el nuevo presidente del Congreso tiene un pasado con la justicia. Aunque hasta ahora ha salido bien librado, no es cualquier cosa haber tenido que enfrentar seis investigaciones de la Corte Suprema y menos aún que una reciente versión de paramilitares ante la Fiscalía lo vincule con las extintas autodefensas.

 

 

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